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Un niño espera sentado en el suelo mientras un agente de la Patrulla Fronteriza habla con un inmigrante adulto en un lugar de la frontera entre Texas y México.

El gobierno lanza ofensiva para cambiar las reglas de solicitud de asilo

El gobierno lanza ofensiva para cambiar las reglas de solicitud de asilo

El fiscal general, Jeff Sessions, asegura que el aumento de solicitudes obedece a fallos en la ley vigente y le pide al Congreso que la cambie por otra que incluya los principios que Trump le envió en una carta la semana pasada.

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El gobierno del presidente Donald Trump volvió a pedirle al Congreso que cambie la ley de asilo para restringir la entrada de extranjeros por esta vía, y presentó un oscuro panorama en el futuro inmediato, a menos que el Congreso actúe y cambie la legislación vigente.

"El sistema está siendo abusado. No hay duda al respecto. El proceso (...) pretendía ser un salvavidas para las personas que enfrentan serias persecuciones”, dijo este jueves el fiscal general, Jeff Sessions, durante un discurso en la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR). “Se ha convertido en un billete fácil para la entrada ilegal a Estados Unidos”, agregó.

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Según Sessions, la ley de inmigración vigente está rota y permite que muchos solicitantes de asilo abusen del sistema, un argumento utilizado por el presidente Donald Trump el domingo en una carta enviada a los líderes del Congreso, en la que expuso sus “principios de inmigración”.

"Con el paso de los años, los abogados inteligentes han aprovechado las lagunas legales, las sentencias judiciales y la falta de recursos para socavar sustancialmente la intención del Congreso”, agregó Sessions.

El fiscal general quiere que el Congreso legisle al respecto tomando en cuenta las condiciones exigidas por el presidente Trump: restirngir al máximo el beneficio del asilo, aumentar el número de pruebas que el solicitante debe presentar y quitarle a los agentes de inmigración la discrecionalidad para conceder "miedo creíble" en la primera entrevista.

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Punto de vista diferentes

El fiscal general criticó además que no existe riesgo para los solicitantes de asilo, porque el proceso no tiene costo, y tampoco representa riesgo paras aquellos que hacen un reclamo de asilo sin fundamento.

Lo que no explica Sessions es que, de acuerdo con la ley, cuando un caso es negado, el peticionario recibe una orden de deportación. “Y también es castigado de por vida para recibir cualquier otro tipo de beneficio migratorio”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

Velásquez advierte además que “la gran mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos llevan tiempo en el país, ya estaban presentes mucho antes del flujo de inmigrantes en las fronteras que desencadenó la crisis de la frontera del 2014”.

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“Y si bien el gobierno argumenta que algunos casos de asilo no eran válidos, que los inmigrantes venían adiestrados respecto a qué decir en la frontera, el gobierno no tiene recursos para encarcelarlos. Pero durante el proceso el juez les advierte que si mienten serán castigados de por vida. Eso es peor que metan a una persona a la cárcel”, precisa.

Críticas al debido proceso

En otra parte de su discurso, Sessions señala que ha habido muchas razones que demuestran el fracaso de la actual ley de inmigración, y cita dos causas principales: “el fraude y el abuso en nuestro sistema de asilo”.

“Desafortunadamente este sistema está actualmente sujeto a abusos y fraudes desenfrenados. Y como este sistema se vuelve sobrecargado con argumentos falsos, no puede tratar con eficacia las reclamaciones justas”, agrega. “La oleada de juicios, audiencias, apelaciones y procedimientos probono ha sido abrumadora”, añade. Pero tampoco señala que el mayor incremento en el número de casos de asilo se registra a partir de 2014, cuando estalla la crisis humanitaria en Centroamérica, que desencadenó una histórica oleada de migrantes hacia el norte en busca de asilo en Estados Unidos.

Luego de criticar el sistema de inmigración vigente, el debido proceso migratorio y la política de discrecionalidad contemplada en la ley de inmigración vigente, el fiscal general insiste en que el sistema “está siendo abusado en detrimento del imperio de la ley”. Y presenta una serie de estadísticas para justificar sus puntos de vistas.

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  • En 2009 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llevó a cabo más de 5,000 revisiones creíbles del miedo, mientras que en 2016 el número aumentó 94,000.
  • El número de extranjeros puestos en proceso de deportación aumentó de 4,000 en 2009 a más de 73,000 en 2016 (tampoco aquí señala la crisis de la frontera iniciada en 2014).
  • Entre 2009 y 2016 las audiencias de miedo creíble pasaron de un promedio anual de 3,000 a más de 69,000 (la mayoría de ellos niños solos en busca de asilo en Estados Unidos).
  • En 2016 hubo un 700% más de órdenes de expulsión emitidas en ausencia para casos que comenzaron con un reclamo de miedo creíble que en el año 2009. De hecho, las órdenes de expulsión emitidas en ausencia, en todos los casos de inmigración, se han duplicado desde 2012, con casi 40,000 por año en el año fiscal 2017. Sessions no explica por qué aumentó el porcentaje de órdenes de deportación en ausencia, y tampoco que un elevado porcentaje corresponden a niños o menores indocumentados acompañados por un adulto y que huyeron de Centroamérica porque sus vidas estaban en peligro.
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El informe de mayo

A finales de mayo Univision Noticias reportó en exclusiva que el 87% de las órdenes de deportación de niños solos indocumentados y unidades familiares detenidos en la frontera entre el 18 de julio de 2014 y finales de enero de 2017, recibieron órdenes de deportación en ausencia, según reveló un informe de la EOIR.

