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Carolina del Norte no debate ley antiinmigrante

Comité de la Cámara decide no enviar a consideración del pleno iniciativa inspirada en la polémica SB 1070 de Arizona.

En los últimos dos años, seis estados de Estados Unidos han promulgado l...
En los últimos dos años, seis estados de Estados Unidos han promulgado leyes antiinmigrantes bajo el argumento de que el Gobierno federal no ha hecho nada para poner fin a la inmigración indocumentada.

Medida sigue los pasos de leyes similares promulgadas en otros estados como Arizona y Alabama

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La Asamblea de Carolina del Norte no debatirá por ahora una iniciativa de ley antiinmigrante inspirada en medidas similares promulgadas, entre otros estados, por Arizona, Alabama y Georgia.


Una comisión legislativa especial formada para examinar lo que Carolina del Norte puede hacer para combatir la inmigración indocumentada dijo el miércoles que no planean presentar nuevos proyectos de ley este año, reportó The Associated Press.

Harry Warren, segundo en la comisión, dijo que él y otros líderes republicanos decidieron esperar el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la Ley SB 1070 de Arizona, legislación que fue impugnada por el Departamento de Justicia federal.

Se prevé que el tribunal escuche los alegatos del caso a mediados de año.

El máximo tribunal de justicia de Estados Unidos anunció en diciembre examinaría la polémica SB1070, que criminalizó por primera vez la inmigración ilegal en un Estado y cuyas partes más controversiales se encuentran suspendidas por una corte federal.

Arizona recurrió las impugnaciones del departamento de Justicia contra su ley y elevó la queja a la Corte Suprema, que ahora examina la constitucionalidad de la norma.

La Corte emitirá una sentencia durante la actual sesión judicial, que termina en junio de 2012.

¿Cree que los estados deben tener sus propias leyes para combatir la inmigración indocumentada? Participe en el Foro de Inmigración.

Por qué no debatirán

Warren dijo que el corto periodo de sesiones programado para este año no es el momento adecuado para encargarse de iniciativas complicadas que podrían ser igualmente impugnadas.

"Nuestra meta es hacernos cargo del problema de la inmigración ilegal", dijo Warren. "Este será un período de sesiones corto. Yo no esperaría que entremos de lleno en algo".

The Associated Press dijo que ha habido mucha presión para que la mayoría republicana en Carolina del Norte, que tomó el control de la legislatura estatal en 2010, siga el ejemplo de sus homólogos de Arizona, Alabama, Georgia, Carolina del Sur y otros estados que han promulgado leyes estrictas que impiden a los inmigrantes sin papeles obtener servicios públicos si no demuestran que viven de manera legal en Estados Unidos.

Las legislaciones en estos estados, entre otras medidas, otorgan poderes extraordinarios a las policías locales para detener individuos si tienen duda razonable que se trata de indocumentados.

No lo esperaban

La decisión de los líderes republicanos de la Cámara de representantes de Carolina del Norte, de no abordar leyes migratorias este año, resultó sorpresiva para los dos bandos del debate sobre cómo combatir la inmigración indocumentada en el estado.

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William Gheen, presidente de Americans for Legal Immigration (Estadounidenses en favor de la Inmigración Legal), dijo que los líderes republicanos actuaban "cobardemente" por no abordar leyes migratorias este año.


Agregó que si no lo hacían, él y otros activistas buscarían destituirlos, reportó AP.

Entre quienes hablaron en la audiencia se encontraban estudiantes y recién graduados sin documentos legales de permanencia en el país, quienes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

Según la ley de Carolina del Norte, los indocumentados no pueden obtener licencias para conducir y podrían no ser elegibles para programas universitarios.

"Este es mi hogar", dijo Giovanna Hurtado, de 22 años, quien llegó a Carolina del Norte a los seis años y quien habla inglés sin acento que delate su origen extranjero.

La joven dijo que carece de documentación migratoria y que su condición implica que está bajo la constante amenaza de ser deportada del único hogar que conoce. "No sé cómo es México. No tengo recuerdos", agregó.

