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Denuncian irregularidades en Plan 287g

Denuncian irregularidades en Plan 287g

La Raza publicó informe critico sobre el Plan 287(g), denunció abuso de autoridad por parte de las policías locales y falta de supervisión del gobierno federal.

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Reveló abusos y falta de supervisión

WASHINGTON " Un programa creado por el gobierno federal tras los ataques terroristas de 2001 y que tiene por objetivo frenar la inmigración indocumentada con la ayuda de policías locales, fue criticado en un informe publicado por El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el principal grupo hispano de Estados Unidos.

El reporte denunció los fallos del Programas 287(g), que consideran el "antecedente" de la ley de Arizona por "el abuso de autoridad" de policías estatales en la detención de inmigrantes.

La Sección 287(g) de la ley de inmigración fue aprobada en 1996 por el Congreso y autoriza a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional (DHS) hacer acuerdos con las policías locales (estatal y municipal), para que sus elementos ejerzan funciones como agentes federales del servicio de inmigración estadounidense.

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Los poderes extraordinarios, activados por razones de seguridad, permiten a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de los detenidos y transferirlos a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), una de las 23 agencias que integran el DHS, para ser deportados a sus países de origen.

Mar de denuncias

El programa, que desde su activación en 2002 es motivo de denuncia por parte de grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, fue ajustado en octubre del año pasado con la emisión de un nuevo reglamento, pero diez meses más tarde es tildado no como una herramienta para detener a delincuentes peligrosos, sino para perseguir a inmigrantes indocumentados.

El informe, de casi 30 páginas, denuncia el abuso de autoridad, la falta de supervisión federal, los débiles mecanismos de transparencia pública, los supervisores y agentes sin entrenamiento ni experiencia, y la amenaza a la seguridad pública que este tipo de programas suponen.

"Los informes de investigaciones del Gobierno han revelado problemas importantes y vacíos en la supervisión y gestión de los programas 287(g) por parte del ICE", destaca.

Los autores del documento consideran que el 287(g) es un "antecedente" de la ley de Arizona, aprobada en abril de este año y que el 28 de julio, un día antes de su entrada en vigor, fue paralizada en parte por orden de una juez federal en respuesta a una serie de demandas, entre ellas una entablada por el Departamento de Justicia.

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Esa legislación, que ha revivido el debate sobre la inmigración en el país, dicta que es un delito menor ser indocumentado en este estado, situación que en el resto del país sigue siendo una falta de carácter civil no penal.

Faltas de bajo riesgo

El informe añade que casi la mitad de los arrestos bajo el Programa 287(g) no eran extranjeros que supusieran el mayor riesgo para los ciudadanos.

Los datos oficiales dicen que se ha conseguido detener a 173,000 extranjeros que podrían ser deportados desde enero de 2006, según la investigación del NCLR. Pero los autores argumentan que los incidentes por los que son detenidos no son violentos, sino "delitos menores tales como conducir con una luz trasera rota, pescar sin un permiso o "conspiración de entrar clandestinamente al país".

Entre los ejemplos, el reporte destaca un estudio de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que reveló que un 83 por ciento de los detenidos bajo este programa en el condado de Gaston (Carolina del Norte) en mayo de 2008 tenían cargos relacionados con el tránsito.

El estudio hizo hincapié en que estas acciones suelen justificarse como una respuesta al aumento de la delincuencia local, pero que según el informe son una respuesta al aumento de la inmigración.

"La mera presencia y crecimiento de la población inmigrante local subrayan la expansión del programa 287(g)", denuncia el informe.

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Peligros mayores

Según la investigación, en agosto de 2008, un 61 por ciento de las jurisdicciones en las que hay este tipo de programas tenían índices de delincuencia por debajo de la media, mientras que un 87 por ciento de ellos tenían índices de crecimiento de inmigración más altos a la media nacional.

Otra de las críticas son los problemas para la seguridad pública que suponen porque "además de la reducción de recursos dedicados a arrestar verdaderos delincuentes peligrosos, se ha demostrado que el programa 287(g) ha puesto en peligro la habilidad de la policía a cooperar con residentes en la investigación de delitos graves", afirma.

El informe ofrece también un análisis de cómo estas prácticas denunciadas se evidencian en el condado de Davidson (Tennessee), al aplicarse el programa "desproporcionadamente" en áreas donde hay una comunidad inmigrante en crecimiento.

Más datos del estudio

El informe publicado por el NCLR añade:

  • El programa tenía como objetivo hacer Estados Unidos más seguro ayudando en la detención y expulsión de inmigrantes indocumentados y criminales peligrosos. Pero dio autoridad sin control a las policías locales y afectó la relación que las policías tenían con la comunidad para reducir los índices de criminalidad.
  • La mayoría de los arrestos ejecutados por las policías locales afectaron a inmigrantes latinos que cometieron delitos no violentos.
  • En muchos arrestos prevaleció el aspecto racial de los individuos.
  • Los daños causados por los abusos de autoridad y la falta de supervisión en las comunidades son irreversibles.
  • La pérdida de confianza de la comunidad socavó la seguridad pública en muchas comunidades.
  • Se debilitó la comunicación entre la policía y los latinos.
  • La mayoría de los acuerdos entre el ICE y las policías locales (61%) se encuentran en los estados del sur, que han experimentado un rápido crecimiento de las nuevas poblaciones de inmigrantes.
  • El programa ha golpeado más en lugares donde la tasa de crecimiento de inmigrantes es mayor y no donde la tasa de delincuencia ha registrado un alza.
  • La mayoría de los detenidos bajo el programa no tiene antecedentes criminales o penales.
  • Algunas personas detenidas y afectadas han sido detenidas por escuchar música a alto volumen.
  • El programa 287(g) subcontrata fuerzas del orden federales sin el entrenamiento apropiado, la supervisión o rendición de cuentas.
  • A pesar de las graves preocupaciones y denuncias presentadas contra el programa, la administración Obama mantiene y amplia el Plan 287(g).
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Recomendaciones del estudio

  • El Programa 287(g) debe darse por concluido.
  • La Raza apoya medidas inteligentes de ejecución de la ley de inmigración y de seguridad que hagan el mejor uso de los recursos disponibles mediante la eliminación de delincuentes peligrosos. La experiencia demuestra que el 287(g) no hace eso.
  • El Congreso debe exigir la presentación de informes significativos por parte de la supervisión y la ejecución de todos los programas federales de inmigración, incluyendo programas como Comunidades Seguras.
  • El DHS y las agencias de policía local deben trabajar de manera proactiva para fortalecer las relaciones con las comunidades locales y trabajar para proteger a las víctimas y testigos de delitos.
  • El Congreso y el Presidente deben trabajar para reformar el sistema de inmigración.
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