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El ICE retiene a más de 30,00 inmigrantes en centros de detención de todo el país, muchos tienen tribunales de inmigración en su interior.

Anuncian acuerdos de 'comunidades seguras'

Anuncian acuerdos de 'comunidades seguras'

Pese al rechazo en algunos estados, el gobierno anunció nuevos ingresos al polémico programa de arrestos de inmigrantes con antecedentes criminales conocido como 'Comunidades Seguras'.

El ICE retiene a más de 30,00 inmigrantes en centros de detención de tod...
El ICE retiene a más de 30,00 inmigrantes en centros de detención de todo el país, muchos tienen tribunales de inmigración en su interior.

Miles de inmigrantes con antecedentes en la mirilla

CHARLOTTE, Carolina del Norte - El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció que 11 condados más en Carolina del Norte utilizarán en sus cárceles el programa ‘Comunidades Seguras’, que identifica y deporta a criminales indocumentados.

Con Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Mitchell, Rockingham, Stokes, Surry, Watauga, Wilkes y Yadkin, ya suman 59 de 100 jurisdicciones en el estado que cuentan con esta tecnología biométrica.

En lo que va de 2010, 35 departamentos del orden público en Carolina del Norte -sin contar los 11 que se sumaron a la lista esta semana-, han firmado acuerdos con ICE para operar en sus centros de detención local el programa.

Cómo funciona

Una vez que la persona es detenida y enviada a una cárcel con Comunidades Seguras por cualquier delito, sus huellas digitales son cotejadas con las bases de datos de ICE y la Oficina de Investigación Federal (FBI), para determinar su historial migratorio y criminal.
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Según ICE, si la información concuerda con los récords del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), inmigración evalúa la situación migratoria del extranjero y los cargos por los cuales fue detenido para tomar una decisión sobre su futuro.

Esto incluye a residentes legales e inmigrantes sin permiso de estadía legal.

Ajustan detalles

"Es una fantástica tecnología que agrega una herramienta más para identificar a los individuos que llegan a nuestro sistema judicial por la vía del arresto", afirmó hoy en un comunicado Len Hagaman, alguacil del condado Watauga.

"Hemos esperando pacientemente por la implementación de Comunidades Seguras y trabajamos para finalizar los detalles y ponerla en práctica y continuar nuestra relación con ICE", enfatizó.

David Venturella, director asistente de Comunidades Seguras a nivel nacional, dijo en un comunicado que el objetivo del programa es "prevenir que los criminales indocumentados regresen a las comunidades donde cometieron sus actos".

No todos lo aceptan

El optimismo que se vive en Carolina del Norte respecto al plan federal no se respira en el resto del país. Representantes de localidades como Arlington (Virginia), Santa Clara y San Francisco (California) y la propia capital de Estados Unidos, prometen dar la batalla para salirse del controvertido programa, aunque no tengan permiso del Gobierno para hacerlo.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuyo mando opera el ICE, insiste en que Comunidades Seguras mejorará la seguridad ciudadana mediante la identificación y expulsión de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

Janet Napolitano, secretaria del DHS, advirtió que el programa -una cooperación entre los agentes de inmigración y las autoridades policiales locales- será ampliado a todo Estados Unidos para el año 2013.

Clima antiinmigrante

El polémico programa ha suscitado ansiedad entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos que, ante el clima xenofóbico en el país, ya se muestra renuente a cooperar con la policía para delatar crímenes.

También ha desatado la ira de las autoridades policiales en varias ciudades y condados, al quejarse de que ya tienen suficiente trabajo como para estar realizando tareas de inmigración.

Los grupos defensores de los inmigrantes se han sumado al debate nacional y señalan que, paradójicamente, "Comunidades Seguras" ha dado pie a la discriminación racial y ha desviado los ya exiguos recursos de los condados, sin un sólo centavo del Gobierno federal para la caza de inmigrantes que no son un verdadero peligro para la seguridad pública.

Si lograr la cooperación de los inmigrantes ya es difícil, más lo será si éstos perciben que la policía está actuando como un brazo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y la lucha contra la criminalidad no debe mezclarse con los esfuerzos para deportar a los indocumentados, aseguran.

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Planean retirarse

Así, localidades como Arlington (Virginia), Santa Clara y San Francisco (California) y hasta la propia capital del país, Washington D.C., quieren salirse del programa federal, aunque Napolitano haya dejado en claro que no pueden hacerlo.

"No consideramos que Comunidades Seguras sea un programa en el que se pueda optar a entrar o salir", afirmó Napolitano el miércoles pasado al destacar que, pese a lo dicho anteriormente por el DHS, el programa es obligatorio.

Sarahi Uribe, que lidera la "Campaña Destapa la Verdad", una coalición opuesta a "Comunidades Seguras", ha prometido que los activistas continuarán "exigiendo transparencia y rendición de cuentas" sobre la ejecución de ese programa.

Para Walter Tejada, miembro de la junta directiva del condado de Arlington, el vaivén de mensajes contradictorios del DHS no cambia en absoluto la intención de las autoridades de su condado de continuar el proceso para cesar la participación en "Comunidades Seguras".

Después de los comicios

El alguacil del condado de San Francisco, Michael Hennessey, ha dicho que, pasadas las elecciones del próximo 3 de noviembre, solicitará una reunión con los responsables de ICE y la fiscalía estatal para iniciar el proceso de salida del programa.

Pero, según observadores, tal como está concebido, será difícil, si no imposible, salirse del programa, que se sostiene gracias a un acuerdo entre el DHS y el Departamento de Justicia.

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En la actualidad, la policía local envía las huellas digitales de todo detenido a las autoridades estatales que, a su vez, las envían al FBI. De ahí, el FBI puede compartir esos datos con ICE sin que las jurisdicciones locales se enteren o den su consentimiento.

Si la meta es mejorar la seguridad ciudadana, la solución es clara: el Gobierno debe, por un lado, reformar el programa para evitar el arresto de gente sin antecedentes penales y, por otro, proveer fondos para que las jurisdicciones locales realicen las tareas de inmigración que, en todo caso, son responsabilidad de las autoridades federales.

Miles de expulsados

Cifras de ICE resaltan que más de 46,800 indocumentados criminales convictos, que cometieron delitos como asesinatos, raptos y violaciones, han sido deportados desde que comenzó el programa en el país en 2008.

Comunidades Seguras opera actualmente en 685 centros penitenciarios de 33 estados, y se espera que llegue a funcionar en las demás áreas del país en 2013.

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