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En Alabama viven entre 50 mil y 70 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos provenientes de América Latina, principalmente de México. La HB 56 los colocó al borde de la deportación.

Apelan la polémica ley migratoria HB 56 de Alabama

Apelan la polémica ley migratoria HB 56 de Alabama

Organizaciones de derechos civiles y el gobierno del presidente Barack Obama solicitaron a un tribunal federal que bloquee la polémica ley migratoria HB 56 de Alabama.

En Alabama viven entre 50 mil y 70 mil inmigrantes indocumentados, la ma...
En Alabama viven entre 50 mil y 70 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos provenientes de América Latina, principalmente de México. La HB 56 los colocó al borde de la deportación.

Gobierno de Obama y grupos de derechos civiles piden freno a polémica legislación

Organizaciones de derechos civiles y el gobierno del presidente Barack Obama solicitaron a un tribunal federal que bloquee la polémica ley migratoria HB 56 de Alabama, que entre otras medidas criminalizó la estadía indocumentada (un acto que en el resto del país con excepción de Arizona sigue siendo una falta de carácter civil no penal) y permite que las escuelas averigüen el estado migratorio de alumnos y padres de familia.

El miércoles 28 de septiembre una juez federal permitió que algunas partes de la controversial legislación, inspirada en la también polémica SB 1070 de Arizona, entrara en vigor pese a la presentación de tres demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Departamento de Justicia, grupos de derechos civiles y organizaciones religiosas.

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El dictamen de 115 páginas de la jueza de distrito Sharon Lovelace Blackburn permitió que las policías de Alabama (estatal y municipal) detengan a sospechosos de ser indocumentados si tienen una sospecha razonable que se trata de indocumentados, y  negarles una fianza.

También convirtió en delito que un inmigrante sin papeles solicite una licencia de manejar o de negocios.

Bloqueos en cuatro estados

Recientemente cortes federales han suspendido temporalmente partes polémicas de otras legislaciones sobre inmigración aprobadas por las legislaturas de Arizona, Georgia, indiana y Utah. Y el Departamento de Justicia presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito con sede en Atlanta, y solicitó a la jueza Blackburn que deje su dictamen del miércoles 28 de septiembre en suspenso hasta que se resuelva la apelación.

El gobierno del presidente Barack Obama reitera que la Constitución estipula que el tema de la inmigración es un asunto que compete al gobierno federal y no a los estados.

Los promotores de leyes como las de Alabama y Arizona sostienen que la inacción Washington sobre el tema (tanto la Casa Blanca como el Congreso, que no han resuelto cambios a la ley de inmigración vidente desde 1996) los obligó a tomar este tipo de medidas para combatir la inmigración indocumentada.

Detractores de la HB 56 y padres indocumentados con hijos ciudadanos estadounidenses en edad escolar han expresado honda preocupación por la HB 56 y temen un éxodo de alumnos hispanos, quienes desde antes de la entrada en vigor de la HB 56 iniciaron la búsqueda en otros estados de lugares para seguir estudiando sin el miedo a ser arrestados, encarcelados y deportados de Estados Unidos por no tener papeles de estadía legal.

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Batalla legal

Además del pedido hecho por el Departamento de Justicia para intentar detener la HB 56, una coalición integrada por 39 grupos defensores de los derechos civiles presentó una medida similar.

Liderada por la Coalición de Intereses Hispanos de Alabama, la agrupación pidió a la juez Blackburn que suspenda provisionalmente dicha ley mientras está pendiente la impugnación en la Corte de Apelaciones del 11mo Circuito en Atlanta, dijo The Associated Press.

Blackburn concedió plazo hasta la mañana del lunes para que las organizaciones que condenan la ley argumenten por qué no debería hacerlo (mantenerla en vigor conforme el fallo del miércoles).

En el fallo del miércoles, Blackburn decretó medidas cautelares para garantizar que no se pueda impedir a indocumentados pedir trabajo, que no se pueda criminalizar a quienes asistan a indocumentados, que los negocios pueden seguir deduciendo salarios de indocumentados de impuestos estatales y que los trabajadores no pueden demandar a empleadores que contraten a indocumentados.

País dividido

En lo que de 2011 el tema migratorio está hundiendo a Estados Unidos en una fuerte división que amenaza con llegar hasta la Corte Suprema de Justicia que el máximo tribunal del país revise temas cruciales, entre ellos el derecho a la nacionalidad contenido en la Enmienda 14 de la Constitución.

Entre febrero y junio seis estados "Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur, Texas y Utah- aprobaron leyes migratorias inspiradas en la SB 1070 de Arizona. Y un séptimo, Wisconsin, buscó para forzar un debate.

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Entre otras medidas, las legislaciones incluyeron la criminalización de la estadía indocumentada "que en el resto de estados sigue siendo una falta de carácter civil no criminal-, otorgar poderes extraordinarios a las policías (estatal y municipal) para que sus agentes detengan a individuos si tienen duda razonable que se trata de indocumentados y obligar a los empleadores a inscribirse en el programa federal E-Verify, para verificar el estado migratorio de los trabajadores.

Otras medidas castigan severamente el uso de documentos de identidad adquiridos de forma fraudulenta, prohíben las denominadas “Ciudades Santuarios” y rechazan la aceptación de las matriculas consulares como forma válida de identificación.

En Georgia, Arizona, Utah e Indiana las medidas están detenidas por las Cortes mientras las demandas siguen en curso y nada garantiza que serán anuladas.

Acorto plazo

En Alabama viven entre 50 mil y 70 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos provenientes de América Latina, principalmente de México.

El Foro Nacional de Inmigración (NIF) ha advertido que en 28 estados ya concluyeron las sesiones legislativas correspondientes al período 2010-2011, pero nada impide que en la agenda 2011-2012 no se vayan a incluir nuevos proyectos contra los indocumentados.

Los estados son: Alaska, Arkansas, Arizona, Carolina del Sur, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Nuevo México, Montana, Mississippi, Montana, Nebraska, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia y Wyoming.

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Tanto el Pew Hispanic Center (un grupo privado de Washington que estudia los movimientos migratorios) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) coindicen en señalar que en Estados Unidos viven 11 millones de inmigrantes indocumentados.

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