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Comunidades Seguras, activado en 2008, es una base de datos que maneja el DHS y que permite a los agentes del orden público locales (municipal y estatal) establecer el estatus migratorio de cada persona detenida al momento del arresto.

Crece la rebelión de condados que rechazan entregar indocumentados a ICE

Crece la rebelión de condados que rechazan entregar indocumentados a ICE

El rechazo a un programa federal que exige a los condados entregar a inmigrantes a ICE no se detiene.  

Comunidades Seguras, activado en 2008, es una base de datos que maneja e...
Comunidades Seguras, activado en 2008, es una base de datos que maneja el DHS y que permite a los agentes del orden público locales (municipal y estatal) establecer el estatus migratorio de cada persona detenida al momento del arresto.

El rechazo a un programa federal que exige a los condados entregar a inmigrantes indocumentados a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), no se detiene.

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Veinte condados de Colorado, que corresponde a la tercera parte del total de ese estado del centro del país, anunciaron que dejarán de colaborar con el gobierno federal, reportó la agencia Efe.

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Dirigentes de grupos pro inmigrantes señalaron que la situación facilitaría la restauración de la confianza entre los policías locales y la comunidad.

"Nos encontramos muy satisfechos con la decisión de 20 condados de no continuar respetando estas órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Pero la lucha no ha terminado", dijo Lizeth Chacón, de Derechos Para Todos (DTP).

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"Vamos a continuar trabajando para asegurarnos de que todos los 64 condados de Colorado dejen de respetar las órdenes de detención de ICE, y que tomen los pasos necesarios para poner fin a cualquier tipo de colaboración entre ICE y la policía local", agregó.

 

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Además de los condados, que incluyen a los populosos Denver y Boulder, el Centro de Detención de Aurora, una cárcel municipal al este de Denver tampoco responderá a los pedidos de ICE para mantener detenidos a inmigrantes indocumentados.

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La entrega de indocumentados a ICE se enmarca dentro del programa federal Comunidades Seguras, una base de datos que maneja el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que permite a los agentes del orden público locales (municipal y estatal) establecer el estatus migratorio de cada persona detenida al momento del arresto.

Si la prueba biométrica muestra que la persona no tiene estatus legal de permanencia en Estados Unidos, es colocada de inmediato en la lista de sujetos deportables.

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Lo mismo sucede con individuos que tienen algún tipo de delito o antecedente criminal.

Los deportables son entregados a ICE. Una vez en poder de esa agencia, se abre un proceso de deportación.

Hans Meyer, abogado especializado en inmigración y activista proinmigrante en Colorado, dijo que "con muy pocas excepciones, la policía no tiene autoridad de privar a una persona de su libertad únicamente sobre la base de una orden de detención de inmigración civil".

 

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Esas excepciones, apuntó, incluyen casos criminales y órdenes judiciales de arresto. Caso contrario, la libertad debe recuperarse en unas 48 horas tras completar los trámites correspondientes.

A su vez, la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC) intensificó su campaña de reuniones con los alguaciles que aún siguen respondiendo positivamente a los pedidos de ICE, excepto en los casos ya mencionados, reportó Efe.

Para Alex Alvarado, joven activista de la Asociación de Jóvenes Unidos en Acción (AJUA) en el oeste de Colorado (afiliada con CIRC), al no respetar los pedidos de detención de ICE, los condados "están dando un gran paso en restablecer la confianza entre la policía local y la comunidad".

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Hasta finales de abril sólo dos condados de Colorado (Boulder y San Miguel) había dejado de colaborar con ICE, pero recientes decisiones judiciales sobre la inconstitucionalidad de esas órdenes de detención, y una campaña de cartas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Colorado provocaron que otros condados se sumasen a los iniciales. Y el movimiento sigue expandiéndose a nivel nacional.

La semana pasada a la lista se agregaron San Diego, San Francisco, San Bernardino, Riverside y Sacramento, en California, que ya suspendieron su colaboración con ICE en el marco de la nueva Acta de Confianza, que busca detener las deportaciones de personas que no hayan cometido delitos graves en California.

 

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El lunes el Departamento del Sheriff del condado de Los Angeles (LACSD) confirmó que ya no pondrá a disposición de ICE a los reos indocumentados, a quienes hasta ahora retenía por 48 horas después de su fecha formal de salida.

La lista ya cuenta con más de 100 jurisdicciones que han decidido dejar de retener inmigrantes en sus cárceles para luego entregarlos a Inmigración, reportó el diario La Opinión.

Las órdenes para entregar a los indocumentados son regularmente enviadas por ICE a las cárceles locales para que determinados detenidos se mantengan encarcelados para su entrega a las autoridades migratorias.

En Georgia, mientras, una docena de organizaciones civiles entregó la semana pasada una carta al alguacil del condado de DeKalb, Jeffrey L. Mann, para pedirle que cese las detenciones de inmigrantes por períodos prolongados.

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"Estamos pidiendo a los alguaciles (en Georgia) no retener a personas con órdenes del servicio de inmigración", dijo a Efe Azadeh Shahshahani, abogada de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Georgia.

Tras entregarle la petición, los activistas advirtieron al alguacil del condado de DeKalb las implicaciones legales que puede tener continuar con las retenciones del servicio de inmigración después de que éste haya pagado su fianza o que puede ser liberado cuando no se tiene una causa probable.

 

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De acuerdo con los activistas, cortes federales determinaron recientemente que una orden de retención de por sí misma no constituye una causa probable para un arresto separado.

En abril de 2014, una corte federal del distrito de Oregón decidió a favor de la demandante Miranda-Olivares en contra del condado de Clackamas por haber violado sus derechos constitucionales al haberla retenido con una orden de migración por más tiempo del debido sin tener una causa probable.

"Esta decisión de la corte determinó que la orden de retención migratoria no constituye por sí sola una causa probable y le otorgó (una remuneración) por daños a la mujer que estuvo detenida y ha llevado a más de otros cien condados en todo el país a dejar de detener personas basados en estas órdenes", afirmó la activista.

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La Unión de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, reiteró que “nosotros siempre argumentábamos que era ilegal mantener detenidas a las personas más allá de lo que manda un juez o establece una condena”.

“Tampoco nos parece bueno que envíen listas de reos por liberar a las autoridades migratorias, pero al menos no lo consideramos algo ilegal. Sin embargo, la verdad es que veo difícil que puedan predecir con exactitud a quien liberarán porque mucha gente sale libre bajo fianza, antes de tiempo, sobre todo cuando están detenidos previo a un juicio”, agregó.

A mediados de mayo se reportó que la Administración Obama modificaría el programa Comunidades Seguras, activado en 2008 y que ha deportado a miles de indocumentados, muchos de ellos sin delitos criminales que constituyan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Dos semanas después, sin embargo, la Casa Blanca anunció que el presidente Barack Obama postergó una revisión a la política de deportaciones dentro de la que se se encuentra Comunidades Seguras.

A finales de 2012 el DHS anunció que el polémico programa sería obligatorio en los 50 estados a partir de 2013.

Grupos y organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes, abogados, líderes religiosos, congresistas, gobiernos estatales y grupos que defienden los derechos civiles, entre otros, han cuestionado el programa creado durante la administración republicana de George W. Bush.

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Argumentan que contiene errores que han permitido deportar a inmigrantes que no han cometido delitos graves que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos.

Activistas reiteran que entre seis y siete por cada 10 deportados por el gobierno de Obama (más de 2 millones desde 2009) tenía faltas que no ameritaban ser deportados por las autoridades federales de inmigración y que calificaban para una reforma migratoria como la aprobada por el Senado el 27 de junio del año pasado.

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