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EU quitó derecho de apelación a miles de inmigrantes

EU quitó derecho de apelación a miles de inmigrantes

Grupos de derechos civiles, abogados y activistas refutaron fallo del gobierno que quitó derecho a miles de inmigrantes.

Miles serán deportados

WASHINGTON - La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) refutó el jueves una decisión adoptada en la víspera por el Secretario de Justicia, Michael Mukasey, de poner fin a la práctica de permitir que inmigrantes reabran casos cuando sus abogados hayan incurrido en errores o incompetencia.

El dictámen de Mukasey, divulgado el miércoles por el Departamento de Justicia, también señala que los extranjeros que enfrentan deportación no tienen derecho a un abogado de oficio, y que en el caso de contratar a uno privado, deben hacerlo sin que ello signifique una carga o un gasto para el gobierno federal estadounidsense.

El fallo de Mukasey puede conducir a la deportación de innumerables inmigrantes que han perdido sus casos debido a errores de sus abogados, dijo la ACLU en un comunicado.

Cuando un extranjero pierde su caso ante una Corte de Inmigración y tiene evidencias de que el fallo adverso se debió a una mala representación legal, la ley estipulaba que tenía derecho de solicitar la reapertura del proceso y proseguir con su defensa.

Pero Mukasey cerró este derecho, decisión que para Lee Gelernt, director adjunto del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, "tendrá un enorme impacto negativo" en un sinnúmero de personas "que van a ser expulsadas simplemente porque tuvieron la mala suerte de estar representados de manera equivocada por un abogado de inmigración".

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"Se trata de un peligroso alejamiento de la tradición de justicia de Estados Unidos y del debido proceso", agregó, y dijo que con esta acción se está poniendo fin a "décadas de práctica legal establecida".

Gelernt dijo además que la pérdida de un caso porque el abogado no supo concluirlo dentro de una fecha límite o cometió un error grave no puede ser considerado como un "proceso justo".

A toda máquina

A principios de agosto del año pasado Mukasey pidió la opinión, entre otros, de la ACLU y de la Asociación de Abogados de Estados Unidos para tomar una decisión sobre el tema. Las entidades protestaron por el escaso tiempo concedido por el gobierno para responder a estas importantes cuestiones jurídicas y de política, logrando una extensión, aunque breve, para argumentar los inconvenientes de modificar este derecho en perjuicio de miles de inmigrantes.

Sin embargo, el esfuerzo por detener la medida resultó infructuoso.

"Días antes de que el presidente electo Barack Obama asuma el cargo, el Departamento de Justicia de Bush dio un paso más para socavar los derechos fundamentales de un grupo tan vulnerable", dijo Lucas Guttentag, director del proyecto de los derechos de los inmigrantes de ACLU.

La ACLU exigió además al gobierno que persevere en el respeto de los valores fundamentales "de igualdad y justicia" para todos.

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¿Qué opinión le merece la decisión del Secretario de Justicia Mukasey, de quitar este derecho a miles de inmigrantes que perdieron sus casos por error de un abogado o porque fueron estafados por tramitadores? Comente aquí.

Indignación en aumento

A su vez, la American Immigration Law Foundation (AILF) condenó lo que definió como "decisión de último minuto" por parte de la Administración del presidente George W. Bush de negar el derecho a reabrir sus casos a inmigrantes cuando sus abogados hayan incurrido en errores o incompetencia.

La AILF dijo que el fallo de Muckasey Cdisminuye los derechos del debido proceso" y detiene la supervisión legal sobre los tribunales federales de inmigración, instancias que, dijo, están plagadas de acusaciones por falta de integridad y de denuncias de clientelismo político.

Durante años, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y la mayoría de los tribunales federales operaron bajo la premisa de que los inmigrantes que reciben un fallo adverso por error en la representación legal pueden pedir la reapertura de sus casos, detalló la AILF. Pero de acuerdo al fallo de Mukasey, a partir del 7 de enero ese derecho constitucional o legal cuando su abogado es incompetente o fraudulento ya no existe.

"Estamos indignados por esta acción", dijo Nadine Wettstein, Director de AILF. "Con esta sentencia, la Administración está tratando de socavar el derecho a una audiencia justa a los inmigrantes para determinar si deben ser o no deportados de Estados Unidos".

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Envío de cartas

Wettstein, al igual que Gelernt y Guttentag, dijo que el dictamen de Mukasey es un "desprecio de la Administración por el debido proceso",  dijo confiar en que los tribunales federales rechacen el fallo.

Los socios de la ACLU, de la ABA y la AILF enviaron cartas desde todo el país (que incluyen algunos de los más prestigiosos bufetes de abogados de Estados Unidos) al Secretario de Justicia Mukasey, en la que señalan su oposición al dictamen y protestar por el escaso tiempo que otorgó par a presentar argumentos a favor del derecho a que los inmigrantes afectados por una mala práctica solicitaran la reapertura de sus caso.

El Departamento de Justicia no ha dicho cuántos inmigrantes se verán afectados por este dictamen administrativo.

"Inmoral" e "indigna"

Nora Sandigo, directora de la Fraternidad Americana de Miami, dijo que "la dimensión de esto es horrible" y que la decisión del secretario Mukasey "afectará y dañará los derechos constitucionales de miles de personas que han sido estafadas por tramitadores que les hicieron creer que eran abogados de inmigración".

"Va a crear un trastorno horrible en la comunidad inmigrante. Es terrible. El gobierno dañará a miles de personas que han sufrido abusos de negligencia", agregó.

Tras una pausa, agregó: "Es injusto, inmoral, indigno, una violación terrible a los derechos de las personas que estaban luchando por quedarse en estados Unidos y que de un plumazo quedan expuestos a ser deportados de Estados Unidos. Les quitaron todos sus derechos garantizados por la Constitución".

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Pedido a Barack Obama

A su vez, José Lagos, director de la Unidad Hondureña de Miami, protestó y condenó el dictámen de Mukasey, el que consideró "dañino" para la comunidad inmigrante "al darle un cheque en blanco a las autoridades para expeditar las deportaciones sin el debido derecho procesal, como el tener una representacion legal que otorga la constitucion".

El activista agregó que la eliminación del derecho a reabrir casos por mala práctica profesional a inmigrantes y solicitantes de asilo político, entre otros, es una acción "inconstitucional, irracional e inhumana y que por lo tanto guardamos la esperanza y solicitamos al Presidente electo, Barack Obama, que esta medida sea revisada y eliminada".

Lagos recordó que durante la campaña presidencial Obama dijo, en cuanto a las redadas, que iba a revisar "estas medidas ya que no tiene sentido separar a una madre de sus hijos".

"Confiamos en que el presidente electo cumplirá su promesa y revisará estas inhumanas medidas", reiteró.

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