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Crece expectativa por fallo de la Corte Suprema sobre la ley SB1070 de A...

El fallo que emitirá la Corte Suprema sobre la ley SB1070 de Arizona impactará en los 50 estados de Estados Unidos y en el destino de 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Crece expectativa por fallo de la Corte Suprema sobre la ley SB1070 de Arizona

Crece expectativa por fallo de la Corte Suprema sobre la ley SB1070 de Arizona

Activistas se alistan para contraatacar cualesquiera sea el dictamen de la Corte Suprema. Lo harán con vigilias y votos.

El fallo que emitirá la Corte Suprema sobre la ley SB1070 de Arizona imp...
El fallo que emitirá la Corte Suprema sobre la ley SB1070 de Arizona impactará en los 50 estados de Estados Unidos y en el destino de 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Cualquiera sea el resultado, activistas advierten que responderán con votos en noviembre

En vísperas del fallo que la Corte Suprema de Justicia emitirá sobre el futuro de la polémica Ley SB1070 de Arizona, activistas a favor de los derechos de los inmigrantes se alistan para contraatacar cualesquiera sea el dictamen. Lo harán con votos en la elección presidencial del primer martes de noviembre.

“Nosotros y no la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra el martes 6 de noviembre”, dijo a Univision.com Rudy López, del Center for Community Change (CCC). “Responderemos con votos y castigaremos a los candidatos que están en contra de nuestra comunidad y apoyan este tipo de leyes antiinmigrantes”.

A finales de abril, dos años después de haber sido promulgada por la gobernadora Jan Brewer, el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos escuchó argumentos a favor y en contra sobre la polémica ley, la primera en su estilo que criminalizó la estadía indocumentada, un acto que en los otros 49 estados constituía una falta de carácter civil no criminal.

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Detalles de la ley

Entre otras regulaciones aprobadas por la Asamblea de Arizona, la SB1070 concedió poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para verificar el estado migratorio de individuos que sean detenidos bajo cualquier otra ley vigente en el estado, exigió a las empresas registrarse en el programa federal E-Verify y obligó a los empleados públicos reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a los indocumentados que gestionen algún tipo de asistencia.

También prohibió a los indocumentados pedir trabajos en las calles, la contrata de jornaleros y la asistencia o trasladó de indocumentados.

Las partes más polémicas de la ley migratoria de Arizona fueron suspendidas temporalmente por una corte federal un día antes que entrara en vigor a finales de julio de 2010. Después de Arizona, otros cinco estados aprobaron leyes similares (Texas, Carolina del Sur, Utah, Alabama y Georgia) y todos ellos enfrentan demandas en cortes.

La demanda del gobierno

La Administración del Presidente Barack Obama argumenta que el tema migratorio es competencia del gobierno federal y no de los estados.

La Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos para decidir si los estados pueden adoptar sus propias medidas inmigratorias y decidir sobre los inmigrantes sin papeles o si el asunto es competencia exclusiva del gobierno federal, tal y como lo expone el Departamento de Justicia en sus alegatos y defensa del caso ante la Corte.

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Los defensores de la ley de Arizona, entre ellos la gobernadora Brewer, indican que se vieron obligados a aprobar este tipo de legislaciones para controlar la inmigración indocumentada, y culpan al gobierno federal y al Congreso de “inacción”, al no hacer algo al respecto.

La “inacción” se refiere a la falta de un acuerdo bipartidista en el Congreso para aprobar una reforma migratoria y legalizar a la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Pew Hispanic Center, grupo privado de Washington que estudia los movimientos migratorios.

Fallo clave

El Center for American Progress (Centro para el Progreso Americqano "CAP-) señaló que durante la audiencia celebrada a finales de abril, el tribunal escuchó argumentos para determinar la constitucionalidad de la SB1070, y agregó que la legislación estatal “va mucho más allá de la ley federal en materia de aplicación de leyes inmigratorias, al hacer un delito el encontrarse sin un estatus legal en el estado y obligar a la policía a pedir prueba del estatus legal a cualquier persona que ellos consideren que se encuentra en el país de manera ilegal”.

“La ley está diseñada para obligar a los indocumentados a salir del país siguiendo una estrategia desacertada de abandono por aplicación de la ley o autodeportación”, añadió.

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El CAP precisa que la decisión que tome la Corte Suprema será de gran trascendencia, porque “definirá la manera en que un estado en particular, podrá, si se decide que pueden, hacer cumplir leyes migratorias”.

Clima de cautela

“Nosotros tenemos esperanza que la corte llegará a un resultado positivo para nuestra comunidad”, dijo López. “Pero nos estamos preparando para una respuesta contraria, favorable a la SB1070 y en contra de nuestra comunidad”.

El activista del Center for Community Change añadió que en el caso de un dictamen contrario, “la comunidad tendrá la última palabra. Vamos a salir a las calles y enseñaremos nuestra fuerza. Pero lo haremos el 6 de noviembre, en las urnas, donde mostraremos nuestro apoyo a los candidatos que nos apoyan, y mostraremos nuestro rechazo a los candidatos que no están con nosotros”.

“Y si el fallo es favorable a nosotros, igual saldremos a votar, en masa, para demostrarle nuestro poderío a la nación. Nuestra fuerza será la respuesta cualesquiera sea el dictamen de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Haremos oír nuestra voz, usaremos nuestro voto en lugares importantes para decirles a los enemigos de nuestra comunidad que también son enemigos de los valores de nuestro país”.

