Asamblea legislativa de Alabama aprobó severa ley migratoria

Alabama aprobó severa ley migratoria

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La ley HR 56 convirtió a Alabama en el segundo estado, después de Arizona, en criminalizar la estadía indocumentada, una acción que en los otros 48 estados sigue siendo una falta de caracter civil no penal.

Alabama se convierte en el segundo estado, después de Arizona, en criminalizar la estadía indocumentada

Luego de largas negociaciones entre ambas cámaras, la legislatura de Alabama aprobó el jueves una severa ley migratoria que, entre otras medidas, criminaliza la estadía indocumentada, obliga a los empleadores y propietarios de comercios verificar el estado migratorio de sus trabajadores y otorga poderes extraordinarios a las policías para detener a individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados.


La Cámara de Representantes aprobó la nueva ley por 67 votos a favor y 29 en contra, mientras que el Senado votó 25 a favor y siete en contra de la polémica medida inspirada en la polémica ley SB 1070 de Arizona.

La ley HB 56 fue aprobada tras un acuerdo alcanzado previamente por los autores de la iniciativa, el representante Micky Hammon y el senador Scott Beason, ambos republicanos.

La legislación aguarda ahora la firma del gobernador Robert Bentley, quien ha señalado que está dispuesto a promulgar la medida.

De qué se trata


La ley HB 56 de Alabama autoriza a las policías locales (estatal y municipal) que hayan parado a un automovilista por una infracción de tránsito a detenerlo si existe duda razonable que se trata de un indocumentado.

Los autores del proyecto señalan que si el conductor de un vehículo no tiene carné de manejar u otro documento de identidad, la policía  podrá tratar de determinar su identidad por otros registros.

A juicio de los promotores de la HB 56, la "sospecha razonable" puede incluir actuar de manera nerviosa o tener una inscripción que no concuerde con el registro del vehículo.

Los opositores de la medida, entre ellos la senadora demócrata Linda Coleman, dijo que la legislación conducirá a discriminación.


El National Immigration Forum (NIF) dijo que la ley de Alabama es similar a la ley SB 1070 de Arizona, cuyas partes más polémicas se encuentran suspendidas temporalmente tras un fallo de una corte federal el 28 de junio del año pasado "un día antes de entrar en vigor- en respuesta a una demanda interpuesta por el gobierno federal.

El Departamento de Justicia argumenta que el tema de la inmigración debe ser tratado por el gobierno federal de Estados Unidos y que la SB 1070 pone en situación de riesgo los derechos civiles de los estadounidenses.

Más detalles de la HB 56

Además de obligar a los comerciantes a verificar el estado migratorio de sus trabajadores y otorgar poderes extraordinarios a los policías, la ley de Alabama agrega:


Convierte en delito estatal no llevar consigo documentos de identificación.

Las empresas con más de 25 empleados están obligadas a inscribirse en el programa federal E-Verify, para verificar el estado migratorio de todos sus trabajadores. Quienes no lo hagan podrán ser sancionados con la suspensión de sus licencias de operación.

Se convierte en un delito estatal el transportar o dar albergue a un inmigrante indocumentado.

El NIF dijo que esto es especialmente preocupante porque muchos hogares están constituidos por inmigrantes mixtos, es decir, que uno o más integrantes de una misma familia no tienen papeles de estadía legal en Estados Unidos.


“De acuerdo con la nueva ley, si un ciudadano estadounidense lleva a sus padres indocumentados o a cualquier miembro de su familia en el vehículo, podría ser acusado de un delito”, dijo Katherine Vargas, secretaria de prensa del NIF.

