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El sheriff Joe Arpaio enfrenta nuevas acusaciones, esta vez de la Junta de Supervisores del condado Maricopa, Arizona, por malgasto de $80 millones.

Acusan a Joe Arpaio de malgastar fondos

Acusan a Joe Arpaio de malgastar fondos

Los problemas legales para el alguacil “más duro de EU”, no terminan. La Junta de Supervisores de Maricopa lo acusa de malgastar $80 millones.

El sheriff Joe Arpaio enfrenta nuevas acusaciones, esta vez de la Junta...
El sheriff Joe Arpaio enfrenta nuevas acusaciones, esta vez de la Junta de Supervisores del condado Maricopa, Arizona, por malgasto de $80 millones.

Junta de supervisores de Maricopa reclama $80 millones

PHOENIX " Los problemas legales para el alguacil “más duro de Estados Unidos”, no terminan. El miércoles la Junta de Supervisores acusó a la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO), Joe Arpaio, de malgastar hasta $80 millones en los últimos cinco años.

Al término de una reunión convocada para tratar el tema, los supervisores acordaron enviar la información a la Oficina del Fiscal Federal en Phoenix, Arizona, para su consideración.

Se informó que la Oficina de Administración y Presupuesto de este condado determinó que la oficina de Arpaio utilizó fondos del presupuesto de operaciones de la cárcel para pagar cosas que no están permitidas bajo las reglas del fondo, tales como salarios para sus agentes que trabajaban en investigaciones de corrupción en casos en contra de algunos de los mismos supervisores y jueces del condado.

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Derroche de lujos

Los supervisores cuestionaron el hecho de que viajes a Puerto Rico y Belice hayan sido cargados a tarjetas de crédito del condado, así como la compra de boletos de vuelo de primera clase y la estadía en lujosos hoteles.

"Tenemos cientos de dólares gastados en resorts, incluido servicio a los cuartos", dijo durante la reunión Lee Ann Bohn, subdirectora de presupuesto.

Bohn indicó que el viaje de entrenamiento de 10 trabajadores de la oficina de Arpaio a Honduras, en julio y octubre del 2007, costó $91,000 en salarios, pago extra, beneficios y costo de viaje.

En otra acción relacionada, la Junta de Supervisores del Condado Maricopa también votó el miércoles a favor de despedir la firma legal que representa a Arpaio y su oficina en varias demandas, incluidas algunas en contra de los mismos supervisores.

Demanda federal

A principios de septiembre el gobierno federal, a través del Departamento de Justicia, anunció que procesará a Arpaio por su política de inmigración y por no colaborar con la justicia en una investigación oficial que se sigue en su contra desde hace más de 15 meses.

La demanda, que se fundamenta en la Ley de Derechos Civiles de 1964, recuerda al condado de Maricopa, a la Jefatura de Policía del condado y al mismo jefe Arpaio que reciben asistencia financiera del gobierno federal.

La ley federal prohíbe la discriminación en los programas que reciban fondos federales. El año pasado Maricopa recibió $113 millones en fondos federales, esto es alrededor del 5 por ciento del presupuesto del condado.

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Según los registros del condado, la Jefatura de Policía recibió $3.8 millones.

Datos de la demanda

El Departamento de Justicia argumenta que los acusados se han negado a entregar la documentación solicitada por las autoridades federales que investigan denuncias de que el Departamento de Policía de Maricopa discrimina contra los latinos.

El gobierno federal había dado hasta el 17 de agosto para que Maricopa entregara los documentos solicitados. A principios de septiembre anunció que procedía a enjuiciar al Sheriff Arpaio.

El Alguacil de Maricopa alcanzó fama nacional durante las dos últimas décadas por sus redadas de inmigrantes, y por el severo tratamiento administrado a los presos en ese condado del sur de Arizona.

Razones de la demanda

En la demanda, el Departamento de Justicia considera que la renuencia de Maricopa a cumplir con los requerimientos de los investigadores "no tiene precedentes".

La investigación, iniciada en junio de 2008, responde a denuncias de que la policía del condado Maricopa ha incurrido en un patrón de "conducta discriminatoria" en su labor, según el Departamento de Justicia.

En concreto, se investigan las denuncias por allanamientos y confiscaciones inconstitucionales, y por el uso obligatorio de inglés en las cárceles del condado, que perjudica a quienes tienen pocos conocimientos de ese idioma.

Arpaio ha continuado sus redadas regulares para la detención de inmigrantes indocumentados aún después de que una juez federal ordenó la suspensión de cláusulas de la famosa ley SB1070 promulgada en Arizona el 23 de abril, y que convierte en delito la presencia en ese estado de inmigrantes indocumentados.

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La oficina de Arpaio ha indicado que colabora plenamente con la investigación sobre el uso obligatorio del idioma inglés en la cárcel, pero que no ha entregado otra documentación porque las autoridades federales no han explicado, específicamente, qué es lo que investigan.

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