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Documental revela abusos en cárceles de indocumentados

Documental revela abusos en cárceles de indocumentados

Documental que denuncia los malos tratos a inmigrantes en las prisiones de ICE genera protestas en la comunidad hispana contra la política de deportaciones del gobierno de Obama.

Prisiones de inmigrantes de ICE violan el debido proceso

Abogados de inmigrantes que viven en Estados Unidos esperan que un nuevo documental del programa de televisión Frontline, de la cadena de televisión pública PBS (Public Broadcasting Service) despierte una mayor conciencia sobre las preocupaciones por el polémico programa Comunidades Seguras (Secure Communities), que ha provocado miles de deportaciones de inmigrantes que viven sin papeles en el país.

El reportaje es producto de un año de investigación de la periodista Maria Hinojosa y su equipo.

Titulado Lost in Detention, la investigación contó con la colaboración del Taller de Periodismo Investigativo de la American University, explora el polémico programa Comunidades Seguras y revela el mundo que existe detrás de la detención de inmigrantes.

Activistas por los derechos de los inmigrantes critican severamente al gobierno de Obama por no haber hecho más para que se aprobara una reforma migratoria durante el primer año de su mandato, tal y como lo prometió en su campaña en 2008.

De qué se trata

El documental arranca en Illinois, el Estado de Obama, y donde Comunidades Seguras ha provocado severos resultados contra la población inmigrante.

La investigación se centra en la vida de la inmigrante Roxana García, una mexicana madre de cinco niños estadounidenses que fue deportada a su país de origen por no tener papeles de estadía legal en Estados Unidos. García fue detenida por la policía tras cometer una infracción de tránsito. Llevaba 15 años viviendo en el país.

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El reportaje también incluye los abusos que se cometen en las cárceles para indocumentados de ICE y la violación del debido proceso, un grave fallo que ya fue denunciado a mediados de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH).

La postura del gobierno

El gobierno del presidente Barack Obama ha dicho que es una prioridad deportar a quienes representen una amenaza a la seguridad pública o que hayan violado más de una vez las leyes migratorias.

Pero abogados de inmigrantes aseguran que muchas personas que fueron detenidas por infracciones menores también terminan enfrentando audiencias de deportación.

Y argumentan que Comunidades Seguras evita que las autoridades se enfoquen en el arresto de personas que cometen delitos graves y que los inmigrantes cooperen con la policía, se lee en un reporte de The Associated Press.

El plan federal

Comunidades Seguras inició en octubre de 2008 y tiene por objetivo, según el DHS, instalar una base de datos biométrica con capacidades de búsqueda de huellas digitales en todos los centros de arresto y detención del país.

Esto permite a los agentes del orden locales establecer el estatus migratorio de cada persona detenida al momento del arresto en cualquier parte de Estados Unidos.

Si la prueba biométrica muestra que la persona es deportable, los agentes del orden locales contactan a LA Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) y se lo entregan.

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Hasta el 30 de agosto de 2009, el programa había sido instalado en 81 jurisdicciones de 9 estados. Y en noviembre de 2009 ICE aseguró que en su primer año de funcionamiento el programa había identificado a 111 mil inmigrantes deportables en centros de detención locales.

Miles de expulsados

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el año fiscal 2009 fueron deportados poco más de 392 mil indocumentados y de ellos unos 195 mil tenían antecedentes criminales.

En el año fiscal 2010 la cifra también bordeó los 400 mil, al igual que en 2011, cuya cifra sobrepasó los 397 mil.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) reiteró que en los años fiscales 2009 y 2010 han sido expulsados casi un millón de inmigrantes, y que entre seis y siete de cada 10 no tenía antecedentes criminales serios que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Violación del debido proceso

En 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó la CIDH en un comunicado.

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La Comisión determinó que dos tercios de los inmigrantes detenidos por el ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de lamentable.

En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.

Escasez de abogados

Otro delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la Comisión fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos.

En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la CIDH con honda preocupación.

Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.

El reporte también señala que en los centros de detención para familias del ICE "las condiciones observadas no cumplen con los principios aplicables a la detención de solicitantes de asilo bajo el derecho internacional".

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