Movilización permanente

En California también se preparan en caso de un fallo adverso para los inmigrantes. “Nos movilizaremos de forma permanente”, anticipó a Univision.com Juan Jose Gutierrez, presidente de la organización Vamos Unidos USA. “Pero esperamos que la Corte Suprema haga justicia dictaminando que laSB1070 es inconstitucional,  porque atenta contra una prerrogativa federal”.

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El dirigente agregó que el fallo no debería permitir la vigencia de una ley su ejecución favorece la discriminación, y que de hacerlo sería como “regresar al pasado”, en referencia a la segregación que Estados Unidos vivió el décadas pasadas y que culminó en la década de los setenta tras las batallas conseguidas por el movimiento de derechos civiles liderado por Martin Luther King Jr.

Gutiérrez agregó que “si el fallo favorece a Arizona, nos movilizaremos de forma permanente”. Y añadió: “Hay que ser claro que un fallo en favor de Arizona seria violatorio de la Ley Suprema del país (la Constitución)  y restaría credibilidad al Tribunal Supremo, no solo con los latinos sino con toda la población. Muy peligroso agarrar camino por ahí”.

El activista culpó de la situación que vive el país en cuanto al tema migratorio a “la ultra-derecha republicana asistida por políticos demócratas mediocres, incluyendo la política ambivalente sobre el tema del presidente Barack Obama”, y advirtió que un fallo desfavorable “contrario a los mejores intereses de nuestra comunidad suscitará incontables manifestaciones por todo el país. No podemos ni nos vamos a cruzar de brazos”.

Campaña Nacional

Según explicó el for Community Change, conocido el dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre la SB1070, organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes lanzarán una campaña nacional de movilización para que los hispanos participen en la elección del martes 6 de noviembre, cuando los estadounidenses acudan a las urnas para elegir presidente y renovar la Cámara de Representantes, además de un tercio del Senado y gobernadores.

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“Esa será nuestra respuesta contundente”, dijo López. “Queremos apoyar a esos políticos que apoyan nuestros ideales y no a quienes promueven divisiones, como la Ley de Arizona SB1070”.

Dijo además que las organizaciones temen que si el fallo de la Corte Suprema favorece a la ley migratoria de Arizona se produzca un efecto dominó en otros estados. “Sabemos que la estrategia de ellos (los impulsores de la SB1070) es hacer eso. Pero también nos estamos preparando”.

El voto latino

En los comicios de 2008 de los 19 millones de votantes latinos registrados, sólo 10.2 acudieron a las urnas y de ellos 6.7 apoyaron al presidente Barack Obama.

Otros 8 millones de residentes permanentes, según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), reúnen los requisitos para hacerse ciudadanos estadounidenses y registrarse para participar en el proceso electoral.

“Tenemos un gran potencial de voto”, dijo López. “Vamos a lanzar una campaña para mover el voto latino en noviembre. Sabemos que vamos a salir en gran número. Y lo haremos con más ánimo especialmente en áreas donde hemos detectado políticos antiinmigrantes que apoyan este tipo de legislaciones como la de Arizona, Georgia, Utah, Carolina del Sur, Texas y Alabama). Nuestra voz se escuchará en las urnas”.

A la pregunta sobre quiénes son los responsables de haber llegado a este día, dependiendo de un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre este tipo de leyes, López respondió que “hay muchos. Nosotros mismos somos responsables para no echarle la culpa a una sola persona. Pero también sabemos que hay muchos políticos contra nosotros. Pero sepan que a todos ellos los vamos a sancionar en las urnas”.

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Alarma por deportaciones

Otra preocupación que reina entre el movimiento inmigrante son las deportaciones.

En lo que va de administración Obama (años fiscales 2009, 2010 y 2011) se han roto récords sucesivos y el número de deportados supera el 1.1 millones y la cifra amenaza con mantenerse durante el año fiscal 2012.

López dijo que “es triste saber que con el sufrimiento de nuestra gente, de miles de familias, muchos se están haciendo rico con esto”.

Los arrestos, detenciones y proceso de deportaciones cuestan al presupuesto miles de dólares Y las organizaciones apuntan que una parte de ese dinero va a parar a manos de empresas subcontratistas que dan servicio al DHS, principalmente en cárceles bajo el mandato de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).

“Nosotros lo sabemos. Y reitero que a todo esto responderemos con el voto en noviembre. Esa será nuestra respuesta al fallo que emita la Corte Suprema”.

En California, el activista Jorge Mario Cabrera, director de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes en Los Angeles (CHIRLA), dijo a Univision.com que aguardarán el fallo, previsto para el 18 de junio, con una marcha y una  vigilia, a la que entre otros asistirán estudiantes, religiosos, sindicatos, funcionarios electos y miembros de la comunidad. Agregó que para ese día esperan encender miles de velas.

En tela de juicio

Las siguientes son las secciones o partes de la Ley SB1070 de Arizona que revisa la Corte Suprema y sobre lo que emitirá un dictamen final en el curso de junio.

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Sección 2 (B): Apartado “muéstreme sus documentos”. Exige todo agente del orden público de Arizona (policías estatales y municipales) verifique el estado migratorio de todo individuo que sea detenido bajo cualquier otra ley vigente. También si el agente tiene “sospecha razonable” que se trata de un inmigrante indocumentado.

Sección 3: Convierte en delito bajo la ley de Arizona (criminaliza) el que un inmigrante no lleve consigo una identificación que pruebe se encuentra viviendo legalmente en Estados Unidos.

Sección 5 (C): Criminaliza el empleo o trabajo no autorizado por el gobierno federal.

Sección 6: Faculta a las policías realizar arrestos sin orden judicial. Basta con que el agente tenga “causa probable” de creer que un individuo ha cometido un crimen que lo convierta en sujeto de ser deportado de Estados Unidos.

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