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El alguacil Joe Arpaio ejecutó una nueva redada en el condado Maricopa

El alguacil Joe Arpaio ejecutó una nueva redada en el condado Maricopa

Con o sin ley de Arizona, el alguacil Joe Arpaio sigue adelante ejecutando redadas contra inmigrantes indocumentados.

El alguacil Joe Arpaio ejecutó una nueva redada en el condado Maricopa c...

Datos de la redada

PHOENIX - Con o sin ley de Arizona, el alguacil Joe Arpaio sigue adelante ejecutando leyes que lo facultan para perseguir la inmigración indocumentada en el condado Maricopa, que incluye a Phoenix, la capital del estado. El miércoles detuvo a cuatro trabajadores inmigrantes bajo cargos de laborar sin permiso de las autoridades federales de inmigración.

Un grupo de agentes de la oficina del denominado "el sheriff más duro de Estados Unidos" (MCSO), se presentó durante las primeras horas de la mañana del miércoles en las instalaciones de Ameri-Fab, una compañía dedicada a la fabricación de puertas y rejas de metal en Phoenix.

En un comunicado de prensa, la oficina de Arapio precisó que durante los últimos seis meses había estado investigando a la empresa tras recibir información de un empleado que aseguró que en ese lugar se usaban identificaciones falsas para obtener empleo.

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Los agentes llegaron al lugar buscando a 11 sospechosos por lo que no descartan que en un futuro haya más arrestos relacionados con esta investigación.

Robo de identidad

"Este es un caso en el que tenemos a verdaderas víctimas cuyas identidades han sido utilizadas por indocumentados y les han creado muchos problemas", dijo Arpaio en el comunicado.

Agregó que sus agentes identificaron a por lo menos a cinco personas cuyas identidades fueron usadas para obtener empleo en el negocio donde se ejecutó la batida.

Desde que entró en vigor la ley estatal de sanciones a empleadores que contratan trabajadores sin papeles, en enero de 2008, la fecha la oficina de Arpaio ha ejecutado 33 redadas y arrestado a cerca de 400 personas.

Foro Univision

Durante el reciente foro 'Inmigración: un debate nacional' transmitido el 14 de mayo por la cadena Univision, Arpaio aseguró que seguirá realizando su trabajo y comentó que la reciente ley de Arizona, la SB 1070, promulgada el 23 de abril, era una más de las decenas de leyes que existen en ese Estado, y aseguró que no le teme ni a las investigaciones que pesan sobre él ni a las demandas entabladas en cortes federales por sus polémicos procedimientos.

"Nosotros estamos ejecutando la leyes de Arizona y la SB 1070 es otra más firmada por la gobernadora. Nosotros sabemos hacer cumplir la ley y lo seguiremos haciendo", dijo el jefe policíaco, quien además desafió al Departamento de Justicia y a quienes lo acusan de abuso de poder.

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"Si quieren demandarme que me demanden", apuntó.

¿Qué opina de las redadas del alguacil Joe Arpaio? Comente aquí.

Demandas en cortes

Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, una de las organizaciones defensoras de derechos civiles que demandó a Arpaio en representación de ciudadanos y residentes permanentes que reclaman que sus derechos fueron violentados, dijo que la entidad ha recibido "docenas" de quejas de personas que "han sido víctimas del alguacil Arpaio", y que las redadas de la policía de Maricopa se han centrado en barrios latinos, por lo que la mayoría de los arrestados eran hispanos o personas de apariencia hispana.

Pero Arpaio se defiende. A mediados de febrero dijo en otro comunicado que "no retrocederé por presiones del Gobierno federal, activistas que apoyan la apertura de la frontera y políticos que escogen ignorar este problema por miedo de ofender a ciertos grupos de personas. La inmigración ilegal es un serio problema y afecta a todos".

El 14 de matzo de 2005 Arizona promulgó la ley anticoyote (SB 1372 –'Human Trafficking Violation'), instrumento que a juicio de Arpaio le permite ejecutar las batidas contra inmigrantes indocumentados. La legislación autoriza a las autoridades locales presentar cargos en contra de traficantes de indocumentados o coyotes, así como contra aquellos que pagan por sus servicios. Los castigos van de seis meses a dos años y medio de cárcel y multas de hasta $250,000.

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Más argumentos

Además de la ley anticoyote, Arpaio ha asegurado asegura que entrenó a sus 900 policías para ejercer funciones como agentes del servicio de inmigración, pese a que el Gobierno federal, en octubre del año pasado, le retiró esta facultad que ejercía bajo el amparo de la Sección 287(g) de la ley de inmigración.

El programa 287(g), aprobado por el Congreso en 1996, facultó al servicio de inmigración para hacer acuerdos con las policías locales (estatales y municipales) para que su personal ejerciera como agentes de inmigración y procedieran a capturar a extranjeros sin papeles que viven en Estados Unidos.

La sección permaneció dormida durante cinco años, pero fue activada tras los ataques terroristas de 2001 como parte de la política de seguridad nacional del gobierno de Washington.

Arpaio aseguró que continuará con sus esfuerzos para frenar la inmigración ilegal y espera que la cifra de arrestos se incremente como resultado del nuevo entrenamiento de sus agentes.

Investigación federal

El Departamento de Justicia (federal) confirmó que investiga a la oficina de Arpaio por presunta discriminación, así como por realizar allanamientos y decomisos anticonstitucionales, pero no dio detalles de su investigación.

Arpaio considera que la indagatoria se concentra en sus esfuerzos para combatir la inmigración ilegal. El policía niega insistentemente que categorice por cuestiones raciales a los detenidos y señala que las personas abordadas por las autoridades durante las operaciones han sido seleccionadas porque los agentes tenían causas para suponer que habían cometido delitos.

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No fue sino hasta posteriormente cuando los agentes descubrieron que muchos detenidos eran inmigrantes indocumentados, ha dicho Arpaio.

Acusación de ACLU

Arpaio, además, está siendo investigado por el Departamento de Justicia tras una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que lo acusó en 2009 de excesos en la ejecución del programa 287(g) y abuso de poder.

Un informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), divulgado en julio de 2009, mencionó preocupación de la entidad por la negativa de Arpaio para que miembros de la entidad visitaran un centro de detención de inmigrantes en Maricopa, hablaran con los reos y tomaran datos sobre quejas y denuncias por malos tratos.

La Comisión determinó que en varios centros carcelarios del DHS los inmigrantes viven en "condiciones inaceptables" y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

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