El informe precisó además que, durante ese tiempo, las autoridades de inmigración detuvieron y procesaron 185,768 indocumentados (92,190 niños y 93,578 unidades familiares). Y que 140,594 casos, equivalente al 75.69%, ya habían tenido una audiencia preliminar dentro del debido proceso migratorio.

Lo que tampoco explica Sessions es el porqué del elevado número de órdenes de deportación emitidas en ausencia por las cortes de inmigración.

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Pobreza y miedo

En marzo de 2015, ocho meses después del estallido de la crisis en la frontera, Univision Noticias reportó que el Servicio Luterano de Refugiados e Inmigración (LIRS), la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y Kids in Need of Defense (KIND), habían presentado una declaración en una audiencia del subcomité de inmigración del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, para expresar su preocupación por el trato que reciben los menores no acompañados, y afirmar que hay formas sencillas de mejorar la eficiencia del sistema de inmigración sin limitar la protección y el debido proceso.

"Nosotros estamos haciendo mucho trabajo de apoyo en el Congreso para asegurar un proceso justo para estos niños. No estamos diciendo que cada niño, al final del día, deban permanecer en Estados Unidos, lo que estamos diciendo es que cada niño merece la oportunidad de contar su historia y después decidir si puede quedarse o debe regresar a su país de origen", dijo Wendy Young, presidenta de KIND.

Abogados han dicho en entrevistas y documentos enviados a las cortes que las notificaciones para que un inmigrante se presente a una audiencia, o llegaron tarde, o a la dirección incorrecta o nunca llegan, y en algunos casos, los niños recibieron la orden de comparecer en una corte cerca de donde fueron detenidos inicialmente y no donde se encuentran.

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La Asociación Americana de Abogados de Inmigración ha advertido que, además de los fallos en el sistema, de la falta de representación legal a un inmigrante que pide asilo, el desconocimiento del sistema y el miedo a acudir a una cita, son las principales causas que generan órdenes de deportación en ausencia.

“La falta de dinero es otra causa importante”, ha dicho el pastir cristiano José Valverde. “Son pobres y no tienen plata para pagarle a un abogado.

Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración en Phoenix, Arizona, y que colabora frecuentemente con el Noticiero Univision, explicó que un caso de asilo puede costar entre 6,000 y 8,000 dólares, otra causa de ausencia en un tribunal. Y que los indocumentados no tienen dinero para defender sus casos.

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Obama fue demasiado generoso

El fiscal general también atribuye el fracaso del control de la inmigración indocumentada a la generosidad del DHS en otorgar más del 80% de las entrevistas de miedo creíble.

“DHS encontró miedo creíble en el 88% de las reclamaciones adjudicadas”, asegura. “Eso significa que un extranjero que ingresa ilegalmente a Estados Unidos, tiene una probabilidad del 88% de evitar la remoción acelerada simplemente al reclamar el miedo a regresar a su país”.

“Pero aún más revelador, la mitad de los que aprueban ese examen -las mismas personas que dicen que han venido aquí buscando asilo- ni siquiera presentan una solicitud de asilo una vez que están en Estados Unidos. Esto sugiere que sabían que sus solicitudes de asilo carecían de mérito, y que su reclamo de miedo creíble era simplemente una artimaña para entrar ilegalmente en el país”.

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La EOIR dijo en mayo a Univision que de los 185,768 expedientes abiertos tras los interrogatorios llevados a cabo por los agentes de la Patrulla Fronteriza entre el 18 de julio de 2014 y finales de enero, 140,594 tuvieron una audiencia preliminar dentro del debido proceso migratorio (75.69%). Y agregó que durante el mismo período fueron cerrados administrativamente 14,2897 casos de menores no acompañados y 911 casos de unidades familiares.

En el mismo período de tiempo las cortes también decidieron terminar 10,811 casos de niños inmigrantes solos y 830 casos de unidades familiares.

“Eso significa que el juez lo cerró completamente y la persona ya no tiene caso, se acabó el proceso de deportación que existía en su contra. Se queda libre, pero en el limbo migratorio, indocumentado”, explicó Velásquez.

De los casos terminados administrativamente, la abogada dijo que “un caso terminado administrativamente significa que el juez ordenó archivarlo, dormirlo. Se queda inactivo y la persona puede ser liberada”.

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¿Por qué tener un abogado hace la diferencia?

En un proceso de deportación, el inmigrante tiene el deber de demostrar que hay un remedio legal que le permite quedarse en el país. El gobierno, por su parte, procurará demostrar lo contrario.

Expertos consultados por Univision Data para un reportaje publicado en julio, incluyendo una jueza de migración con 30 años de experiencia, coinciden en que esa lucha contra el gobierno es injusta si el inmigrante no tiene un asesor legal.

“Defenderse a sí mismo en una deportación es complicadísimo”, advierte la jueza migratoria en la corte de la calle Montgomery en San Francisco, California, Dana Leigh Marks, quien está en ese puesto desde hace tres décadas.

“La legislación migratoria es tan compleja como la de impuestos; es difícil incluso para abogados no especializados en la materia”, agrega la funcionaria, quien es la única jueza en el país que puede dar declaraciones a la prensa, por presidir la Asociación Nacional de Jueces de Migración.

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En su discurso del jueves ante la EOIR, Sessions no hizo mención a los fallos que tiene el sistema de asilo, como las dificultades para que un inmigrante encuentre asistencia legal que lo ayude a ganar un caso dentro del debido proceso migratorio.

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