Estados antiinmigrante

Entre febrero y junio del año pasado, seis estados (Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur, Texas y Utah) aprobaron leyes migratorias inspiradas en la polémica SB 1070 de Arizona.

Entre otras medidas, las legislaciones incluyen la criminalización de la estadía indocumentada "que en el resto de estados sigue siendo una falta de carácter civil no criminal-, otorgan poderes extraordinarios a las policías (estatal y municipal) para que sus agentes detengan a individuos si tienen duda razonable que se trata de indocumentados y obliga a los empleadores a inscribirse en el programa federal E-Verify, para verificar el estado migratorio de los trabajadores.

Otras medidas castigan severamente el uso de documentos de identidad adquiridos de forma fraudulenta, prohíben las denominadas “Ciudades Santuarios” y rechazan la aceptación de las matriculas consulares como forma válida de identificación.

La ley HB 56 de Alabama

La ley migratoria HB 56 de Alabama fue promulgada el 9 de junio y entró en vigor el 1 de septiembre de 2011. Además de otorgar poderes extraordinarios a las policías para arrestar a individuos si tienen la sospecha que se trata de indocumentados, exige a las escuelas públicas que determinen la situación migratoria de los alumnos, un tema que desató miedo y un éxodo de inmigrantes sin papeles.

Esta parte de la ley fue frenada temporalmente por una corte federal.

En Alabama viven entre 50 mil y 70 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos provenientes de América Latina, principalmente de México.

La HB 56 también prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, y prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados.

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La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó la HB 56 para que las cortes revisen la constitucionalidad de la ley.


La ley de Carolina del Sur

La ley migratoria SB 20 de Carolina del Sur fue aprobada por el Senado el 21 de junio y la gobernadora Nikki Haley la promulgó una semana después, el día 27. Al igual que la SB 1070 de Arizona, criminaliza la estadía indocumentada.

La medida entró en vigor en enero.

Además de criminalizar la estadía sin papeles, la SB 20 exige a la policía local (estatal y municipal) revisar el estado de inmigración de sospechosos y ordena que todos los negocios revisen sus contrataciones a través del polémico programa federal E-Verify.

La SB 20 hizo cambios a otra ley similar aprobada en 2008 que, entre otras disposiciones, sanciona a empresas que contraten a sabiendas a inmigrantes sin papeles.

Carolina del Sur fue el primer estado en prohibir el ingreso de estudiantes indocumentados a colegios comunitarios y universidades estatales, en rechazar las “Ciudades Santuarios” y obligar a las empresas a registrarse y usar la herramienta federal E-Verify.

Partes de la ley de 2008 no han sido implementadas por la falta de dinero.

La Ley HB 87 de Georgia

La Ley migratoria HB 87 de Georgia fue promulgada el 13 de mayo, pero el 21 de junio una corte federal aceptó revisar la medida tras una demanda interpuesta por organizaciones de derechos civiles, entre ellas la ACLU.

Una semana después de iniciadas las escuchas de los argumentos de defensores y detractores de la ley, un juez federal bloqueó partes de la legislación que, entre otras recomendaciones, criminaliza la estadía indocumentada.

El 27 de junio del año pasado el juez Thomas Thrash congeló partes de la medida que castiga a personas que, a sabiendas, transporten o alberguen a indocumentados, y los poderes extraordinarios concedidos a la policía local (estatal municipal) para verificar la situación migratoria de individuos que no puedan demostrar que viven legalmente en Estados Unidos.

En el dictamen, Thrash escribió que bajo partes de la legislación, el estado está ejecutando leyes de inmigración que le corresponden al gobierno federal, y sobreseyó partes de la demanda a solicitud del estado.

La medida entró en vigor el 1 de julio.

Además de otorgar poderes especiales a las policías para arrestar a indocumentados, la HB 87 convirtió en delito grave la presentación de documentos falsos o de información falsa en las solicitudes de empleo e impone penas a quienes dan transporte o refugio a inmigrantes indocumentados a sabiendas.

