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Corte federal bloqueó parcialmente la ley migratoria HB56 de Alabama

Los inmigrantes indocumentados de Alabama pueden renovar licencias para vivir en casas prefabricadas.

Inmigrantes indocumentados podrán renovar permisos para vivir en casas prefabricadas

MONTGOMERY " Un juez federal estadounidense dictaminó el miércoles que los funcionarios del estado de Alabama no pueden impedir que los inmigrantes renueven los permisos necesarios para vivir en casas prefabricadas.

Se trata del tercer bloqueo a la cuestionada ley estatal de inmigración.

La prohibición está contenida en la polémica ley migratoria HB56, considerada por defensores y detractores como la más dura en su tipo en el país.

El juez federal de distrito Myron Thompson emitió una orden de restricción temporal que permite que los residentes del estado de Alabama renueven el registro de viviendas prefabricadas sin necesidad de demostrar que viven legalmente en el país, reportó The Associated Press.

La fecha límite para la renovación del registro sin caer en una infracción y tener que pagar una multa es el 30 de noviembre.

Los abogados de una coalición de grupos de derechos civiles habían advertido que, al rechazar la renovación de los permisos, los funcionarios estatales podrían obligar a las personas a abandonar sus viviendas.

La ley migratoria de Alabama ha sido objeto de varios bloqueos antes y después de su entrada en vigor, a finales de septiembre.

Qué dice el fallo

En su dictamen, el juez Thompson dijo que los demandantes tenían una "sustancial" probabilidad de demostrar la validez de su argumento. Agregó que los funcionarios estatales no habían establecido una forma adecuada para que los propietarios de casas prefabricadas demuestren que son residentes con autorización legal de vivir en Estados Unidos.

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En la orden el juez también ordenó a la Comisionada de Ingresos de Alabama, Julie Magee, que informe a los funcionarios en los 67 condados del estado que no pueden negar los permisos a los inmigrantes.

El fallo ocurrió pocas horas después de la celebración de una audiencia en la que una coalición de abogados de derechos civiles argumentó que negar los permisos era parte de un plan para expulsar del estado a los inmigrantes.

Thompson añadió en su dictamen que validar el estado migratorio legal es una función federal, y que las autoridades estatales no han tomado medidas para usar uno de varios programas federales a fin de determinar el estado de los receptores de casas prefabricadas.

El primer bloqueo

El fallo del juez Thompson no es el primer bloqueo parcial a la polémica ley HB56 de Alabama. El 28 de septiembre, día antes de su entrada en vigor, la jueza federal de Distrito en Birmingham, Sharon L. Blackburn, falló a favor de partes polémicas de la cuestionada ley migratoria HB 56, que entre otras medidas criminaliza la estadía sin papeles y autoriza a las escuelas primarias y secundarias a verificar el estado migratorio de sus alumnos.

Blackburn dijo que la ley federal no le prohíbe al estado obligar a las escuelas a verificar el estatus inmigratorio de los estudiantes. Tampoco prohíbe a la policía determinar el estado migratorio de los individuos que sean detenidos y que exista una sospecha razonable que se trata de indocumentados.

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Con esta decisión Blackburn rechazó puntos cruciales de varias demandas interpuestas por el Departamento de Justicia, organizaciones que defienden los derechos civiles y grupos religiosos, entre otros.

Delito criminal

Con el dictamen de Blackburn, la HB 56 convirtió en delito criminal menor, bajo la ley de Alabama, el no llevar consigo una prueba de identidad o documento de registro de extranjeros que demuestre que el portador se trata de una persona que tiene permanencia legal en Estados Unidos.

Agrega que los agentes de policía deberán hacer un esfuerzo razonable, cuando sea posible, para determinar el estado migratorio de una persona detenida o arrestada cuando exista una sospecha razonable que se trata de un extranjero indocumentado.

Si una persona es arrestada por conducir sin licencia, y el agente no puede determinar que esa persona tiene una licencia de conducir válida, el detenido deberá ser conducido lo antes posible ante un juez competente en un esfuerzo razonable para determinar la nacionalidad del conductor.

En caso de tratarse de un indocumentado, el chofer será detenido hasta el juicio o hasta que sea entregado a las autoridades federales de inmigración, dice el fallo.

Las personas que no porten documentos que prueben su situación migratoria podrán ser sancionadas con una multa de $100 o 30 días de cárcel.

No será delito

En su dictamen, Blackburn también consideró que no son catalogados como delitos el que un inmigrante indocumentado solicite trabajo, o que una persona transporte o de refugio a un inmigrante sin papeles.

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Las otras dos medidas bloqueadas temporalmente buscan permitir que haya demandas por discriminación contra las empresas que despidan a trabajadores con residencia legal mientras contratan a inmigrantes ilegales, y prohibir que las empresas puedan hacer deducciones fiscales por los salarios pagados a trabajadores que viven ilegalmente en Estados Unidos.

