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Concejos de Arizona demandarán al Estado por la ley antiinmigrante

Concejos de Arizona demandarán al Estado por la ley antiinmigrante

Consejos municipales de Tucson y Flagstaff votaron a favor de demandar al estado de Arizona por la nueva ley de inmigración.

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Batalla en cortes

FLAGSTAFF - Los Consejos municipales de Tucson y Flagstaff votaron a favor de demandar al estado de Arizona por la nueva ley de inmigración debido a los costos policiales que les impondrá y las consecuencias negativas para el sector turístico.

Son los primeros municipios que aprueban cuestionar la ley por la vía legal. Días atrás, el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, propuso una demanda, pero el procurador de la ciudad dijo que carecía de autoridad para hacerlo sin el respaldo del Consejo.

La nueva ley de Arizona otorga poderes especiales a las policías locales (estatal y municipal) para que ejerza la ley de inmigración, entre otras regulaciones.

El consejo municipal de Flagstaff votó unánimemente una resolución según la cual la ley es un mandato sin fondos para asumir las responsabilidades del gobierno federal.

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Cientos de personas asistieron a su reunión el martes por la noche.

Consultas legales

El consejo consultará con abogados y podría iniciar su propia demanda o unirse a Tucson y otros municipios para combatir la ley.

Horas antes, el Consejo de Tucson aprobó una resolución de demandar al estado, con un solo voto en contra.

El alcalde, Bob Walkup, dijo que la ley se basa en la idea errónea de que los inmigrantes indocumentados perjudican la calidad de vida y la economía de la región.

Dijo que buena parte de la economía de Tucson depende de los turistas mexicanos que vienen de vacaciones o de compras, según el periódico Arizona Daily Star.

Estas demandas se suman a las ya entabladas por la Coalición Nacional de Sacerdotes Latinos y Líderes Cristianos, un investigador de Washington y dos agentes de policía, uno de Phoenix y el otro de Tucson. Los agentes iniciaron la demanda como particulares, no en representación de sus empleadores.

¿Qué debería hacer Arizona con la ley antiinmigrante? Comente aquí.

México vigila

El secretario de Gobernación de México, Fernando Gómez Mont, afirmó en Washington que su país sigue de cerca los procedimientos legales sobre la ley de Arizona que, a su juicio, podría conducir a un trato racista de los mexicanos en ese estado.

La ley, promulgada el 23 de abril por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y modificada el 30 de ese mes, criminaliza a los inmigrantes indocumentados y ha causado fricciones entre Estados Unidos y México.

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Según Gómez Mont, la ley podría conducir a la discriminación racial y perjudicar también a los mexicanos que residen de forma legal en Arizona.

"Respetamos y entendemos que esto es un asunto nacional, y entendemos que es una decisión soberana por parte de Estados Unidos… Estoy vigilando cuidadosamente los procedimientos legales", dijo Gómez Mont durante un foro en la Institución Brookings junto con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano.

Vaticinan problemas

La ley en cuestión "traerá más problemas que soluciones y el asunto migratorio tiene que resolverse de forma distinta", agregó Gomez Mont.

El funcionario mexicano reconoció que la inmigración ilegal es un asunto "difícil" en Estados Unidos, pero señaló que "la confianza ha funcionado mejor que la desconfianza y la intolerancia".

Por su parte, Napolitano reiteró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está evaluando el impacto de la ley SB 1070, pero no precisó si la agencia la impugnará en las cortes ni cuándo anunciaría su decisión.

Napolitano señaló, como lo ha hecho en otras ocasiones, que vetó leyes similares cuando fue gobernadora de Arizona porque, en su opinión, la SB 1070 va a interferir con otras prioridades de las autoridades policiales.

Temen racismo

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Napolitano no se pronunció sobre el hecho de que, cuando entre en vigor la ley a finales de julio, la policía local podrá detener a quienes sospeche que son indocumentados.

Ese elemento ha suscitado críticas de la ley no sólo viola la Constitución sino que abre la puerta a la institucionalización del racismo.

Napolitano dijo que entiende la "frustración" de los residentes en Arizona, estado que se ha convertido en uno de los principales corredores para el tráfico de drogas e inmigrantes indocumentados.

Agregó que, de acuerdo con las encuestas, por un margen de 2 a 1, los estadounidenses entienden la necesidad de una reforma migratoria que incluya una mayor vigilancia en las fronteras y que permita una vía para la legalización de los inmigrantes indocumentados.

"No vamos a deportar a los que ya se encuentran acá de forma ilegal", dijo.

Reforma estancada

En ese sentido, insistió en que el Gobierno del presidente Barack Obama sigue apoyando la puesta en marcha de una reforma migratoria integral, aunque ésta no se logrará sin apoyo bipartidista "y por ahora no lo tenemos".

Pese a la falta de apoyo republicano a la reforma, el presidente Obama "piensa seguir trabajando sobre este asunto, lo apoya, y creo que al final la conseguiremos", dijo Napolitano.

Preguntada sobre un posible cronograma para su aprobación, Napolitano dijo no saber si eso podrá ocurrir antes o después de los comicios legislativos del próximo 2 de noviembre.

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Tanto Napolitano como Gómez Mont destacaron la cooperación bilateral "sin precedente" para fortalecer la seguridad fronteriza y combatir la violencia generada por el narcotráfico, sin perjudicar el flujo del comercio en la zona.

Para Napolitano, la región fronteriza requiere de la atención de ambos gobiernos "en todo momento", entre otras cosas por el volumen de comercio en la zona, si se toma en cuenta que para 22 estados de la nación, México figura como un socio comercial clave.

Sin embargo, Napolitano consideró que en el Congreso de Estados Unidos "probablemente no haya apetito para re instaurar la prohibición de armas de asalto", como las que fluyen hacia el Sur y nutren la narcoviolencia en México.

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