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El alguacil más duro del oeste de EU no detiene las redadas de inmigrant...

El alguacil más duro del oeste de EU no detiene las redadas de inmigrantes

El alguacil más duro del oeste de EU no detiene las redadas de inmigrantes

Pese a demandas y restricciones impuestas por el gobierno, el Alguacil de Maricopa sigue arrestando indocumentados.

"Nada ha cambiado"

PHOENIX - Pese a las demandas judiciales y las restricciones impuestas por el gobierno federal de Washington, el Alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio, aseguró que sigue arrestando a inmigrantes indocumentados en su jurisdicción.

Conocido como el "alguacil más duro del Oeste", Arpaio dijo no tener ninguna duda en estar haciendo lo correcto al detener a indocumentados y negó rotundamente las acusaciones de prácticas de perfil racial durante un programa de televisión en Phoenix, en el que contestó preguntas hechas directamente por el público.

El pasado 5 de octubre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no renovó la cláusula bajo el programa 287(g) que permitía a los agentes de la oficina de Arpaio cuestionar a personas sobre su estatus migratorio durante sus operativos anticrimen en las calles del condado.

"Nada ha cambiado y nada cambiará", sostuvo Arpaio, quien adelantó que prepara un nuevo operativo en las próximas semanas.

Ley anticoyote

"Nosotros seguiremos arrestando personas que violen la ley, aquellos que no cuentan con una identificación y que utilizan documentos falsos para trabajar", enfatizó el policía.

Arpaio manifestó que los arrestos se hacen bajo las leyes estatales de Arizona (en particular la denominada ley anticoyote), las cueles le permiten detener a indocumentados que acepten haber pagado a traficantes para ser traídos de manera ilegal a los Estados Unidos y bajo la ley estatal de sanciones a empleadores.

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"Continuaremos arrestando personas con identificaciones falsas y seguiremos haciendo redadas en sitios de trabajo", advirtió.

Explicó que los indocumentados arrestados durante sus operativos han sido entregados al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para su procesamiento y deportación.

Menos atribuciones

A comienzos de octubre y en un giro esperado por la comunidad inmigrante del Condado de Maricopa, el DHS retiró a Arpaio el poder de arrestar en las calles a personas solamente por su estatus migratorio.

En respuesta, el alguacil dijo el mismo día que "continuará" realizando sus controvertidos operativos anticrimen en las calles de Maricopa, donde se asienta la capital estatal, Phoenix.

"Solamente se trata de política", indicó.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno federal activó la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración que faculta a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a lograr acuerdos con las agencias de policías locales -estatales y municipales- para ayudar en poner freno a la inmigración ilegal.

¿Qué opina de las redadas de inmigrantes que ejecuta el alguacil Joe Arpaio? Comente aquí.

Bajo investigación

Arpaio está siendo investigado por el Departamento de Justicia tras una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que lo acusó de excesos en la ejecución del programa 287(g) y abuso de poder.

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Un informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), divulgado en julio, mencionó preocupación de la entidad por la negativa de Arpaio para que miembros de la entidad visitaran un centro de detención de inmigrantes en Maricopa, hablaran con los reos y tomaran datos sobre quejas y denuncias por malos tratos.

La Comisión determinó que en varios centros carcelarios del DHS los inmigrantes viven en "condiciones inaceptables" y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

Ejemplo extremo

Omar Jadwat, abogado del programa de Inmigración de la ACLU, dijo que la oficina del alguacil de Maricopa encarna "todos los problemas" que tiene el plan 287(g), incluidos los arrestos por perfil racial, detenciones contraproducentes, disminución de la seguridad pública y la supervisión federal insuficiente.

"Arpaio es uno de los ejemplos más extremos de un funcionario policial que abusa de su poder y actúa al margen de la Constitución", comentó Alexandra Soler, directora de la ACLU en Arizona.

Agregó que la conducta de Arpaio obliga a poner fin al acuerdo firmado entre el DHS y la oficina del alguacil.

En agosto, la ACLU y otras 521 organizaciones locales y nacionales que defienden los derechos civiles y de los inmigrantes enviaron una carta al Presidente Barack Obama pidiéndole que ponga fin al Programa 287(g), un plan que, aseguraron, ha dado lugar a la discriminación racial ilegal y abusos de los derechos civiles, incluida la detención ilegal y la deportación de ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes.

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