Crece expectación por dictamen sobre la ley migratoria de Alabama

Expectación por fallo sobre la ley de Alabama

Medida tiene alarmados a 11 millones de indocumentados en Estados Unidos

En la víspera del fallo judicial que decidirá el futuro inmediato de la polémica ley migratoria HB 56 de Alabama "considerada la más dura en su tipo-, crece la expectación en la comunidad inmigrante y el miedo entre miles de indocumentados que temen ser arrestados, encarcelados y deportados de Estados Unidos.


Mientras, el gobernador Robert Bentley puso el lunes en vigor su propio sistema de verificación de empleo que, no importando el dictamen, permite a las autoridades de Alabama conocer el estado migratorio de personas que conduzcan un vehículo automotor.

Denominado ‘ALVerify’, el sistema unió las bases de datos de agencias federales y estatales con el Departamento de Vehículos y Motores. Bentley explicó que las autoridades podrán usar los números de las licencias de conducir y fechas de expiración para verificar el estado migratorio de individuos que compren o renueven sus automóviles.

‘ALVerify’ es una herramienta similar al sistema federal ‘E-Verify’ que fue creado por el gobierno federal como parte de las medidas de seguridad adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 y que permite a los empleadores verificar el estado migratorio de sus trabajadores. El sistema, por ahora voluntario, unió las bases de datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y de la Administración del Seguro Social (SSA) y otras agencias federales.

Éxodo de trabajadores


Pero las preocupaciones, por ahora, no están centradas en la base de datos inaugurada por Bentley, sino en el dictamen que la jueza Sharon L. Blackburn, de la corte federal de Distrito en Birmingham. Emitirá este miércoles.

“Se está poniendo muy difícil para la gente trabajadora de nuestros países hispanos”, dijo al Noticiero Univision Gerardo Díaz, propietario de un restaurante en la ciudad de Selma. “Me han platicado que hay lugares donde vivía la gente que han quedado completamente vacíos, de que todo el mundo agarró sus cositas y, vámonos”, agregó.

La semana pasada agricultores advirtieron que la ley migratoria de Alabama, si entra en vigor, pondrá en riesgo cosechas valoradas en varios millones de dólares. Y pidieron a legisladores que aprueben cambios de emergencia a la HB 56 para impedir la súbita ausencia de campesinos.

Los legisladores respondieron que no pueden hacer nada con la ley por ahora, y que se necesitarían meses para hacer cambios.


Tras la aprobación y promulgación de la HB 56 cientos de trabajadores hicieron maletas y abandonaron el estado ante el temor de ser arrestados por las policías locales, entregados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y deportados de Estados Unidos.

"Sin ellos no habrá cultivos cosechados de manera eficaz", advirtió Kim Haynes Haynes, un agricultor de la localidad de Cullman.

Como en Arizona

Activistas por los derechos de los inmigrantes también advierten que la HB 56 criminalizará la estadía indocumentada, un acto que en el resto de los estados, con excepción de Arizona, sigue siendo una falta de carácter civil no penal.


Los propietarios de viviendas “no podrán hacer un contrato con una persona según su estado migratorio”, dijo Pamela Long, profesora universitaria y activista pro inmigrante. “Las escuelas tendrán colectar información sobre el estado migratorio de los padres de los estudiantes. Aquí estamos a 50 años de ese episodio de los derechos civiles y siento que muchas veces estamos volviendo al mismo lugar”.

Alabama fue el principal escenario de la lucha por los derechos civiles que encabezó Martin Luther King, Jr., quien en un famoso discurso dijo que “si me preguntan cuánto tiempo durará lo malo, les dijo que lo malo no les va a durar mucho”.

Freno temporal

La ley de Alabama iba a entrar en vigor el 1 de septiembre. Dos días antes la jueza Blackburn la frenó temporalmente para revisar tres demandas contra la HB 56, una presentada por el Departamento de Justicia, la segunda por organizaciones de derechos civiles y defensores de los derechos de los inmigrantes, y la tercera por un grupo de religiosos.


Blackburn no ha mencionado aún si la ley migratoria de Alabama es constitucional o no, por lo que el fallo final que se dará este martes o miércoles no sólo aclarará el futuro de la medida, sino que permitirá qué ocurrirá con los miles de indocumentados que viven en ese estado del sur y que impactará en el futuro de los 11 millones de sin papeles que viven en el país.

Tanto la Administración del Presidente Barack Obama como las organizaciones de derechos civiles que demandaron la HB 56 argumentan que la medida viola la constitución y lesiona los derechos civiles de los estadounidenses, y temen que incluso su activación resulte en el acoso y detención de los visitantes extranjeros en Alabama e incluso de ciudadanos estadounidenses que no puedan o no sean capaces de demostrar rápidamente su condición legal.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el National Immigration Law Center (NILC) y el Southern Poverty Law Center aseguran que la HB 56 lesiona los intereses de miles de habitantes del estado y afecta “múltiples aspectos de la vida diaria de un sinnúmero de personas”.

Wade Henderson, director del Leadership Conference on Civil and Human Rights, una de las organizaciones afro americanas más grandes del país en defensa de los derechos civiles, advirtió que la HB 56 fue redactada de tal manera que si una corte dictamina que una de sus partes es inconstitucional o contraviene la ley del estado, el resto seguirá en vigor.


La ley migratoria de Alabama también prohíbe dar ayuda o asistencia a un inmigrante indocumentado y sanciona su traslado.

Detalles de la ley

Además de criminalizar la estadía indocumentada y otorgar poderes extraordinarios a las policías para detener a individuos si tiene dudas razonables que se trata de indocumentados, la HB 56 obliga a los empleadores a inscribirse y utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de sus trabajadores nuevos.

También prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos "OEA-) exhortó en junio a las autoridades estadounidenses a que modifiquen la ley H.B. 56 para adaptarla a las leyes internacionales de derechos humanos.

"Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

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