La HB 56 tampoco podrá prohibir los contratos de alojamiento por una noche, los contratos para la compra de alimentos, los contratos de servicios médicos o los contratos para el transporte de un extranjero que regrese a su país de origen.

Según el fallo de la jueza Blackburn, la corte determinó que hay probabilidades de que el gobierno federal tendrá éxito en partes de su demanda.

No es delito no portar documentos, pero la policía sí puede detener a indocumentados

El segundo bloqueo

A mediados de octubre un tribunal federal de apelaciones bloqueó partes polémicas de HB56. El dictamen frenó el poder otorgado las escuelas para averiguar y registrar el estado migratorio de alumnos nuevos y sus padres, y ya no constituye delito no portar documentos.

Pero la policía mantuvo los poderes extraordinarios para que sus agentes puedan detener a individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados.

La suspensión ocurrió luego de que el Departamento de Justicia apelara a esa instancia para solicitar que se bloqueara la legislación mientras continuaba en curso una demanda para anular la polémica medida.

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El gobierno del Presidente Barack Obama pidió a la Corte de Apelaciones del 11 Circuito dejar en suspenso la HB56 hasta resolver las dudas respecto a la constitucionalidad de la legislación.

Tanto el gobierno como las organizaciones que defienden los derechos civiles estiman que el debate jurídico sobre el tema podría demorar meses.

El gobierno de Obama reitera que el tema migratorio es una competencia federal y que no le corresponde regularlo a los estados, y advierte que el asunto tiene implicaciones de política exterior y que el Congreso delegó estas responsabilidades en el gobierno federal.

La postura del gobierno

La demanda interpuesta por el gobierno de Obama tiene como objetivo frenar su puesta en vigor de la HB56. El Departamento de Justicia argumenta que la HB56 es incongruente con la ley federal y mina las prioridades migratorias federales.

El señala que la ley de inmigración de Alabama aumenta las oportunidades para que la policía envíe a los inmigrantes a la cárcel por varios nuevos delitos migratorios.

El Departamento de Justicia también advierte que la HB56 supondrá grandes cargas para las agencias federales, desviando recursos destinados a la captura de criminales extranjeros peligrosos y otros objetivos de alta prioridad.

"La HB56 impone cargas adicionales sobre los niños, exigiendo que los estudiantes demuestren su presencia legal, lo que podría desanimar a los padres de matricular a sus hijos en la escuela", escribió el Departamento de Justicia.

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Éxodo de indocumentados

Tras la puesta en vigor de la HB56 el 29 de septiembre, cientos de hispanos abandonaron el estado por miedo a ser detenidos, arrestados y deportados de Estados Unidos por no tener permiso legal de estadía. Otros cientos se encuentran en proceso de irse en busca de mejores oportunidades en otros estados.

Simultáneamente, padres de familia sin papeles han firmado poderes notariales para dejar a sus hijos a cargo de familiares y amigos en caso de ser deportados, y de esa manera po perderla custodia de sus pequeños.

El abogado Sigfredo Rubio, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo a Univision.com que por ahora los daños causados por la HB56 “son muy difíciles de cuantificar. Pero estamos recopilando la información para poder conocer una medida y darnos cuenta del daño causado a las personas y al estado".

Rubio dijo que por ahora existen antecedentes de personas que han sido enjuiciadas bajo cargos de la HB56, otros que han sido procesados por otros delitos más cargos levantados por violaciones a la HB56 y algunos que, después de recibir cargos, llegaron a acuerdos con la fiscalía, les retiraron los cargos de la HB56 y quedaron sólo los delitos por los que fueron arrestados.

"Pero todo eso lo estamos evaluando para conocer la magnitud del impacto que esta ley tiene en los inmigrantes de Alabama", subrayó.

También dijo que en algunos casos "los daños causados por la ley de Alabama han sido escondidos", y que también hay que "revisar aquellos daños que todavía son más difíciles de cuantificar, como por ejemplo el éxodo de trabajadores inmigrantes, el miedo de la gente, las personas que tenían casos legales y que no demandaron por miedo a ser arrestados y deportados, gente que dejó de ir a trabajar, niños que dejaron de ir a la escuela, la mala impresión que han tenido los extranjeros de Alabama y los negocios y los campos que cerraron porque se quedaron sin trabajadores".

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Otros detalles de la ley

Además de criminalizar la estadía indocumentada y otorgar poderes extraordinarios a las policías, la HB56 obliga a los empleadores a inscribirse y utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de sus trabajadores nuevos.

También prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos "OEA-) exhortó en junio a las autoridades estadounidenses a que modifiquen la ley HB56 para adaptarla a las leyes internacionales de derechos humanos.

"Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

Según datos de la oficina del Censo, en Alabama viven poco más de 187 mil latinos.

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