Cautela tras anuncio de acuerdo que permitiría el regreso de algunos deportados

Cautela tras acuerdo sobre deportados

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El acuerdo podría permitir que miles de indocumentados que firmaron la salida voluntaria entre junio de 2009 y agosto de 2014 en el sur de California regresen a Estados Unidos.

Por Jorge Cancino

Un acuerdo prejudicial alcanzado entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que obliga a las autoridades federales a informar a los indocumentados las consecuencias de firmar una “salida voluntaria”, fue aplaudido con cautela por activistas y abogados.


“Me parece algo bueno”, dijo a UnivisionNoticias.com Gloria Saucedo, presidenta de la Hermandad Internacional en Los Angeles. “Ahora le tendrán que avisar a los inmigrantes sus derechos y explicarles claramente qué significa, que consecuencias tendrán si firman una solicitud de salida voluntaria de Estados Unidos”.

El acuerdo, anunciado el miércoles por la ACLU, fue alcanzado tras una demanda que interpuso la organización de derechos civiles en 2013 contra la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), en la que denunció que agentes de esta dependencia del DHS daban información errónea y presionaban a inmigrantes mexicanos para obligarlos a firmar su salida del país.

Aunque todavía debe ser ratificado por un tribunal y escribir el reglamento, para conocer quiénes serán beneficiados y cómo, algunos detalles ya se conocen, entre ellos que beneficiará a miles de inmigrantes del sur de California deportados entre junio de 2009 y el 18 de agosto de 2014.

Miles de deportados desde California podrían regresas a EEUU gracias a un acuerdo
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Salgado explicó que las demoras en los procesos de deportación y el encierro en las cárceles de ICE “hacen que hombres y mujeres se desesperen. Y si se suma el desconocimiento del sistema y del idioma, es fácil engañarlos para que firmen la salida voluntaria y pierdan todos sus derechos de permanecer en este país”.

“No aguardan su día en corte. Piensan que saliendo rápido y que la salida es voluntaria, podrán volver a México y tratar de regresar, pero al ser deportados descubren que la vida se les vuelve más difícil”, explicó.

“Los que firmaron la salida voluntaria no sabían que tenían derechos. Y tampoco sabían que al pedir la salida voluntaria les caía encima la Ley del Castigo”, apuntó la activista.

La Ley del Castigo fue aprobada por el Congreso en 1996. Señala que los indocumentados que permanecen más de 180 días indocumentados serán castigados con tres años fuera del país sin derecho a volver previo la gestión de un permiso consular. Y si la permanencia supera los 365 días, el castigo aumenta a 10 años.


“Todo esto ahora tendrán que explicárselo a los indocumentados”, dijo Saucedo. “No es justo que sigan separando familias. Muchos han sido afectados en estos cinco años y ahora, una vez salga el reglamento, podrán iniciar el proceso para recuperar sus casos en las cortes de inmigración.

Para Juan José Gutiérrez, presidente del Movimiento Latino USA de Los Angeles, el preacuerdo judicial anunciado por ACLU “modifica toda una política de desinformación e intimidación que ha generado la deportación de personas en los últimos cinco años”.

Si bien no se sabe por ahora cuántos inmigrantes deportados serán beneficiados, Gutiérrez dijo que “son miles, teniendo el cuenta el alto número de deportados registrados durante el gobierno del presidente Barack Obama”.

Entre los aplausos cautelosos asoman dudas. “En ningún lado se esclareció o se proveyó información de cómo será la mecánica, cómo los afectados podrán iniciar el proceso para que se les considere que pueden permanecer en Estados Unidos”, dijo Gutiérrez.


“Por ahora conocemos que el acuerdo sólo se refiere a quienes hayan sido arrestados, amenazados con graves consecuencias si no firmaban la salida voluntaria y que calificarían para la residencia permanente porque tienen elementos importantes que les permitirían quedarse en el país, como por ejemplo los casados con residentes o ciudadanos, o padres de niños nacidos en Estados Unidos y que tienen familias establecidas durante años”, explicó.

Mientras se conocen los detalles, Gutiérrez dijo que los afectados deberán ir pensando en conseguir un abogado para preparar cada caso. “Adjuntar pruebas de familia, matrimonio, buen carácter moral, tiempo de permanencia en Estados Unidos y antecedentes criminales. Todo esto será tomado en cuenta en cada caso. Y en los procesos que se abran en las cortes de inmigración, el juez analizará las evidencias para decidir si existen causas ciertas para que el inmigrante que fue deportado se quede”.

Pero no todo será tan fácil. Lilia Velásquez, profesora adjunta de la California Western School of Law de San Diego, señala que el acuerdo prejudicial “en principio es algo positivo” y es bueno que “el DHS haya reconocido que la Patrulla Fronteriza reconozca que estaba violando los derechos de las personas al no decirles que tenían derecho de acudir ante una corte de inmigración para que un juez decidiera sus permanencias en Estados Unidos”.

“No obstante, ¿cómo se va a poder identificar a las víctimas?”, preguntó. “Es muy importante saber que la mayoría de estas personas, que fueron forzadas a firmar las órdenes de salida voluntaria, están aquí de regreso y no saben si podrán o no dar la cara”.


Velásquez también dijo será importante establecer “qué derechos tenían las personas asumiendo que no hubieran firmado la salida voluntaria de Estados Unidos. “Simbólicamente es una victoria muy importante. Por ahora ayudará más a los casos en el futuro porque todavía no sabemos cómo se beneficiarán y cuántos de los que fueron deportados entre mediados de junio de 2009 y el 18 de agosto de este año podrán pedir que sus casos sean revisados”, dijo.

Mientras anuncian la validez el acuerdo y el reglamento, “los inmigrantes que fueron deportados pueden comunicarse con las oficinas de la ACLU en el Sur de California para abrir expedientes, investigar cada caso y saber si la persona puede regresar a Estados Unidos”, explicó a UnivisionNoticias.com el abogado Ezequiel Hernández.

“Y no importa si el inmigrante fue detenido en el sur de California, en San Diego. Aunque hayan sido detenidos en otros estados, o vivieron en otras ciudades, pueden comunicarse con la ACLU. La Unión quiere ahora demandar en otras jurisdicciones donde ocurrieron situaciones similares”.

Hernández advirtió que las personas que tienen delitos criminales no calificarán para volver a Estados Unidos.


“Aquellos que tenían alivio migratorio en el momento en que fueron deportados, como por ejemplo un caso pendiente de ajuste de estado por medio de un Formulario I-130, tiene familiares que lo pidan, llevaba tiempo en el país, hijos y esposa, podrán eventualmente ser añadidos al acuerdo y reabrir sus casos”, agregó.

“Pero cuidado”, apuntó. “No todos van a calificar. Hay que ponerse en contacto con la ACLU de San Diego que ellos abrirán un expedientey determinarán qué quiénes serán presentados para reabrirlos y llevarlos ante una corte de inmigración”.

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