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El programa Comunidades Seguras ha estado en la mira de los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes.

Cambios a Comunidades Seguras: Del dicho al hecho hay mucho trecho

Cambios a Comunidades Seguras: Del dicho al hecho hay mucho trecho

Cambios a Comunidades Seguras: Del dicho al hecho hay mucho trecho

El programa Comunidades Seguras ha estado en la mira de los activistas q...
El programa Comunidades Seguras ha estado en la mira de los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes.

¿Primer paso en la dirección correcta?

WASHINGTON, DC " Para algunos sectores los cambios anunciados al programa de deportaciones Comunidades Seguras suponen un primer paso en la dirección correcta. Para otros es preocupante que los cambios estructurales de fondo que requiere el programa no se anunciaran porque quedarán en manos de una junta asesora que apenas se está integrando.

Pero finalmente la prueba de fuego para los cambios anunciados el viernes será su implementación porque como dicen, el papel todo lo aguanta y de la teoría a la práctica hay un mundo de diferencia.

El director de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), John Morton, dice que los cambios responden al interés de que sea “mejor” y de atender a las preocupaciones esbozadas por líderes comunitarios, agentes del orden público, gobiernos locales, estatales y legisladores federales porque ha resultado en la deportación de personas sin historial criminal y porque ha minado la relación entre la comunidad con agencias policiales locales y estatales.

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El problema es que cambiar la fachada no resuelve el problema estructural que tiene este programa.

Comunidades Seguras se supone que identifique a criminales indocumentados fichados por autoridades locales y estatales, pero se calcula que una tercera parte de los deportados no tienen historial criminal y otra tercera parte ha cometido delitos menores.

Grupos pro inmigrantes catalogaron los cambios como meramente cosméticos aunque coincidieron en que suponen una admisión por parte de ICE de las fallas del programa.

La agencia anunció la creación de una junta asesora que haría recomendaciones sobre cómo enfocarse en aquellos inmigrantes que realmente suponen una amenaza a la seguridad nacional y el primer reporte, que deberán entregar en 45 días, tiene que ver con la implementación de políticas que frenen la deportación de personas acusadas pero no convictas de violaciones menores de tránsito que no tengan historial criminal o que no hayan cometido otra falta migratoria que las haga deportables.

También se pretende tratar de amparar a víctimas de violencia doméstica y testigos o víctimas de crímenes.

Se anunciaron además medidas de entrenamiento a policías locales y estatales y se reafirmó la llamada discreción de fiscales y funcionarios locales en determinar quién es deportado considerando factores como buena conducta y lazos con la comunidad.

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Pero quedan muchas cosas sobre el tintero porque muchos de los cambios de fondo dependerán de la revisión de la junta asesora. ¿Qué pasará mientras tanto?

El programa es uno de los pilares de la política migratoria de la administración de Barack Obama y sin duda ha contribuido a establecer el récord de deportaciones de los pasados dos años.

Pero en días pasados ha aumentado la cifra y se ha intensificado el tono de las voces demócratas en contra del mismo.

En una entrevista con el diario La Opinión, de Los Ángeles, la líder de la minoría demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, catalogó el programa como un despilfarro del dinero de los contribuyentes.

“Creo que lo que se ha dado es una aplicación demasiado entusiasta, aunque el gobierno lo niega; sabemos lo que se dice que está pasando en las comunidades. Creo que es un desperdicio del dinero de los contribuyentes”, afirmó Pelosi.

Siete congresistas demócratas de California, entre ellos Xavier Becerra, Lucille Roybal-Allard y Judy Chu, instaron al gobernador demócrata de California, Jerry Brown, a suspender la participación de ese estado en el programa siguiéndole los pasos a Illinois, Nueva York y Massachusetts, también gobernados por demócratas.

El viernes Becerra declaró que se trata de un buen primer paso.

Jefes de policía y alguaciles se han pronunciado en contra del programa por considerar que genera desconfianza entre la población que deja de reportar delitos o servir de testigos por temor a la detención y la deportación.

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Con todo, el gobierno pretende ampliarlo a todas las jurisdicciones para el año 2013.

Legisladores demócratas han solicitado que se investigue la forma en que se está aplicando el programa a fin de determinar, entre otras cosas, si ha resultado en la violación de derechos civiles.

La pesquisa del Inspector General del DHS, originalmente programada para el año entrante, también se adelantó para el mes de agosto por la presión en contra del programa.

Y precisamente porque hay de por medio una pesquisa, su implementación actual debería frenarse mientras se hacen los cambios de fondo que logren que verdaderamente el programa se concentre en deportar a lo peor de peor.

Los cambios anunciados abordan apenas algunas de las preocupaciones centrales pero hay que ver si lo escrito se sostiene en la práctica porque del dicho al hecho hay mucho trecho.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America's Voice.

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