Comisión Interamericana de Derechos Humanos fustigó la ley de Alabama

CIDH fustigó la ley migratoria de Alabama

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La ley HB 57 de Alama otorga poderes extraordinarios a la policía local para detener a individuos si tiene "duda razonable" que se encuentran indocumentados en Estados Unidos.

La OEA teme discriminación cuando la ley entre en vigor la HB 56

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó el viernes a las autoridades estadounidenses a que modifiquen la ley HB 56, que entre otras medidas criminaliza la estadía indocumentada, para adaptarla a las leyes internacionales de derechos humanos.


"Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

La HB 56, inspirada en la también polémica y cuestionada SB 1070 de Arizona "promulgada el 23 de abril del año pasado y cuyas partes más polémicas se encuentran suspendidas temporalmente por una corte federal-, otorga poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para que sus agentes exijan papeles de estadía migratoria en Estados Unidos a individuos detenidos por cualquier otra ley vigente o si tienen sospechas razonables que se trata de indocumentados.

También obliga a las escuelas a verificar el estatus migratorio de los estudiantes y castiga severamente el transporte y/o alojamiento de extranjeros indocumentados.

Demanda modificación


La CIDH conminó a las autoridades estadounidenses "a utilizar los mecanismos legales que tenga a su alcance para modificar estas leyes y ajustarlas a los estándares internacionales de derechos humanos".

La HB 56 no define ni especifica cuál es la "sospecha razonable" que permitiría a un policía a pedir papeles migratorios un individuo, por lo que puede conducir a que los agentes usen "perfiles raciales", señaló la CIDH, ente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asimismo, penalizar "el transporte o alojamiento de migrantes podría obstaculizar de forma indebida las labores de asistencia y protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos de las personas migrantes", indicó.

Los derechos a la libertad, integridad personal y no discriminación no pueden subordinarse a leyes migratorias, estimó la comisión.


A partir del septiembre

La polémica ley de Alabama entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.

En Alabama viven entre 50 mil y 70 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos provenientes de América Latina, principalmente de México.

Además de criminalizar la estadía sin papeles, la HB 57 obliga a los comerciantes a verificar el estado migratorio de sus trabajadores, convierte en delito estatal no llevar consigo documentos de identificación y las empresas con más de 25 empleados están obligadas a inscribirse en el programa federal E-Verify.


La HB 56 también prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”.

"La gente tiene miedo"

Cesar Marfil Rubio, un periodista y activista comunitario en Birmingham, dijo que la ley fue promulgada "ahora que hay más trabajo en Alabama", empleos creados para reconstruir el estado tras el paso de mortales tornados en mayo que dejaron cientos de muertos cuantiosos daños materiales.

"Los eventos de entrenamiento ya no son masivos como antes. La gente tiene miedo. Muchos inmigrantes tienen sus casas en Alabama, sus hijos que aquí nacieron y están muy nerviosos. La mayoría son mexicanos, casi el 65%. Luego siguen los guatemaltecos y los hondureños. La mayoría de los trabajos están en las polleras (criaderos de pollos), la construcción y los servicios", señaló.


Con excepción de Arizona "el primer estado en aprobar una ley de este tipo- la estadía indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil, pese a varios intentos en el Congreso por criminalizarla.

Alistan demanda

"Antes del 1 de septiembre nosotros tendremos lista una demanda para ponerle un alto O para que las cortes revisen la constitucionalidad de la ley", dijo el abogado Sigfredo Rubio, de la ACLU. "Estamos en proceso de buscar personas que tengan derecho a demandar basado en lo que la ley dice".

"Por ejemplo iglesias que tengan miembros o feligreses indocumentados y que la iglesia tenga que transportarlos, o abogados que tengan clientes indocumentados y que deban transportarlos a la Corte. Estamos revisando cada sección de la ley para encontrar personas que tengan derecho a demandarla", explicó.


En abril, tras la aprobación de la HB 56 en la Cámara de Representantes y antes de los acuerdos alcanzados posteriormente con el Senado, Rubio dijo que la ley era “inconstitucional” y anticipó que la entidad, junto con otras organizaciones estatales y nacionales, demandará judicialmente la iniciativa en el caso que sea promulgada.

“No será aprobada por las Cortes. La ley propuesta es lo mismo que trataron de pasar en Arizona, que alienta a las policías locales a detener personas determinados por el perfil racial, por las características físicas de los individuos. La Corte ya sentó un precedente”.

El número de sin papeles

Según datos de la oficina del Censo, en Alabama viven poco más de 187 mil latinos. “Pero obviamente esa cifra está por debajo del 30% del número real”, indicó Rubio.


Además de la ACLU, la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles y el organismo Southern Poverty Law Center advirtieron que también presentarán demandas en contra de la polémica HB 56.

A finales de junio del año pasado la CIDH emitió un informe en el que concluyó que en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó.

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