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Inmigrantes indocumentados en un centro de detención de ICE en Texas.

Activistas piden mejoras en centros de detención y la CIDH anuncia visita

Activistas piden mejoras en centros de detención y la CIDH anuncia visita

Crecen preocupaciones por el respeto al debido proceso de miles de migrantes detenidos en la frontera.

Inmigrantes indocumentados en un centro de detención de ICE en Texas.
Inmigrantes indocumentados en un centro de detención de ICE en Texas.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes pidieron el martes al gobierno del presidente Barack Obama que mejore los servicios y atención que presta a madres inmigrantes y sus niños en los centros de detención para familias en Nuevo México y Texas, reportó The Associated Press.

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Simultáneamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que hará una visita a la zona del Valle del Río Grande, en la frontera con México, para evaluar el respeto a los derechos humanos de los niños migrantes.

Abogados y activistas que están prestando ayuda legal a cientos de familias que están en Karnes, Texas, dijeron que niños en este centro de detención están bajando de peso porque no están comiendo.

Algunas madres han reportado dificultades para llamar por teléfono a sus abogados o familiares.

En Karnes había más de 200 madres y más de 300 niños hasta la semana pasada, mientras que en Artesia, Nuevo México, había casi 300 madres con al menos un niño hasta julio, de acuerdo con Royce Murray, directora de política para el Centro Nacional para Políticas de Justicia Migratoria.

 

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"No hay manera correcta de detener a familias. Nunca va a ver razones para detener a estos niños", dijo Murray.

A comienzos de agosto la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILAI), denunció que el gobierno había negado la liberación bajo fianza de las madres y niños centroamericanos que se encontraban en el centro de detención de Artesia después de haber sido detenidos cruzando la frontera sin documentos legales, la mayoría de ellos por Texas.

"Cuando a las personas, niños o familias, les dan la entrevista del miedo creíble (para demostrar temor a persecución religiosa o política) y la pasan, Inmigración les puede dar una fianza, los puede dejar salir para que luego se presenten ante un juez de inmigración en el lugar donde viven", explicó Víctor Nieblas, presidente de AILA a un corresponsal de la agencia Efe.

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Nieblas agregó que después de que las autoridades migratorias les negaran la fianza, estas personas están obligadas a permanecer en Artesia hasta que presenten sus casos ante a un juez vía videoconferencia.

"Lo que están argumentando (las autoridades migratorias) a cerca de la fianza es que los niños y estas familias, si los dejan salir bajo fianza, bajo palabra o con brazalete ellos (podrían constituir) un riesgo a la seguridad nacional, indicando que si lo hacen darían luz verde a otros de que entren a Estados Unidos", comentó Nieblas, quien calificó esta situación de "problemática y frustrante".

 

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Añadió que los abogados pro bono que están trabajando los casos en Artesia enfrentan muchas limitaciones. "Cuando tienen documentos para presentar a los jueces tienen que ir a otro centro de Inmigración, ya sea en El Paso u otro lugar. En situaciones regulares éstos se podrían enviar por fax, pero no hay cómo enviar fax desde Artesia", comentó.

Nieblas aseveró que con negar las fianzas el gobierno busca "que las familias se desesperen y firmen la salida voluntaria" y demandó respeto al debido proceso.

Por su parte, la CIDH confirmó que del 29 de septiembre al 2 de octubre los miembros de la comisión visitarán centros de detención y albergues para migrantes manejados por organizaciones de la sociedad civil con el propósito de monitorear en qué situación se encuentran los menores y las familias.

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Hasta finales de agosto más de 66 mil niños migrantes solos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza en la frontera con Texas, la mayoría de ellos centroamericanos.

Más del 94% de los menores detenidos han sido entregados a padres y familiares con un orden para que se presenten a te un juez de inmigración quien decidirá sus futuros en Estados Unidos. El resto fue enviado a hogares del Departamento de Salud (HHS).

 

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 Una ley aprobada en 2008 por el Congreso determina que los menores migrantes solos procedentes de fuera de países fronterizos (México y Canadá) sean procesados y sus casos enviados a las cortes de inmigración. Los demás son repatriados a sus países de origen.

La CIDH dijo que la delegación revisará el tratamiento a los migrantes desde el proceso de aprehensión, traslado a centros de detención y asistencia a las cortes de inmigración.

También revisará quejas y denuncias presentadas por los migrantes.

La Comisión, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo además que durante la visita observará si los derechos humanos y a la vida de los migrantes son respetados así como los derechos a la libertad, seguridad personal, vida familiar y protección de la unidad familiar.

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El derecho al asilo y al principio de no repatriación también será observado.

En noviembre de 2012 el grupo Detention Watch Network (DWN) dio a conocer un estudio para denunciar las condiciones inhumanas de centros de detención localizados en Alabama, Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey y Texas.

El reporte de la organización reveló que “el sistema de detenciones de inmigrantes en Estados Unidos ha crecido drásticamente en los últimos 15 años, por lo que se encuentra en un punto crítico”.

“Mientras los inmigrantes se encuentran en un proceso legal, (a la espera por una resolución) se ha convertido en un retraso interminable”, denunció la organización y recordó que en 2009 Obama prometió reformas al sistema de detención de inmigrantes, y aunque reconoció que se hicieron algunos esfuerzos para mejorar las condiciones en los centros de reclusión administrados por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), la realidad, aseguró, muestra que las bases y la cultura en estos lugares no ha cambiado.

A finales de julio de 2010 la CIDH concluyó en un informe que en las cárceles de ICE los inmigrantes indocumentados son mantenidos en "condiciones inaceptables", y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

"La frecuente subcontratación del personal de tales instalaciones a través de compañías correccionales privadas generan obstáculos considerables para que la atención ofrecida a los migrantes detenidos resulte compatible con sus derechos humanos básicos", precisó.

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