Corte Suprema de Justicia decidió abordar ley SB1070 de Arizona

Corte Suprema decidió abordar la ley SB1070

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La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Fallo impactará en todas las leyes contra inmigrantes de EU


La

Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes
que examinará la polémica y controversial ley migratgoria SB1070, que criminalizó por primera vez la inmigración ilegal en un Estado y cuyas partes más controversiales se encuentran suspendidas por una corte federal.

El estado de Arizona (fronterizo con México) recurrió las impugnaciones del departamento de Justicia contra su ley y elevó la queja a la Corte Suprema, máximo tribunal en el país, que ahora deberá examinar la constitucionalidad de la norma.

La Corte emitirá una sentencia durante la actual sesión judicial, que termina en junio de 2012, informó una portavoz.

Breve historia


La ley migratoria SB 1070 fue promulgada el 23 de abril de 2010 y rápidamente provocó polémica porque exigía, por primera vez en la historia de Estados Unidos, que la policía estatal detuviera a las personas sospechosas de no tener los papeles en regla.

El gobierno federal rápidamente apeló la norma, que fue luego fue imitada por Carolina del Sur, Georgia, Utah y Alabama. Este último Estado aprobó una ley aún más dura que niega el acceso al agua y electricidad a aquellas personas que no puedan certificar que se encuentran legalmente en él, se lee en un reporte de la Agencia Francesa de Noticias (Afp).

La HB 56 de Alabama también obliga a las escuelas públicas a verificar el estado migratorio de alumnos nuevos y sus padres, aunque esta parte de la legislación se cuentra temporalmente bloqueada por una corte federal.

Los asuntos migratorios son prerrogativa federal en Estados Unidos, pero los defensores de esas leyes -entre ellos el gobierno del Presidente Barack Obama- argumentan que los Estados tienen derecho a detener a los indocumentados en su territorio para luego traspasarlos a las agencias encargadas de su deportación.


Crecen las preocupaciones

La proliferación de normas de control de la migración en todo el país amenaza con provocar una explosión de casos de deportación y un caos legislativo, advierten los expertos.

La juez Elena Kagan, el último magistrado en integrar la Corte tras prestar juramento en agosto del año pasado, decidió abstenerse a la hora de aceptar a trámite esta ley SB 1070, según un comunicado de la Corte.

Kagan, una jueza de tendencia progresista, fue abogada del gobierno federal ante la Corte hasta su nominación por parte del presidente Barack Obama.


Su autorecusación hace presagiar que podría abstenerse también a la hora de debatir el fondo de la ley en los próximos meses, lo que deja a los progresistas en minoría en el seno de la Corte.

La decisión del máximo tribunal de justicia

era anciosamente aguardado tanto por el gobierno de Obama, el estado y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre otros.

Entre las medidas a ser revisadas se incluye una que promulgada el año pasado que otorga poderes extraordinarios a las policías para interrogara individuos detenidos bajo cualquier otra ley vigente en el estado sobre su estatus migratorio.

Clima de nervios


El fallo emitido este lunes impactará en el futuro de la SB1070, la primera en su tipo que criminalizó la estadía indocumentada en el país, un acto que en el resto de los estados, excepto Alabama, sigue siendo una falta de carácter civil no penal.

El gobierno de Obama libra una intensa batalla legal ante leyes como las de Arizona. Georgia, Alabama, Utah y carolina del Sur le han seguido los pasos al sureño estado en el afán por controlar la inmigración indocumentada.

Arizona había solicitado a la Corte Suprema que le permita a su estado comenzar a aplicar las medidas de su ley de inmigración bloqueadas en tribunales de menor instancia a pedido de Washington, reportó The Associated Press.

Partes suspendidas


Un día antes de su entrada en vigor, el 28 de julio del año pasado, una Corte Federal dejó en suspendo partes polémicas de la SB1070, entre ellas una que ordena a la policía, a la vez que cumple con otras leyes, que interrogue a las personas sobre el estado migratorio si sospecha que están en el país ilegalmente.

El Departamento de Justicia afirma que la regulación de la inmigración es un trabajo que corresponde al gobierno federal y no de los estados.

Pero Arizona argumenta que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para enfrentar el problema de la inmigración indocumentada, y que los estados fronterizos son los que sufren desproporcionadamente.

Brewer la defiende


A mediados de noviembre la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, exhortó a un juez a que desestime una de las tres demandas interpuestas contra la SB1070. Brewer alegó que las leyes federales no tienen primacía sobre el intento del estado de solucionar sus problemas fronterizos.

Una demanda, interpuesta por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) -un grupo activista hispano en Estados Unidos- contra la ley de Arizona, argumenta que la SB1070 debe ser invalidada debido a que suplanta la ley migratoria federal, y a que el estado no puede dictar estatutos para controlar el flujo de inmigrantes.

El gobierno de Obama argumenta la misma preocupación en otra demanda presentada en 2010 contra la SB1070.

Una jueza federal ya congeló los puntos más controversiales de la ley, pero la demanda de LULAC busca invalidar otras secciones que ya entraron en efecto, como la prohibición de que los jornaleros pidan trabajo en la calle debido a que bloquean el tráfico.


Suspensión temporal

Además de bloquear el poder extraordinario a las policías para detener a individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados, la jueza federal Susan Bolton ordenó el año pasado la suspensión temporal de una parte de la ley que obliga a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que hacia ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.

Bolton declaró que esas partes deben ser dejadas en suspenso hasta que los tribunales resuelvan los problemas que conllevan.

La ley de Arizona fue promulgada el 23 de abril por la gobernadora Jan Brewer y desató una fuerte polémica nacional, incendiando además un clima antiinmigrante en momentos en que el país entraba en un proceso electoral que culminó el primer martes de noviembre con la renovación de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.


Ley complementaria

El 30 de abril, una semana después de promulgada, Brewer firmó una segunda ley para agregar enmiendas al plan original, una de ellas para quitarle a las policías el derecho de detener individuos por sospecha razonable de estar indocumentados en el estado, y permitirles solo requerir documentos si son detenidos bajo cualquier otra ley vigente en Arizona.

Con estos cambios Brewer eliminó la posibilidad de que las policías usaran el perfil racial como motivo para detener a un individuo.

Pero mantuvo que las personas sí pueden identificarse ante la policía con una licencia de conducir del Estado de Arizona, con una licencia de conducir válida de cualquier otro estado, con una identificación como miembro de una tribu reconocida en el Estado o cualquier otro documento de identificación válido.

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