publicidad

Corte revisa apelación de la Ley de Hazleton

Corte revisa apelación de la Ley de Hazleton

Corte escuchará los argumentos de la apelación que hizo Hazleton para defender ley que prohibe alquilar a indocumentados.

Día clave

El dictamen judicial final sobre la decisión del concejo municipal de Hazleton, Pensilvania, que determinó en julio de 2006 que los propietarios no pueden alquilar a indocumentados, demorará todavía unos cuantos meses en ser resuelto.

Esta semana la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Distrito de Filadelfia celebrará una audiencia sobre la constitucionalidad de la ordenanza que levantó polémica nacional.

La ley municipal de Hazleton fue aprobada en el verano de 2006 en respuesta, según sus autores, al crecimiento en el nivel de crímenes violentos, en algunos de los cuales estuvieron involucrados inmigrantes indocumentados.

La ordenanza prohíbe a los dueños de viviendas alquilar sus propiedades a inmigrantes ilegales, y a los propietarios de negocios contratar indocumentados.

También determinó que los inquilinos se registren ante el ayuntamiento, y advirtió que quienes no cumplan con la ordenanza serán multados por el ayuntamiento.

Fallo favorable

Pero la ley nunca entró en juego. En julio de 2007 y poco antes de entrar en vigor, un juez federal la declaró inconstitucional, fallo que sentó un precedente en los esfuerzos de los estados contra la población indocumentada.

En un dictamen de 206 páginas emitido en Scranton, Pensylvania, el juez James Munley prohibió de forma "permanente" que la ciudad de Hazleton ponga en marcha la ley aprobada en 2006 que prohibe el alquiler de viviendas y negocios a indocumentados, y también sanciona a quienes den empleo a inmigrantes sin papeles, y declara el inglés como idioma oficial.

publicidad

En resumen, el magistrado determinó que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae sobre el Gobierno federal, y que la ley de Hazleton atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos estatales y federales sobre acceso a vivienda.

Detalles del juicio

El juez emitió la decisión en el caso "Lozano v. Hazleton", tras una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de grupos hispanos, cívicos y empresariales, además de cuatro indocumentados anónimos, para frenar la llamada "Ley de Alivio por la Inmigración Ilegal".

Munley explicó que pese a las modificaciones realizadas, la ley viola la Constitución estadounidense, que ampara incluso a los extranjeros.

"En su afán por controlar la presencia de un grupo al que considera indeseable, Hazleton violó los derechos de estas personas y de otras en la comunidad", enfatizó el juez.

Pero el fallo fue apelado y será esta semana en que la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Distrito escuchará los argumentos orales para proseguir con el proceso que ya dilata casi dos años.

¿Qué piensa de las leyes de gobiernos locales que prohíben el alquiler de propiedades a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos? Comente aquí.

Hechos "volteados"

Según el criterio externado por abogados de la ACLU en el juicio entablado en Pensylvania el año pasado, Hazleton había volteado los hechos para poder "satanizar a los indocumentados y convertirlos en sus chivos expiatorios injustamente".

publicidad

La satanización de los indocumentados se hizo con el fin se "culparlos por el crimen, escuelas sobresaturadas y otros problemas" que afectan a la ciudad, dijo Witold J. Walczak, director legal de la ACLU de Pensylvania.

"Tratar de achacar los problemas a los inmigrantes indocumentados es injusto", expresó.

Demanda a Hazleton

Tras la aprobación de la ley, en julio de 2006, la ACLU y un grupo defensor de los derechos de hispanos, el Fondo para Defensa Legal y Educación de Puerto Rico, demandaron a Hazleton para revertir dichas leyes, alegando que usurpaban la facultad del gobierno federal de regular la inmigración y que privaban a los residentes de sus derechos constitucionales a protección en igualdad de condiciones y a un proceso justo.

Al igual que Hazleton, docenas de ciudades grandes y pequeñas alrededor del país han seguido los mismos pasos.

Hazleton fue la primera en el país en adoptar una ordenanza municipal que penaliza con mil dólares diarios a las empresas que contraten a inmigrantes indocumentados o a los dueños de viviendas que les alquilen.

Las primeras oleadas de inmigrantes hispanos en Hazleton llegaron en los años ochenta, algunos mexicanos que venían a recoger las cosechas en los campos agrícolas y muchos dominicanos que antes vivían en Nueva York.

publicidad
Contenido Patrocinado
En alianza con:
publicidad
publicidad