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Avanza investigación federal contra el "alguacil más duro de Estados Unidos"

Avanza investigación federal contra el "alguacil más duro de Estados Unidos"

El autoproclamado "alguacil más duro de EU" y su oficina están bajo una investigación federal tras acusaciones de abusos.

Avanza investigación federal contra el "alguacil más duro de Estados Uni...

Indagan acusaciones

PHOENIX - El autoproclamado "alguacil más duro de Estados Unidos" y su oficina están bajo una investigación federal enfocada en acusaciones de que abusaron de su poder, incluyendo tratar de intimidar a trabajadores del condado, dijo un funcionario de éste.

Un jurado investigador está al parecer indagando las acusaciones presentadas por funcionarios contra el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, cuyas agresivas tácticas para combatir la inmigración ilegal han ocasionado que en años recientes se haya convertido en una figura del sistema judicial conocida nacionalmente.

Al parecer investigadores federales están revisando las acciones de Arpaio como resultado de su enojo sobre recortes presupuestales transferidos por funcionarios del condado.

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Los recortes de presupuesto fueron parte de una larga desavenencia entre el alguacil y líderes del condado.

En un caso, Arpaio está acusado de investigar un proyecto de $340 millones para un edificio nuevo de tribunales en el centro de Phoenix porque pensó que el dinero debería ser utilizado para taponar agujeros en el presupuesto de su oficina.

Proceder dudoso

En otros casos, envió a agentes a las casas de trabajadores en noches y fines de semana para preguntarles sobre asuntos presupuestales.

"Su manera de mostrar su disgusto fue investigar, utilizando el proceso del sistema judicial en gente que simplemente estaba haciendo su trabajo", dijo el administrador del condado David Smith.

El y la subdirectora administrativa del condado, Sandi Wilson, fueron citados para comparecer ante un jurado investigador el miércoles.

Dijo no saber nada

Arpaio dijo el viernes que no está enterado de que un jurado investigador federal lo esté investigando y a su oficina.

"Yo actúo según las reglas, así que no voy a hablar sobre un jurado investigador", señaló Arpaio. "Pero le diré esto: Continuaré realizando mis investigaciones y mi trabajo".

Arpaio se ha enfrentado a funcionarios del condado por los recortes presupuestales, que totalizaron $17 millones este año, y por el control de un sistema de cómputo del condado que proporciona acceso a bases de datos del sistema judicial y a registros de correo electrónico de decenas de trabajadores del condado.

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¿Qué opina de la investigación que el gobierno federal le hace al alguacil Arpaio? Comente aquí.

Acusación de ACLU

Arpaio está siendo investigado por el Departamento de Justicia tras una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que lo acusó en 2009 de excesos en la ejecución del programa 287(g) y abuso de poder.

El programa 287(g) permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hacer acuerdos con policías locales (estatales y municipales) para arrestar a inmigrantes indocumentados.

Un informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), divulgado en julio del año pasado, mencionó preocupación de la entidad por la negativa de Arpaio para que miembros de la entidad visitaran un centro de detención de inmigrantes en Maricopa, hablaran con los reos y tomaran datos sobre quejas y denuncias por malos tratos.

La Comisión determinó que en varios centros carcelarios del DHS los inmigrantes viven en "condiciones inaceptables" y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

Ejemplo extremo

Omar Jadwat, abogado del programa de Inmigración de la ACLU, dijo en octubre que la oficina del alguacil de Maricopa encarna "todos los problemas" que tiene el plan 287(g), incluidos los arrestos por perfil racial, detenciones contraproducentes, disminución de la seguridad pública y la supervisión federal insuficiente.

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"Arpaio es uno de los ejemplos más extremos de un funcionario policial que abusa de su poder y actúa al margen de la Constitución", comentó Alexandra Soler, directora de la ACLU en Arizona.

Agregó que la conducta de Arpaio obliga a poner fin al acuerdo firmado entre el DHS y la oficina del alguacil.

En agosto de 2009, la ACLU y otras 521 organizaciones locales y nacionales que defienden los derechos civiles y de los inmigrantes enviaron una carta al Presidente Barack Obama pidiéndole que ponga fin al Programa 287(g), un plan que, aseguraron, ha dado lugar a la discriminación racial ilegal y abusos de los derechos civiles, incluida la detención ilegal y la deportación de ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes.

El gobierno respondió publicando un un nuevo reglamento de la controvertida sección incluida en la ley de inmigración vigente y que aprobó el Congreso en 1996.

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