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Arpaio anunció nuevas redadas y el arresto de 141 indocumentados en 30 días

Arpaio anunció nuevas redadas y el arresto de 141 indocumentados en 30 días

El alguacil "más duro de Estados Unidos" anunció el arresto de 141 inmigrantes indocumentados en los últimos 30 días.

Arpaio anunció nuevas redadas y el arresto de 141 indocumentados en 30 d...

La ley anticoyote

PHOENIX - Menos de una semana después que la agencia The Associated Press reportara que un juez federal encontró fundamentos para sancionar a la oficina del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, por haber destruido expedientes como parte de una demanda que acusa a sus agentes de detener a innumerables hispanos sólo por su apariencia racial, el policía anunció nuevas redadas y dijo que arrestó a 141 inmigrantes sin papeles en los últimos 30 días.

La Agencia Española de Noticias (Efe) informó que la noche del miércoles, agentes de la oficina de Arpaio detuvieron a 35 indocumentados durante tres detenciones de tráfico al norte de Phoenix.

La mayoría de los apresados enfrenta cargos bajo la ley estatal anticoyote.

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"No retrocederé por presiones del Gobierno federal, activistas que apoyan la apertura de la frontera y políticos que escogen ignorar este problema por miedo de ofender a ciertos grupos de personas", dijo Arpaio en el comunicado. "La inmigración ilegal es un serio problema y afecta a todos", agregó.

La ley anticoyote (SB1372), denominada 'Human Trafficking Violation', fue aprobada por el Congreso de Arizona el 14 de marzo de 2005. Permite que autoridades locales presenten cargos en contra de traficantes de indocumentados o coyotes, así como contra aquellos que pagan por sus servicios. Los castigos van de seis meses a dos años y medio de cárcel y multas de hasta $250,000.

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La semana pasada, el alguacil, a quien algunos denominan "el sheriff más duro de Estados Unidos", anunció que inició tareas de entrenamiento de sus casi 900 agentes para ejercer funciones como agentes del servicio de inmigración, pese a que el Gobierno federal en octubre del año pasado le retiró esta facultad que ejercía bajo el amparo de la Sección 287(g) de la ley de inmigración.

El programa 287(g), aprobado por el Congreso en 1996, facultó al servicio de inmigración para hacer acuerdos con las policías locales (estatales y municipales) para que su personal ejerciera como agente de inmigración y procedieran a capturar a extranjeros son papeles que viven en Estados Unidos.

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La sección permaneció dormida durante cinco años, pero fue activada tras los ataques terroristas de 2001 como parte de la política de seguridad nacional del gobierno de Washington.

Arpaio aseguró que continuará con sus esfuerzos para frenar la inmigración ilegal y espera que la cifra de arrestos se incremente como resultado del nuevo entrenamiento de sus agentes.

¿Qué opina de los procedimientos que emplea el alguacil Arpaio para arrestar a inmigrantes indocumentados? Comente aquí.

El fallo de Snow

El viernes de la semana anterior el juez de distrito Murray Snow se abstuvo de imponer sanciones a la oficina de Arpaio en su fallo sobre una demanda por irregularidades en su desempeño durante el arresto de inmigrantes, pero sugirió que lo haría una vez que se resuelvan algunos asuntos relacionados, de acuerdo con un reporte de The Associated Press.

Desde comienzos de 2008, Arpaio ha realizado al menos 13 redadas de combate a la delincuencia y a la inmigración ilegal realizadas por sus agentes y por cuerpos de voluntarios, que operan en un área de alguna ciudad -algunas veces en zonas con población predominantemente latina- para buscar a infractores del reglamento de tránsito y a otras personas que cometan delitos.

El grupo de latinos que presentó la demanda contra la oficina de Arpaio argumentó que los agentes basaron algunas de las detenciones de tránsito en la apariencia de hispanos que conducían vehículos, sin causa probable para ordenarles que se pararan. Luego, indagaban sobre su situación migratoria.

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Investigación federal

A su vez, el Departamento de Justicia (federal) confirmó que investiga a la oficina de Arpaio por presunta discriminación, así como por realizar allanamientos y decomisos anticonstitucionales, pero no dio detalles de su investigación.

Arpaio considera que la indagatoria se concentra en sus esfuerzos para combatir la inmigración ilegal. El policía niega insistentemente que categorice por cuestiones raciales a los detenidos y señala que las personas abordadas por las autoridades durante las operaciones han sido seleccionadas porque los agentes tenían causas para suponer que habían cometido delitos.

No fue sino hasta posteriormente cuando los agentes descubrieron que muchos detenidos eran inmigrantes indocumentados, ha dicho Arpaio.

