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Diario y activistas demandan cambios al programa Comunidades Seguras log...

Diario y activistas demandan cambios al programa Comunidades Seguras

Cinco meses después de advertir que será obligatorio en todos los estados a partir de 2013, diario y activistas exigen cambios inmediatos.

El plan Comunidades Seguras fue implementado por el DHS en 2008 para det...
El plan Comunidades Seguras fue implementado por el DHS en 2008 para detectar a inmigrantes que hayan cometido delitos criminales graves y deportarlos.

Activistas reiteran que política de deportaciones del gobierno de Obama sigue batiendo récords

Cinco meses después de advertir que un polémico programa de deportaciones será obligatorio en todos los estados a partir de 2013 y cuando crecen las dudas sobre un programa temporal que revisa miles de casos de extranjeros con orden de expulsión del país, el diario The New York Times y activistas pro inmigrantes pidieron a la Administración de Barack Obama que modifique Comunidades Seguras.

El diario precisó que el gobierno del presidente Barack Obama debe hacer cambios más sustanciales en el programa y cumplir las promesas de usar la sensatez en casos pendientes de deportación.

El programa Comunidades Seguras fue ideado bajo la Administración republicana de George W. Bush (2001-2009) y forma parte de las medidas de seguridad adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

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The New York Times indicó que pese a que el gobierno anunció en abril un plan para reformar Comunidades Seguras, que obliga a las policías locales (estatal y municipal) a colaborar en la búsqueda de indocumentados, el sistema no redujo el número de detenciones.

En los tres años de gobierno de Obama se han roto todos los récords de deportaciones en Estados Unidos. En 2011 fueron expulsados más de 397 mil, y en los dos años anteriores las cifras fueron similares. El gobierno asegura que la mayoría de expulsados eran criminales, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes insisten que entre seis y siete de cada 10 deportados no tenía antecedentes criminales que los convirtiera en una amenaza para la seguridad nacional.

¿Debería el gobierno federal revisar o cancelar el programa Comunidades Seguras? Participe en el Foro de Inmigración.

Detalles del plan

De acuerdo con las reglas del programa, cuando un indocumentado sea detenido por un agente local por violar una ley de tránsito, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidirá si lo mantiene detenido para su deportación, sólo después que haya sido condenado, no antes.

The New York Times dijo que, en teoría, ese cambio podría reducir el número de personas arrestadas y deportadas, “pero eso es improbable. Y no arregla las fallas fundamentales en un programa desacreditado”.

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Activistas pro inmigrantes temen que al término delo año fiscal 2012 la cifra de deportados sobrepase los 400 mil, estableciéndose una nueva marca de extranjeros expulsados de Estados Unidos.

“El pronóstico es preocupante”, dijo a Univision.com Jorge Mario Cabrera, director de comunicaci0nes de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA).

Lluvia de críticas

La Administración Obama ha enfrentado fuertes críticas por parte de agencias de policía y defensores de los inmigrantes por detener demasiados delincuentes menores y no criminales a medida que se expande el programa Comunidades Seguras, y aumenta el número de deportaciones.

En agosto de 2011 la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) anunció una nueva política que incluye el uso de la “discrecionalidad judicial” y que sus agentes se abstengan de perseguir personas que no representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que la medida no se trataba de una amnistía y recomendó a inmigrantes con orden de deportación consultar con un abogado antes de dar cualquier paso en busca de la cancelación de sus procesos de expulsión del país.

Pese a ello, The New York Time dijo que la acción ejecutiva de agosto no ha llevado a ningún cambio significativo en la política de deportaciones y que las cifras siguen siendo elevadas.

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Grupos pro inmigrantes también cuestionan que los favorecidos en la revisión de 300 mil casos de deportación constituyen menos del 7.5%, y advierten que los beneficiados con la medida permanecen en un limbo migratorio sin posibilidades de conseguir una autorización de empleo.

Cuestión de agallas

“El presidente heredo un sistema quebrantado y desgraciadamente su administración no se empeñó lo suficiente en tratar de corregirlo”, dijo Cabrera. “Al contrario, lo que pensaron es que mientras se conseguía un acuerdo en el congreso con la reforma migratoria, ellos (el gobierno) se iba a enfocar, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en aplicar la ley tan duro como fuera posible”.

El activista agregó que todo parece indicar que los asesores del presidente no calcularon bien “el costo político” de las deportaciones, y que tres años más tarde “nosotros sentimos que esto es una falla grave tanto del presidente como de su Administración, no solo hacia las familias inmigrantes, sino hacia el pueblo estadounidense”.

“El no puede darnos la cara y decirnos que está preocupado por nosotros. Creemos que debe tener las suficientes agalladas para tomar medidas administrativas y hallar una solución. Una de ellas es cerrar el programa Comunidades Seguras. Sería ideal, porque es el embudo que permite la detención, el arresto y la deportación de miles de personas que no son un peligro para la sociedad”.

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Añadió que Comunidades Seguras “es un programa tan eficaz, tan silencioso, que no necesitamos helicópteros o redadas, o miles de agentes de la Patrulla Fronteriza para implementarlo. Este programa, en silencio, hace el trabajo sucio que la Administración Obama no quiere aceptar que está haciendo. Se trata de un programa reprochable que demuestra cobardía y falta de visión por parte del gobierno”.

