Agricultores advierten que ley migratoria de Alabama hará perder cultivos

Temen que ley de Alabama haga perder cultivos

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La mayoría de trabajadores que faenan en plantaciones agrícolas de Estados Unidos son inmigrantes indocumentados que provienen de América Latina, principalmente México.

Medida inspirada en la SB 1070 de Arizona es la más severa en su tipo

Agricultores del estado de Alabama (sur de Estados Unidos) advirtieron que la ley migratoria HB 56, la más severa en su tipo en el país, pondrá en riesgo cosechas valoradas en varios millones de dólares.


La medida, inspirada en la polémica SB 1070 de Arizona, que criminalizó la estadía indocumentada (un acto que en el resto del país sigue siendo una falta de carácter civil no penal), se encuentra suspendida temporalmente por una corte federal.

Pese al fallo, decenas de agricultores pidieron a legisladores que aprueben cambios de emergencia a la HB 56, reportó The Associated Press. Los agricultores apuntaron que se encuentran en riesgo cosechas valuadas varios en millones de dólares debido a la súbita ausencia de inmigrantes para levantarlas.

Los legisladores respondieron que no pueden hacer nada con la ley por ahora, y que se necesitarían meses para hacer cambios.

Éxodo de trabajadores


Tras la aprobación de la HB 56 cientos de trabajadores hicieron maletas y abandonaron el estado ante el temor de ser arrestados por las policías locales, entregados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y deportados de Estados Unidos.

Kim Haynes aseguró que ha perdido casi la mitad de los trabajadores que necesita para levantar una cosecha de papa en 10 hectáreas (25 acres). También expresó el temor de que el resto de los empleados hispanos saldrá del estado si un juez federal permite que la legislación entre en vigencia en los próximos días, indicó The Associated Press.

"Sin ellos no habrá cultivos cosechados de manera eficaz", advirtió Haynes, de la localidad de Cullman.

Suspensión temporal


El 29 de agosto, dos días antes de su entrada en vigor, la jueza Sharon L. Blackburn, de la corte federal de Distrito en Birmingham, bloqueó temporalmente la HB 56 que iba a entrar en vigor el 1 de septiembre.

Blackburn no mencionó en el dictamen si la ley de Alabama es constitucional o no.

Tanto la Administración del Presidente Barack Obama como las organizaciones de derechos civiles que demandaron la ley, argumentan que la medida viola la constitución y lesiona los derechos civiles de los estadounidenses.

Blackburn escribió que requiere tiempo para analizar las demandas que alegan que el estado de Alabama se excede al aplicar esta legislación, e indicó que emitirá un fallo más amplio el 28 de septiembre, y su orden de suspensión temporal estará vigente hasta el día después.


La H.B. 56 fue patrocinada por legisladores republicanos.

Los demandantes

El gobierno de Obama teme que la puesta en vigor de la ley HB 56 resulte en el acoso y detención de los visitantes extranjeros en Alabama e incluso de ciudadanos estadounidenses que no puedan o no sean capaces de demostrar rápidamente su condición legal.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el National Immigration Law Center (NILC) y el Southern Poverty Law Center argumentan que la HB 56 lesiona los intereses de miles de habitantes del estado de Alabama y afecta “múltiples aspectos de la vida diaria de un sinnúmero de personas” de ese estado del sur.


Wade Henderson, director del Leadership Conference on Civil and Human Rights, una de las organizaciones afro americanas más grandes del país en defensa de los derechos civiles, advirtió que la H.B. 56 fue redactada de tal manera que si una corte dictamina que una de sus partes es inconstitucional o contraviene la ley del estado, el resto seguirá en vigor.

Líderes religiosos de Alabama estiman que la HB 56 podría golpear en el corazón de sus feligresías al interrumpir la administración de los sacramentos, que son fundamentales para la fe cristiana.

La HB 56 prohíbe dar ayuda o asistencia a un inmigrante indocumentado. También prohíbe su traslado.

Detalles de la ley


Además de criminalizar la estadía indocumentada y otorgar poderes extraordinarios a las policías para detener a individuos si tiene dudas razonables que se trata de indocumentados, la H.B. 56 obliga a los empleadores a inscribirse y utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de sus trabajadores nuevos.

También prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos "OEA-) exhortó en junio a las autoridades estadounidenses a que modifiquen la ley HB 56 para adaptarla a las leyes internacionales de derechos humanos.

"Existe un alto riesgo de discriminación en la implementación de la Ley", apuntó el organismo internacional.

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