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Denuncian condiciones inhumanas en cárceles de indocumentados

La situación de miles de indocumentados encarcelados vuelve a preocupar a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.

Las cárceles de indocumentados en Estados Unidos vuelven a ser denunciad...
Las cárceles de indocumentados en Estados Unidos vuelven a ser denunciadas por el mal trato a inmigrantes indocumentados y fallos en el debido proceso.

Nuevo estudio revive informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado en julio de 2010

La situación de miles de indocumentados encarcelados vuelve a preocupar a la comunidad inmigrante de Estados Unidos. El grupo Detention Watch Network (DWN) dio a conocer un estudio para denunciar las condiciones inhumanas de centros de detención localizados en Alabama, Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey y Texas.

El reporte de la organización, revela que “el sistema de detenciones de inmigrantes en Estados Unidos ha crecido drásticamente en los últimos 15 años, por lo que se encuentra en un punto crítico”.

“Mientras los inmigrantes se encuentran en un proceso legal, (la espera por una resolución) se ha convertido en un retraso interminable”, denunció la directora ejecutiva de DWN, Andrea Black, en conferencia telefónica.

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Black recordó que en 2009 el presidente Barack Obama prometió reformas al sistema de detención de inmigrantes, y aunque reconoció que se hicieron algunos esfuerzos para mejorar las condiciones en los centros de reclusión administrados por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), la realidad, aseguró, muestra que las bases y la cultura en estos lugares no ha cambiado.

“Ahora las condiciones de estos diez centros se encuentran tan mal que consideramos que son tan malas que la única opción es comenzar por cerrarlos, por lo que pedimos al Gobierno Federal terminar inmediatamente los contratos con estas cárceles”, demandó Black.

El informe de la OEA

A finales de julio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó en un informe que en las cárceles de ICE los inmigrantes indocumentados son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó.

Agregó que dos tercios de los inmigrantes detenidos por ICE se encuentran confinados en recintos carcelarios estatales y municipales y no en sitios especializados, una situación que calificó de "lamentable".

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En cuanto a los indocumentados homosexuales, transexuales o enfermos mentales, la CIDH reveló que éstos son mantenidos incomunicados con el alegato de protegerlos por su vulnerabilidad, pero en realidad esa es "una manera de castigar a las víctimas", denunció.

Lista de quejas

El reporte del DWN indica que las quejas más comunes en los centros incluidos en el reporte son la falta de un cuidado médico adecuado y accesible para los detenidos, la falta de un proceso y consejería legal, el uso de fuerza excesiva, falta de higiene y nutrición pobre.

También se quejan que algunos centros de detención se encuentran tan lejos de las ciudades que esto dificulta la visita de las familias.

Azadeh N. Shahshahani, directora del proyecto de derechos de los inmigrantes y seguridad nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en Georgia, dijo que hace 15 años anualmente se detenía a unos 7 mil indocumentados, que eran enviados a centros de detención, y que actualmente esa cifra supera los 400 mil.

Explicó este aumento se debe a los cambios en las leyes migratorias y el interés de las compañías privadas que gestionan estos centros cárceles, pues se han beneficiado económicamente con este incremento.

Se estima que anualmente el Gobierno Federal gasta $1.700 millones en las operaciones de los centros de detención de indocumentados en el país.

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Las denuncias de 2010

Dos años atrás, la CIDH denunció que un delicado aspecto visto y constatado por los expertos de la Comisión fue la falta de acceso a abogados de los menores detenidos. En su gran mayoría, los menores deben defenderse por sí mismos, resaltó la Comisión.

Dijo además que la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) no hace las preguntas pertinentes cuando detiene a menores indocumentados para determinar si son víctimas de tráfico de personas o califican para solicitar asilo en Estados Unidos.

Otro frente de críticas al gobierno de Obama por su política carcelaria para indocumentados se generaba, en 2010, por el alto número de detenidos y el costo que ello significa, un movimiento de varios millones de dólares cada año.

Una investigación del Center for American Progress (CAP) hecha en 2010 encontró nexos entre empresas que administran penales de inmigrantes y personajes que impulsan iniciativas para criminalizar la migración indocumentada en estados tales como Arizona.

El informe detalló que leyes como la polémica SB1070 tienen como objetivo que cientos de indocumentados ingresen a prisión por las ganancias que generarían.

Las preocupaciones de 2012

Dos años más tarde de las preocupaciones expresadas por la CIDH, Detention Watch Network aseguró que “cuando se encuentran bajo detención, los inmigrantes continúan siendo lastimados, enferman e inclusive mueren sin recibir el cuidado médico que requieren”.

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Indicó que desde 2003 un total de 131 personas han muerto mientras se encontraban bajo la custodia del sistema de Inmigración.

En opinión del DWN, un claro ejemplo de las violaciones que se viven en los centros de detención son las reportadas en el Centro de Detenciones de Stewart, en Georgia, donde detenidos se han declarado en huelga de hambre para tratar de llamar la atención de las autoridades sobre lo que sucede en esta instalación.