Como la Ley de Arizona

Para el activista Juan José Gutiérrez, director del Center for Education and Immigration Services, en Los Angeles, California, el Presidente Obama “debería eliminar” el programa Comunidades Seguras y revisar a fondo su política de deportaciones.

“Si bien es cierto que el gobierno tiene la obligación de enforzar la política migratoria, Comunidades Seguras debilita ese argumento y lo coloca como la Ley de Arizona que está cuestionando, porque ambos utilizan a las policías locales y permite que los agentes discriminen a la población hispana y que por su apariencia los entreguen a la migra”.

“Comunidades Seguras es básicamente eso lo que plantea, una colaboración con las policías locales” para arrestar a indocumentados. “Y la ley migratoria SB 1070 de Arizona es exactamente Comunidades Seguras. Es un serio problema”, dijo.

El activista agregó que “por un lado el gobierno de Obama condena a Arizona por la Sb 1070, pero por otro tiene vigente Comunidades Seguras y a policías locales colaborando con el gobierno federal. Se trata de una posición es totalmente incorrecta. El gobierno federal no debe involucrar a los cuerpos policíacos locales en el enforzamiento de las leyes de inmigración porque eso viola la constitución. Por eso debe cancelar Comunidades Seguras ahora y no esperar para cuando sea demasiado tarde”.

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Falta de capacitación

El diario también resalto que el problema con la “discreción” y Comunidades Seguras, es que muchos de los agentes de policía locales (estatal y municipal) no están capacitados de manera adecuada en el tema de migración, y que el acoso contra los inmigrantes continúa.

El abogado José Pertierra opinó que las leyes de inmigración soin todavía “más complejas y difíciles” que las leyes de impuestos en Estados Unidos.

The New York Times también reportó que la confianza entre comunidades de inmigrantes y el programa federal se ha visto seriamente afectada, debido a que las personas tienen demasiado miedo a denunciar los delitos y cooperar con la policía.

Las agencias de policía han tratado sin éxito revertir el medio generado por el programa.

Obligatorio en 2013

En enero, el diario Los Angeles Times dijo que de acuerdo con un documento interno del DHS, el polémico programa será obligatorio en los 50 estados a partir de 2013. E indicó que de acuerdo con el documento, la Administración de Obama está determinada a volverlo obligatorio en vez de permitir que los gobiernos estatales opten por cooperar o rechazarlo.

El plan Comunidades Seguras fue implementado por el DHS en 2008 para detectar a inmigrantes que hayan cometido delitos criminales graves y deportarlos.

Grupos y organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes, abogados, líderes religiosos, congresistas, gobiernos estatales y grupos que defienden los derechos civiles, entre otros, han cuestionado el programa y argumentan que contiene errores que han permitido deportar a miles de inmigrantes que no han cometido delitos graves que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos.

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De qué se trata

Comunidades Seguras es una base de datos que maneja el DHS y que permite a los agentes del orden público locales (municipal y estatal) establecer el estatus migratorio de cada persona detenida al momento del arresto.

Si la prueba biométrica muestra que la persona no tiene estatus legal de permanencia en Estados Unidos, es colocada de inmediato en la lista de sujetos deportables. Lo mismo sucede con individuos que tienen algún tipo de delito o antecedente criminal.

Los individuos deportables son entregados a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE). Una vez en poder de ICE, se abre un proceso de deportación de Estados Unidos.

En noviembre de 2009 ICE aseguró que en su primer año de funcionamiento el programa había identificado a 111 mil inmigrantes deportables en centros de detención locales.

Miles de fichajes

Hasta principios de agosto del año pasado el DHS establecía acuerdos con los estados para poner en funcionamiento la herramienta. Pero ICE envió una carta a los gobernadores indicándoles que ya no era necesario un acuerdo de entendimiento previo para ejecutarlo.

Según el ICE, entre 2009 y 2011 Comunidades Seguras fichó a aproximadamente 11 mil individuos que fueron acusados o condenados por crímenes violentos u otras ofensas serias (crímenes de nivel 1), mientras que otros 100 mil fueron acusados o condenados por crímenes de nivel 2 ó 3.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que ICE no ha provisto un análisis diferenciado de los niveles 2 y 3, y el rango de delitos que entra dentro de cada una de estas categorías es significativamente amplio en términos de gravedad. Esto ha afectado a cientos de personas ya expulsadas.

En el año fiscal 2009, el deportó a poco más de 392 mil indocumentados. De ellos, unos 195 mil tenían antecedentes criminales. Pero organizaciones que defienden a los inmigrantes aseguran que las cifras no son adecuadas.

La OEA advierte que los indocumentados por lo general son transferidos al ICE después de cualquier privación de libertad, independientemente de la seriedad de la causa que dio lugar al arresto, puesto que probablemente son sujetos a deportación aún cuando no exista una condena penal en su contra

Añade que los residentes legales permanentes y otros no ciudadanos que tienen un estatus migratorio válido, por lo general son transferidos a la custodia del ICE luego de haber cumplido una sentencia penal, dado que la mayoría de delitos que resultan en una condena de privación de libertad potencialmente constituyen una causal de deportación y pueden requerir detención obligatoria.

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