La HR 56 además:

  • Exige que las escuelas públicas determinar el estado migratorio de sus estudiantes matriculados.
  • Exigir que los distritos escolares recopilen datos sobre el estado migratorio de los niños y presenten informes a la Junta de Educación del Estado.
  • Prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria.
  • Prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados.
  • Prohíbe la creación de “ciudades santuarios”


De ser promulgada, Alabama será el segundo estado, después de Arizona, que criminaliza la estadía sin papeles, una acción que en los otros 48 estados sigue siendo una falta de carácter civil no criminal

Condena generalizada


Helen Hamilton Rivas, una activista que defiende los derechos de los inmigrantes en Alabama, dijo que “me queda claro que quienes apoyan el proyecto de ley HB 56 saben que no tienen buena base constitucional para defenderlo”, y que los autores de la iniciativa “pudieran tener problemas para proveer datos confiables y defenderla”.

“Hemos recibido apoyo de todo el país por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto y faxes. Ojalá siga vigente esta condena”, indicó Hamilton.

Marina Padilla, quien también defiende los derechos de los inmigrantes en Collinsville, al norte de Alabama, dijo que la aprobación de la ley HB 56 “está muy mal” y que desde mucho antes del debate “la iniciativa está afectando a la población inmigrante del estado”.

“Algunos ya se han movido de sus casas, por miedo, para establecerse en otras partes. Eso nos preocupa. A los que se quedan les estamos ayudando a que adquieran formas válidas de identificación, como por ejemplo un pasaporte”, precisó.


Batalla en cortes

En abril tras la aprobación de la HB 56 en la Cámara de Representantes y antes de los acuerdos alcanzados el jueves con el Senado, el abogado Sigfredo Rubio, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo que la ley “es inconstitucional” y anticipó que la entidad, junto con otras organizaciones estatales y nacionales, demandará judicialmente la iniciativa en el caso que sea promulgada.

“No será aprobada por las Cortes. La ley propuesta es lo mismo que trataron de pasar en Arizona, que alienta a las policías locales a detener personas determinados por el perfil racial, por las características físicas de los individuos. La Corte ya sentó un precedente”.

Un día antes que la SB1070 de Arizona entrara en vigor, la Corte federal del Noveno Circuito frenó temporalmente algunos de los principales artículos conflictivos de la medida, sobre todo aquellos relacionados con los poderes otorgados a las policías para detener a personas sobre las que se sospechara que se trataba de indocumentados.


“Pienso que la Ley de Alabama ataca a las personas latinas pero no es lo suficientemente dura respecto a los empleadores estadounidenses que están contratando a trabajadores latinos”, añadió Rubio. “Cuando firmada por el gobernador la vamos a demandar y confiamos en que será detenida”.

Según datos de la oficina del Censo, en Alabama viven poco más de 187 mil latinos. “Pero obviamente esa cifra está por debajo del 30% del número real”, indicó Rubio.

Ley “vergonzosa”

“La ley de Alabama es una vergüenza para el país”, aseguró Vargas. “La constitución protege a todos los individuos que viven en el país, ciudadanos e inmigrantes, pero esta ley ignora esta verdad e infringe claramente los derechos civiles de los inmigrantes”.


La activista agregó que “de una manera muy cruel la HB 56 de Alabama pretende amedrantar a familias inmigrantes a través de medidas que sin duda alguna las cortes decidirán que son inconstitucionales. Es un acto indigno e inhumano buscar negarle la educación a niños y a jóvenes indocumentados que solo buscan un futuro mejor. Esta ley no hace nada para resolver los problemas migratorios, en vez creará un clima de terror y desconfianza que no beneficiará a nadie”.

Vargas también dijo que la ley migratoria de Alabama se transforma en un llamado de atención para el congreso federal. “Debe ser un aviso de alerta para todo el país sobre las consecuencias de la falta de valentía y de acción en el Congreso para una reforma migratoria comprensiva. Mientras siga existiendo el vacío federal, los estados actuarán por su cuenta para abordar el tema migratorio y como lo estamos viendo claramente en Alabama, los resultados serán medidas que infringen los derechos civiles y empeoran la situación para todo el país. Esta ley también debe ser un aviso de despierta para la comunidad hispana e inmigrante”.

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras los políticos explotan el tema migratorio para ganar puntos baratos con su base; debemos estar activamos en el proceso político si queremos exigir respeto para la comunidad inmigrante”, concluyó.

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