Shahshahani aseguró durante la conferencia telefónica que este centro careció de médico desde abril de 2009 hasta el pasado verano.

Pedro Guzmán, quien estuvo detenido en este centro durante 18 meses, dijo haber sido testigo de diversos tipos de abusos.

“Una de mis mayores preocupaciones era la falta de cuidado médico, no había suficientes médicos, medicinas, sufrimos la falta de comida y la que recibíamos estaba en condiciones pésimas”, relato.

Guzmán indicó que apenas salían al patio y que constantemente eran abusados por los custodios.

Qué dice el gobierno

Sobre las denuncias del DWN, funcionarios federales citados por The Associated Press respondieron que las acusaciones de los activistas son anónimas, sin fechas concretas y por lo tanto no se les puede investigar o corroborar.

Muchas de las anécdotas que relatan ocurrieron antes de que ICE iniciara una reforma de su sistema penitenciario, añadieron las fuentes.

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Gillian Christensen, vocera de ICE, dijo que representantes de esa dependencia federal se han ofrecido para reunirse con los autores del informe. "La agencia tiene el cometido de ofrecer los más altos estándares de cuidado a los detenidos", señaló.

En Estados Unidos se arresta cada año a casi 400 mil inmigrantes que pueden acabar después en 250 centros de detención del país, aseguran activistas.

Más de 33 mil camas existen para inmigrantes en estos centros y más del 50 por ciento de ellos están manejados por empresas privadas, con lo cual no hay una verdadera supervisión de las instalaciones, han denunciado repetidamente a través de los años grupos como Human Rights First.

ICE anunció el jueves avances en una línea telefónica gratuita para que detenidos en Atlanta, Baltimore, Miami, Nueva Orleans y Washington puedan denunciar incidentes o problemas a una oficina de la agencia migratoria diseñada específicamente para responder a éstos. El servicio se está ampliando para que inmigrantes detenidos en otras zonas puedan utilizarlo.

Danza de millones

En agosto The Associated Press publicó un estudio en el que reveló que Estados Unidos está encarcelando a más inmigrantes indocumentados que nunca antes, y que esta situación genera un lucrativo negocio para las mayores compañías privadas de prisiones en el país.

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El informe añadió que firmas privadas se han gastado más de $45 millones cabildeando ante legisladores y contribuyendo a campañas electorales en el último decenio, cuando su proporción de la capacidad de detención ha aumentado de 10% a casi la mitad.

Agregó que el costo para los contribuyentes estadounidenses por mantener a los 400 mil inmigrantes detenidos va en camino de rebasar los $2 mil millones en 2012, y que las compañías que manejan los centros de detención de inmigrantes esperan sus mayores ganancias en unos pocos años, porque el gobierno planea construir nuevas instalaciones.

Funcionarios federales le dijeron a la AP que la privatización no es necesariamente menos costosa.

Lo habían advertido

En junio de 2011 activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos habían advertido sobre la construcción de nuevos centros de detención, al tiempo que revivieron denuncias sobre el trato que reciben miles de extranjeros sin papeles apresados y encerrados por ICE.

Un reportaje del diario La Opinión de Los Angeles, a mediados del año pasado, precisó que ICE había firmado contratos para la edificación de nuevos centros en zonas cercanas a ciudades con alta concentración de inmigrantes, y donde se llevan a cabo el mayor número de arrestos.

En los primeros tres años de la administración del Presidente Barack Obama el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportó a más de 1 millón de indocumentados, cifras récords alcanzadas en 2009, 2010 y 2011, reconocidas por las propias autoridades federales.

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Informes de ICE revelan que en el año fiscal 2012 (el cuarto año de la Administración Obama) se proyecta que la cifra sobrepasará los 400 mil (frente a 397 mil en 2011), batiendo por cuarta vez el récord de mayor número de extranjeros expulsados del país.

El gobierno asegura que la mayoría de los deportados tenía antecedentes criminales, pero organizaciones pro inmigrantes, entre ellas el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) y el Foro Nacional de Inmigración (NIF), sostienen que entre seis y siete de cada 10 expulsados por el DHS no tenía antecedentes criminales que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Sin cuidados médicos

Otro reporte de The Associated Press, atribuido a auditores gubernamentales, dio cuenta que unos 55 mil inmigrantes estuvieron recluidos en prisiones federales en 2010.

Bajo el programa Comunidades Seguras, las identidades de todos ellos fueron cotejadas por ICE.

La GAO señaló que el número de inmigrantes arrestados y deportados por ICE aumentó 70% desde 2009, y que las infracciones de tránsito y los delitos de drogas representan la mitad de los ilícitos que han derivado en esas detenciones.

ACLU en Arizona dio a conocer en julio de 2011 el informe Soportando el abuso en los Centros de Detención en Arizona, donde denunció las condiciones dentro de los centros de detención de ICE.

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El reporte resaltó que una de las principales quejas es la falta de cuidado médico adecuado, que va desde personas que han reportado que no les prestan atención cuando se quejan y otras que tienen que esperar mucho tiempo para recibir el cuidado especializado que requieren.

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