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Leyes migratorias de Indiana


El 10 de mayo el gobernador de Indiana, Mitch Daniels, promulgó un paquete de leyes contra la inmigración indocumentada en ese estado. Entre otras medidas, las legislaciones convierten en un delito el uso de credenciales de identificación expedidas por consulados extranjeros, como por ejemplo la Matrícula Consular Mexicana.

Otra niega a los indocumentados el derecho de pagar las mismas cuotas que los residentes legales del estado en las universidades apoyadas por Indiana. También revoca algunos créditos fiscales a empresas que contratan a indocumentados.

El Senado de Indiana aprobó además una propuesta que otorga multas severas y retira licencias a compañías que contraten a inmigrantes sin papeles que demuestren su estadía legal en Estados Unidos.

La SB 590 permite a los agentes de policía locales (estatal y municipal) pedir documentos de residencia a personas que sean detenidas por infracciones menores, como de tránsito, si el oficial tiene una “sospecha razonable” de que el detenido es indocumentado.

El 24 de junio la jueza federal Sarah Evams Parker bloqueó las partes más controvertidas de la HB 1402 y SB 590, tras una demanda de la ACLU y el National Immigration Law Center. E impidió que la policía reciba poderes extraordinarios para realizar detenciones de inmigrantes que no han cometido delitos.

Otra parte bloqueada de la ley fue una medida que prohíbe a los indocumentados el uso de cédulas expedidas por consulados extranjeros como prueba de su identidad. La ACLU calcula que el consulado mexicano en Indianápolis ha emitido aproximadamente 70 mil de esas tarjetas de identificación, y señaló que esas medidas interferirían con los tratados internacionales que permiten su expedición.

Leyes migratorias de Texas

Texas debatió unos 40 proyectos de ley para combatir la inmigración indocumentada en ese estado del sur.

Una de ellas prohibió que las agencias de policía local impidan a sus agentes preguntar sobre el estatus migratorio de cualquier persona detenida, y otra frena la aprobación de las denominadas “ciudades santuario”.

A mediados de junio la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, aprobó una medida para otorgar poderes extraordinarios a las policías bajo el argumento que ayudará al combate de los delitos cometidos por los indocumentados.

Varios departamentos policiales de Texas advirtieron que la ley pondrá en el ostracismo a las comunidades locales de inmigrantes y hará que muchos tengan miedo de denunciar delitos.

A principios de abril de 2011, tras una ola de protestas, el gobernador Rick Perry pidió a los legisladores que le ayudaran a abolir las “Ciudades santuario” bajo el argumento que en esos lugares se protege a indocumentados.

Texas es el segundo estado con más “Ciudades Santuario” en Estados Unidos, con 15. California ocupa el primer lugar con 31, de acuerdo con datos de Sanctuary Cities, un sitio web que agrupa y califica a las ciudades según el trato que reciben los extranjeros sin papeles.

La ley migratoria de Utah

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En marzo del año pasado el gobernador Gary Herbert promulgó la ley migratoria de Utah que exige a las personas probar su estatus migratorio si son arrestados por delitos graves (ciertos delitos relacionados drogas hasta asesinato). También concede discrecionalidad a la policía para revisar los papeles migratorios en casos de infracciones de tráfico y otros delitos menores.


La ley también obliga a las ciudades y condados gastar hasta $11 millones para verificar la identidad de personas y detener a indocumentados, mandato que le significaría al gobierno del estado un gasto anual de $1 millón.

En octubre de 2010 legisladores de Utah habían anunciado que iban a seguir tras los pasos de Arizona en materia de inmigración para identificar a las personas que viven sin papeles válidos.

En mayo de 2011 la ACLU pidió un mandato judicial en una corte federal de Salt Lake City para aplazar la ley. Argumentó que ésta puede obligar a las personas a probar su ciudadanía al ser arrestadas por cualquier delito, y que existe el peligro muy real de caracterización racial de parte de los agentes de la policía.

El 10 de ese mes un juez bloqueó la polémica ley migratoria de Utah.

De acuerdo a los datos del Censo 2010, en Utah viven unos 2.7 millones de habitantes, de los cuales, 300 mil son hispanos, o sea, el 13 por ciento de la población. La población latina creció un 77 por ciento en la última década.

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