Diario denuncia cárceles de inmigrantes

Diario denuncia cárceles de inmigrantes

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A finales de julio de 2010, la CIDH concluyó en un informe que en las cárceles de ICE los inmigrantes indocumentados son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

Indocumentados no tienen derechos y en muchos casos peligra el debido proceso

Un importante diario denunció el lunes las condiciones en la que viven miles de inmigrantes indocumentados encarcelados en centros de detención a la espera de ser enjuiciados y/o deportados de Estados Unidos.


The Boston Globe reportó en su página digital que más de 33 mil extranjeros permanecen en cárceles luego de ser detenidos por autoridades federales, y que muchos de ellos tienen faltas simples o delitos que no constituyen una amenaza para la seguridad nacional.

La denuncia es similar a otras hechas en noviembre, por el grupo Detention Watch Network (DWN), y en julio de 2010, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advirtió graves riesgos al debido proceso de los indocumentados.

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Carencias graves


The Boston Globe reportó que los inmigrantes presos y que enfrentan procesos de deportación languidecen en centros de detención, y que además carecen de derechos constitucionales y a servicios básicos tales como medicamentos.

Tras una ardua investigación, el diario publicó el caso de Irene Bamega, una inmigrante de origen francés quien falleció en julio en un centro de detención ubicado en Nueva York porque los guardias del recinto le negaron los medicamentos que necesitaba para sobrevivir.

Bemega fue arrestada por autoridades federales de inmigración cuando intentó viajar a Canadá para, desde ahí, tomar un vuelo de regreso a Francia. Bemega carecía de antecedentes criminales y su esposo era un residente legal permanente en Estados Unidos.

"Sin derechos constitucionales, incluso para aquellos que no tienen antecedentes criminales, los inmigrantes languidecen, peones en un floreciente sistema de detención que es definido por la opacidad", subrayó el diario.


Uno entre miles

El periódico indicó que si Bamega hubiera sido acusada de un crimen, hubiera tenido acceso a una audiencia pública luego de algunas horas de su arresto. Este paso, garantizado por la Constitución, le hubiera dado la oportunidad de plantear al juez la necesidad que tenía de obtener su tratamiento médico para su problema cardiaco. Y con esos antecedentes en mano hubiese conseguido sus medicinas.

"Pero como prisionera dentro de uno de los sistemas de detención más opacos del país, no tenía derecho a una audiencia ni a un abogado nombrado por la corte. Más importante, ella no tenía acceso confiable a las seis medicinas que necesitaba para mantenerse con vida", describió The Boston Globe.

La nota incluyó además los casos de Jesús Tovar y Luz Tamayo, ciudadanos mexicanos que actualmente se encuentran en proceso de deportación, pese a no haber cometido ningún crimen.


En la última década, cuando las leyes de inmigración se volvieron más severas, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han advertido que miles de detenidos en centros de detención de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no tienen antecedentes criminales serios y en muchos casos su única pena es la presencia indocumentada en el país.

Con excepción de Arizona y Alabama, la permanencia sin papeles en Estados Unidos es sólo una falta de carácter civil no criminal.

La denuncia de noviembre

A mediados de noviembre el grupo Detention Watch Network (DWN) dio a conocer un estudio para denunciar las condiciones inhumanas de centros de detención localizados en Alabama, Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey y Texas.


El reporte reveló que “el sistema de detenciones de inmigrantes en Estados Unidos ha crecido drásticamente en los últimos 15 años, por lo que se encuentra en un punto crítico”.

“Mientras los inmigrantes se encuentran en un proceso legal, (la espera por una resolución) se ha convertido en un retraso interminable”, denunció la directora ejecutiva de DWN, Andrea Black, en conferencia telefónica.

Black recordó que en 2009 el presidente Barack Obama prometió reformas al sistema de detención de inmigrantes, y aunque reconoció que se hicieron algunos esfuerzos para mejorar las condiciones en los centros de reclusión administrados por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), la realidad, aseguró, muestra que las bases y la cultura en estos lugares no ha cambiado.

“Ahora las condiciones de estos diez centros se encuentran tan mal que consideramos que son tan malas que la única opción es comenzar por cerrarlos, por lo que pedimos al Gobierno Federal terminar inmediatamente los contratos con estas cárceles”, demandó Black.


El informe de la CIDH

A finales de julio de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó en un informe que en las cárceles de ICE los inmigrantes indocumentados son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó.

Agregó que dos tercios de los inmigrantes detenidos por ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de "lamentable".


En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.

Qué dijo el gobierno

Sobre las denuncias del DWN, funcionarios federales respondieron que las acusaciones de los activistas son anónimas, sin fechas concretas y por lo tanto no se les puede investigar o corroborar.

Muchas de las anécdotas que relatan ocurrieron antes de que ICE iniciara una reforma de su sistema penitenciario, añadieron las fuentes.


Gillian Christensen, vocera de ICE, dijo que representantes de esa dependencia federal se han ofrecido para reunirse con los autores del informe. "La agencia tiene el cometido de ofrecer los más altos estándares de cuidado a los detenidos", señaló.

En Estados Unidos se arresta cada año a casi 400 mil inmigrantes que pueden acabar después en 250 centros de detención del país, aseguran activistas.

Más de 33 mil camas existen para inmigrantes en estos centros y más del 50 por ciento de ellos están manejados por empresas privadas, con lo cual no hay una verdadera supervisión de las instalaciones, han denunciado repetidamente a través de los años grupos como Human Rights First.

ICE anunció el jueves avances en una línea telefónica gratuita para que detenidos en Atlanta, Baltimore, Miami, Nueva Orleans y Washington puedan denunciar incidentes o problemas a una oficina de la agencia migratoria diseñada específicamente para responder a éstos. El servicio se está ampliando para que inmigrantes detenidos en otras zonas puedan utilizarlo.


Danza de millones

En agosto, The Associated Press publicó un estudio en el que reveló que Estados Unidos está encarcelando a más inmigrantes indocumentados que nunca antes, y que esta situación genera un lucrativo negocio para las mayores compañías privadas de prisiones en el país.

El informe añadió que firmas privadas se han gastado más de $45 millones cabildeando ante legisladores y contribuyendo a campañas electorales en el último decenio, cuando su proporción de la capacidad de detención ha aumentado de 10% a casi la mitad.

Agregó que el costo para los contribuyentes estadounidenses por mantener a los 400 mil inmigrantes detenidos va en camino de rebasar los $2 mil millones en 2012, y que las compañías que manejan los centros de detención de inmigrantes esperan sus mayores ganancias en unos pocos años, porque el gobierno planea construir nuevas instalaciones.


Funcionarios federales le dijeron a la AP que la privatización no es necesariamente menos costosa.

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