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Indocumentados que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y tienen hijos ciudadanos o residentes permanentes, podrán pedir el amparo de la deportación y una autorización de empleo.

Carolina del Sur suspendió partes de la ley antiinmigrante SB20

Carolina del Sur suspendió partes de la ley antiinmigrante SB20

Carolina del Sur cedió ante la presión en las cortes y suspendió partes de la ley antiinmigrante SB20.

Indocumentados que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y...
Indocumentados que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y tienen hijos ciudadanos o residentes permanentes, podrán pedir el amparo de la deportación y una autorización de empleo.

La medida se inspiró en la polémica SB1070 de Arizona.

Carolina del Sur cedió ante la presión ejercida en las cortes por una coalición de organizaciones de la sociedad civil y suspendió la ley antiinmigrante SB20.

La ley, entre otras medidas, otorgaba poderes extraordinarios a las policías locales para que sus agentes actuaran como policías federales y arrestaran a inmigrantes indocumentados.

La ley fue promulgada en junio de 2011 y parcialmente suspendida por cortes federales ese mismo año.

El gobierno de México se congratuló por el acuerdo alcanzado entre organizaciones civiles y el gobierno de Carolina del Sur, el cual suspendió de forma permanente algunas disposiciones migratorias que perjudicaban a personas sin papeles de estadía legal.

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La estadía indocumentada es una falta de carácter civil no criminal en Estados Unidos.

Sin efecto

Además de suspender los poderes extraordinarios a las policías locales, también quedó sin efecto la posibilidad de detener o prolongar la detención de una persona, sólo para inquirir sobre su condición migratoria.

La cancillería mexicana dijo que entre las disposiciones que quedan sin efecto destacan la penalización por alojar y transportar a personas indocumentadas, la obligatoriedad de portar prueba de registro migratorio y la criminalización por el uso de identificaciones falsas.

También queda sin efecto la posibilidad de detener o prolongar la detención de una persona, sólo para inquirir sobre su condición migratoria.

La ley SB20 de Carolina del Sur se inspiró en la también polémica SB1070 de Arizona. La medida, patrocinada por republicanos, fue aprobada por 69 votos a favor y 43 en contra y exigía que la policía local (estatal y municipal) revisara el estado de inmigración de sospechosos y ordenaba que todos los negocios revisaran sus contrataciones a través del polémico programa federal E-Verify.

La ley de 2008

La SB20 hizo cambios a otra ley similar aprobada en 2008 que, entre otras disposiciones, sanciona severamente a empresas que contraten a sabiendas a inmigrantes indocumentados.

Los secretarios de Justicia y de Trabajo de Carolina del Sur habían pedido a principios de junio de 2011 a la legislatura que ajustara la propuesta de ley a un reciente fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que dictaminó que los empleadores que contratan a indocumentados serán sancionados con el retiro de sus licencias de operación en vez de castigos económicos.

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Esta recomendación modificó una ley migratoria aprobada por el estado en 2008. Ese año Carolina del Sur aprobó una norma que sanciona con penas económicas a empresas que contraten trabajadores no autorizados y permite que la División Estatal de Cumplimiento de la Ley (SLED) negocie sociedades con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a indocumentados.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes habían advertido que si la ley era aprobada causará un impacto negativo en el estado.

Según los datos del Censo 2010, en Carolina del Sur más de 235.000 personas se identificaron como hispanas en ese año, un incremento del 148% en comparación con el 2000.

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