Algunos agentes de la oficina de Arpaio han reconocido que borraron sus correos electrónicos sobre los patrullajes y han desechado y triturado expedientes sobre detenciones de tránsito hechas durante los operativos.

En su fallo de la semana pasada, el juez Snow dijo que la oficina del alguacil fue negligente por no conservar los documentos y que la incapacidad de preservarlos es suficiente para justificar las sanciones. El juez pidió que los abogados de los denunciantes sugieran "inferencias adversas" que podrían sacarse de la destrucción de los documentos.

Correos clave

El abogado Peter Kozinets, que en representación de un puñado de latinos interpuso la querella, dijo que los expedientes sobre los controles de tráfico habrían permitido mostrar que el comisario dirigía esas paradas contra personas con rasgos latinos.

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Los correos electrónicos habrían aportado detalles de la planeación y ejecución de las patrullas sobre los indocumentados, indicó.

Por su parte, el abogado Timothy Casey, que representa a Arpaio, ha insistido en que el comisario no ha cometido violación alguna de la ley.

"Mi cliente actuó de buena fe", dijo.

Detalles del proceso

La investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia está enfocada en acusaciones de que la oficina de Arpaio abusó de su poder, incluyendo tratar de intimidar a trabajadores del condado.

Un jurado investigador indaga acusaciones presentadas por funcionarios contra Arpaio, cuyas agresivas tácticas para combatir la inmigración ilegal han ocasionado que en años recientes se haya convertido en una figura del sistema judicial conocida nacionalmente.

Medios de prensa han reportado que al parecer investigadores federales revisan las acciones de Arpaio como resultado de su enojo sobre recortes presupuestales transferidos por funcionarios del condado.

Los recortes de presupuesto fueron parte de una larga desavenencia entre el alguacil y líderes del condado.

En un caso, Arpaio está acusado de investigar un proyecto de $340 millones para un edificio nuevo de tribunales en el centro de Phoenix porque pensó que el dinero debería ser utilizado para taponar agujeros en el presupuesto de su oficina.

Actuación dudosa

En otros casos, el Alguacil de Maricopa envió a agentes a las casas de trabajadores en noches y fines de semana para preguntarles sobre asuntos presupuestales.

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"Su manera de mostrar su disgusto fue investigar, utilizando el proceso del sistema judicial en gente que simplemente estaba haciendo su trabajo", dijo el administrador del condado, David Smith.

El y la subdirectora administrativa del condado, Sandi Wilson, fueron citados para comparecer ante un jurado investigador en diciembre.

Arpaio ha dicho que no está enterado de que un jurado investigador federal lo esté investigando y a su oficina.

"Yo actúo según las reglas, así que no voy a hablar sobre un jurado investigador", señaló Arpaio. "Pero le diré esto: Continuaré realizando mis investigaciones y mi trabajo".

Acusación de ACLU

Arpaio, además, está siendo investigado por el Departamento de Justicia tras una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que lo acusó en 2009 de excesos en la ejecución del programa 287(g) y abuso de poder.

El programa 287(g) permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hacer acuerdos con policías locales (estatales y municipales) para arrestar a inmigrantes indocumentados.

Un informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), divulgado en julio de 2009, mencionó preocupación de la entidad por la negativa de Arpaio para que miembros de la entidad visitaran un centro de detención de inmigrantes en Maricopa, hablaran con los reos y tomaran datos sobre quejas y denuncias por malos tratos.

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La Comisión determinó que en varios centros carcelarios del DHS los inmigrantes viven en "condiciones inaceptables" y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

Ejemplo extremo

Omar Jadwat, abogado del programa de Inmigración de la ACLU, dijo en octubre que la oficina del alguacil de Maricopa encarna "todos los problemas" que tiene el plan 287(g), incluidos los arrestos por perfil racial, detenciones contraproducentes, disminución de la seguridad pública y la supervisión federal insuficiente.

"Arpaio es uno de los ejemplos más extremos de un funcionario policial que abusa de su poder y actúa al margen de la Constitución", comentó Alexandra Soler, directora de la ACLU en Arizona.

Agregó que la conducta de Arpaio obliga a poner fin al acuerdo firmado entre el DHS y la oficina del alguacil.

En agosto de 2009, la ACLU y otras 521 organizaciones locales y nacionales que defienden los derechos civiles y de los inmigrantes enviaron una carta al Presidente Barack Obama pidiéndole que ponga fin al Programa 287(g), un plan que, aseguraron, ha dado lugar a la discriminación racial ilegal y abusos de los derechos civiles, incluida la detención ilegal y la deportación de ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes.

El gobierno respondió publicando un nuevo reglamento de la controvertida sección incluida en la ley de inmigración vigente y que aprobó el Congreso en 1996.

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