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Criminalización de estadía ilegal pone en riesgo a miles en Arizona

Criminalización de estadía ilegal pone en riesgo a miles en Arizona

Los sueños de cientos de miles de inmigrantes en Arizona quedarían destruidos si el Congreso aprueba una ley...

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Deportaciones aceleradas

PHOENIX - Los sueños de cientos de miles de inmigrantes en Arizona quedarían destruidos si el Congreso aprueba en breve un a propuesta de ley que criminaliza la estadía indocumentada, hoy en día una falta de carácter administrativo no criminal en todo Estados Unidos.

Si lo hace, las agencias de policías estatales y municipales contarían con poderes extraordinarios para arrestar a extranjeros sin papeles, encarcelarlos y proceder a expulsarlos, como dicen algunos, en "menos de lo que canta un gallo".

The Associated Press reportó el martes que hasta ahora, los republicanos en la Legislatura estatal habían conseguido apoyo para esas medidas, pero se veían frustrados por los vetos de un gobernador demócrata.

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Ahora el pronóstico luce más prometedor, pues una propuesta con esas medidas cobró impulso e incluso la oposición da por sentado que el gobernador la aprobará.

Entre otras cosas, la medida convertiría a Arizona en el único estado del país en que la presencia de inmigrantes indocumentados o sin permiso de estadía legal sería un crimen, gracias a una modificación de la ley contra la invasión de propiedad privada.

La propuesta ya pasó por la cámara alta de la legislatura y se vaticina que en los próximos días será sometida a votación en la cámara baja.

Miedos generalizados

El miedo a ser detenidos y deportados es grande entre los inmigrantes de Arizona, quienes por ejemplo no acuden al médico, lo que pone en riesgo la salud de muchos niños, la mayoría ciudadanos estadounidenses.

"En nuestra oficina tuvimos el caso de una mujer embarazada sangrando que tenía terror de ir al hospital por miedo a ser entregada a inmigración", dijo Kat Rodríguez, vocera de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

En noviembre del año pasado entró en vigor en el estado una ley que obliga a los empleados del Departamento de Seguridad Económica (DES) a reportar ante las autoridades migratorias a los indocumentados que acuden a solicitar ayuda pública como cuidado médico y estampillas de comida.

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A finales de enero el Senado aprobó la ley SB 1070 que criminaliza la estadía ilegal en el territorio del estado, norma que de entrar en vigor se convertiría en la ley antiinmigrante más dura en todo el país.

Ambas legislaciones elevaron el pavor en todo el estado.

El intento federal de 2005

El intento por criminalizar la estadía sin papeles no es nuevo. El 16 de diciembre de 2005 la Cámara de Representantes (federal) aprobó la ley HR 4437, propuesta por un grupo de legisladores republicanos, quienes recomendaron al legislativo sancionar esta figura. Pero el Senado rechazó el plan y aprobó una versión distinta que incluyó una vía de legalización para millones de indocumentados.

Él 3 de junio de 2006 el entonces liderazgo republicano canceló la convocatoria del Comité de Conferencia que iba a armonizar ambas versiones argumentando razones de seguridad nacional.

A partir de entonces los estados comenzaron a aprobar leyes antiinmigrantes por su cuenta, entre ellas las polémicas iniciativas de Arizona.

Un reporte de la asociación nacional de municipalidades dio cuenta que entre epp2 y 2008 en más de 29 estados se debatieron más de 1,400 iniciativas. De ellas, menos de 120 fueron aprobadas y muchas fueron detenidas por las cortes federales por violar la Constitución estadounidense.

Millones en la mirilla

En Estados Unidos viven entre 1.8 y 11.6 millones de indocumentados. Miles están casados con residentes o ciudadanos y al menos 5 millones de niños hijos de estas parejas son ciudadanos de Estados Unidos por nacimiento.

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Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han advertido que la entrada en vigor de este tipo de legislaciones tendría un efecto "catastrófico" en el estado.

El diario La Estrella de Tucson reportó que la iniciativa SB 1070 también incluye:

  • Abrir camino para que se realicen operaciones policiales tipo "sting", para identificar a compañías que intencionalmente contraten a trabajadores indocumentados.
  • Sería un crimen recoger a alguien mediante un vehículo y contratarlos por el día.
  • Requerirle a los policías que hagan un "intento razonable" para determinar el estatus legal de cualquier persona que contacten oficialmente, si hay una "sospecha razonable " de que sea un inmigrante ilegal.
  • Permitir que cualquier persona pueda demandar una ciudad, condado o cualquier gobierno que tenga políticas que limiten que sus empleados se aseguren que las leyes de inmigración se apliquen, "menos de lo que permite la ley".

La Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU), criticó el proyecto de ley SB 1070 del senador Pearce.

Alessandra Soler, directora ejecutiva de la oficina de ACLU en Arizona, dijo que el proyecto "va mucho más allá de alistar a los policías locales para reforzar las leyes de inmigración", además de "atar las manos de las ciudades y condados al mandar que sus oficiales arresten personas por violaciones migratorias sin entrenamiento federal, o precauciones constitucionales", reportó el diario.

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