Departamento de Justicia presentó argumentos contra la ley migratoria SB1070

Presentan argumentos contra la SB1070

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Entre otras medidas, la Ley migratoria SB 1070 de Arizona prohibió a los jornaleros pedir trabajo en las calles. La medida fue suspendida temporalmente por una corte federal.

Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos emitirá fallo definitivo en abril

WASHINGTON - El Departamento de Justicia presentó el lunes sus argumentos en contra de la ley migratoria SB1070 de Arizona en la Corte Suprema de Justicia.


En abril, el máximo tribunal de justicia estadounidense celebrará audiencias orales para examinar la medida y emitir un fallo.

En un documento de 56 páginas, el gobierno del presidente Barack Obama cuestionó las secciones 2, 3, 5 y 6 de la polémica legislación promulgada el 23 de abril de 2010 y puesta en vigor a finales de julio de ese año.

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De qué se trata


Las secciones referidas en el documento de los alegados presentados por el Departamento de Justicia criminalizaron la estadía indocumentada en Estados Unidos (un acto que en el resto del país sigue siendo una falta de carácter civil no criminal) y castiga el pedir empleo sin tener documentos de estadía legal.

Las secciones citadas también otorgan a las policías locales (estatal y municipal) poderes extraordinarios para que los agentes verifiquen el estado migratorio de los individuos detenidos por cualquier otra ley vigente en el estado.

También autoriza el arresto de extranjeros que puedan ser deportados sin la emisión de una orden judicial previa.

Qué dice el gobierno


"Bajo la Constitución el gobierno federal tiene plena autoridad de admitir extranjeros en el país, prescribir los términos bajo los cuáles se pueden quedar y si es necesario, deportarlos. Debido a que esas decisiones involucran a ciudadanos de otros países requieren de una consideración importante y delicada", señala el documento presentado por el gobierno federal de Washington.

"La SB 1070 de Arizona busca interponer sus propios juicios. El estado ha adoptado su propia política de inmigración, que se enfoca solamente en el máximo control de seguridad y no presta ninguna atención a los criterios multifacéticos que La Ley de Inmigración da al poder ejecutivo", agrega.

Efecto dominó

Tras su puesta en vigor en 2010, en al menos 30 estados se han redactado o debatido leyes similares. Seis de ellos han aprobado medidas similares: Utah, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Texas y Mississippi. Los seis estados fueron demandados por el gobierno, al igual que lo hizo en Arizona.


La ley migratoria de Arizona también obligó a las empresas a verificar el estado migratorio de todos sus trabajadores y negó cualquier tipo de beneficios públicos a los extranjeros sin estado de permanencia legal.

La SB1070 le propinó un severo golpe a las aspiraciones de una reforma migratoria que permita legalizar a la mayoría de los indocumentados, y ayudó al crecimiento de un peligroso clima antiinmigrante que en unas pocas semanas se regó por todos los rincones del país.

Acusan al gobierno

Los promotores de la SB 1070, encabezados por el ala ultra conservadora del partido republicano, argumentaron que la medida fue la respuesta a la inacción de Washington de resolver el problema de la inmigración indocumentada.


El gobierno de Obama respondió que la culpa del problema de la inmigración no la tenía Washington, sino los Republicanos que se oponen al cambio del sistema imperante.

La oposición agregó que antes de proceder a cualquier cambio en las leyes migratorias o debatir una reforma, el gobierno federal debe primero asegurar la frontera, garantizar la seguridad nacional y detener el tráfico de indocumentados.

Clina antiinmigrante

La guerra de posturas es el reflejo de un  clima polarizado. Durante los años fiscales 2009, 2010 y 2011 el gobierno de Obama deportó a más 1,2 millones de indocumentados, la cifra más alta registrada en la historia.


“De ellos, entre seis y siete de cada 10 carece de antecedentes criminales que los convierta en una amenaza a la seguridad nacional”, ha reiterado en diversas ocasiones Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA).

El fallo que emitirá en abril la Corte Suprema de Justicia impactará en los otros seis estados con leyes similares a la SB 1070. El gobierno, al igual que decenas de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, espera que el dictamen anule la ley de Arizona y regrese la presión al Congreso para que debata y apruebe una reforma migratoria comprensiva que incluya una vía de legalización para la mayoría de los 11 millones de indocumentados.

Rechazo a la reforma

Los republicanos han advertido que no apoyan ninguna vía de legalización o amnistía y exigen que el gobierno, con las herramientas legales de que dispone, ponga fin a la inmigración indocumentada.


Mientras, el gobierno sigue revisando unos 300 mil casos de deportación y permitir que algunos extranjeros, sin antecedentes criminales y con familias constituidas en Estados Unidos, entre otros requisitos, permanezcan en el país.

A partir del 18 de agosto de 2011 y hasta el 15 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha revisado unos 150 mil casos. De ellos, 1,500 procesos de expulsión fueron cancelados.

No se trata de una amnistía

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ha advertido que la medida anunciada por el gobierno no se trata de una “amnistía", no otorga estatus legal de permanencia a ningún indocumentado y los extranjeros sin papeles no deben inscribirse en las oficinas del servicio de inmigración para calificar a algún tipo de beneficio".


La medida solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.

En cuanto a solicitudes para presentar un caso, AILA dijo que "no hay no hay ningún formulario" y tampoco "ninguna cuota que pagar", y que el gobierno irá dando a conocer las formas en cómo se deberá proceder.

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