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En lo que va del año fiscal 2014, la Patrulla Fronteriza ha detenido a más de 66 mil niños migrantes solos cuando trataban de ingresar indocumentados a Estados Unidos.

Activistas piden mayores protecciones y cuidados para los miles de niños migrantes

Activistas piden mayores protecciones y cuidados para los miles de niños migrantes

Entre las recomendaciones, sugieren que el presidente Obama use su poder ejecutivo y anuncie un TPS.

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En lo que va del año fiscal 2014, la Patrulla Fronteriza ha detenido a más de 66 mil niños migrantes solos cuando trataban de ingresar indocumentados a Estados Unidos.

Por Jorge Cancino

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Activistas, religiosos y organizaciones pro inmigrantes pidieron el martes al gobierno de Estados Unidos que proteja los derechos de miles de niños migrantes, y a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador que aumenten los esfuerzos para proteger a los infantes y evitar que sigan emigrando hacia el norte en busca de oportunidades.

Miembros de tres delegaciones viajaron recientemente a Centroamérica para recabar información sobre las causas que generaron el éxodo y desencadenaron una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera sur de Estados Unidos.

“El viaje, patrocinado por la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas (NALACC), tuvo como objetivo ampliar los conocimientos sobre por qué los niños están saliendo rumbo a Estados Unidos”, dijo a UnivisionNoticias.com Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de recursos Centroamericanos (CARECEN), una de las organizaciones que participó en el proyecto.

“También conocimos cuáles son las políticas vigentes en los países, qué hacen los gobiernos para detener la salida de sus niños y qué hacen, tanto las autoridades como la sociedad civil, para frenar esto”, explicó.

 

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Núñez señaló que “lo que estamos viendo son múltiples factores, pobreza, falta de oportunidades y una violencia que se ha venido profundizando cada día más. Desgraciadamente, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras no proveen la seguridad necesaria para garantizar la vida de sus niños”.

En el informe, dado a conocer el martes en Washington, los activistas señalaron “patrones de violencia” comunes en los tres países, y dijeron que durante el viaje se toparon con autobuses “llenos de niños y familias” que habían sido regresados luego de ser detenidos en México.

También denunciaron que en sus países estos niños y familias “tienen poca o casi ninguna infraestructura que los proteja” para que puedan reintegrarse, y se convierten en personas tanto o más vulnerables que cuando decidieron emigrar a Estados Unidos.

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Además de Núñez, la delegación la integraron Oscar Chacón, director ejecutivo de NALACC; Linda Hartke, del Lutheran Immigration and Refugee Service; Jose Guadalupe Ruelas, de Casa Alianza-Honduras; Lariza Dugan-Cuadra, de la oficina de CARECEN en San Francisco; y Sarabeth Goodwin, del Saint Stephen’s Latino Missioner en Washington.

Los activistas, además, dijeron que en los países visitados se toparon con formas de reclutamiento forzadas en pandillas, y evidencia de violencia sexual hacia las niñas.

 

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Durante entrevistas con los deportados y grupos religiosos y de la sociedad civil que trabajan con ellos, descubrieron que los gobiernos están mal equipados y no cuentan con mecanismos de respuesta para atenderlos y evitar nuevos traumas.

El grupo reveló casos de niños y familias que huyeron de Honduras a Estados Unidos por amenazas de muerte proveniente de grupos mafiosos, y que ahora aguardan su día en corte a la espera de que un juez de inmigración les conceda la protección humanitaria en Estados Unidos.

Durante el viaje “descubrimos que la situación en Honduras, El Salvador y Guatemala sigue siendo grave", dijo Chacón durante la conferencia de prensa.

Dugan-Cuadra señaló que el grupo encontró al menos tres causas interrelacionadas en el problema del éxodo: pobreza, violencia y la desesperación de las familias a causa de políticas hostiles de Inmigración.

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“Si no hacemos frente a todos estos problemas, es de esperar más personas en busca de refugio" en Estados Unidos, dijo.

 

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Núñez dijo que las organizaciones le piden al gobierno de Estados Unidos que “mantenga el enfoque humanitario” que le ha otorgado al problema “y que no cambie la ley sobre tráfico humano aprobado por el Congreso en 2008”.

Conocida como TVPRA (siglas de Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de Tráfico de Personas), la ley no permite que menores migrantes que viajen solos sean deportados de inmediato como ocurre con los mexicanos cuando son detenidos por la Patrulla Fronteriza.

Exige que los menores sean entregados al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) para ser procesados y que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos.

“No queremos que cambien la ley”, insistió Núñez. “Queremos que la mantengan y que aumenten el presupuesto para darles un trato digno a los menores y todas las protecciones debidas”.

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“También queremos que el Presidente Barack Obama use su poder ejecutivo para asegurar que se encuentre un refugio amplio para los miles de niños detenidos por la Patrulla Fronteriza en la frontera del suroeste”, indicó el activista.

La crisis humanitaria en la frontera estalló el 2 de junio. Ese día, Obama reconoció el problema y dijo que en lo que iba del año fiscal 2014 la Patrulla Fronteriza había detenido a unos 46 mil niños solos indocumentados en la frontera con México.

Un mes después la cifra se elevó a 57 mil, y al 28 de agosto el conteo superó los 66 mil.

La Administración pidió en julio al Congreso $3,400 millones para atender la crisis. El Senado respondió con una contrapropuesta de 2,400 millones que la Casa Blanca aceptó pero el liderazgo republicano sólo aceptó otorgarle $659 millones que el Senado rechazó a finales de ese mes.

La Casa Blanca ha dicho que la totalidad de los niños detenidos se encuentran en proceso de deportación y que solo unos pocos podrán permanecer en el país si ganan sus casos de asilo.

El tema de la crisis en la frontera se encuentra en la lista de acciones ejecutivas que el presidente iba a anunciar antes del término del verano, fecha que fue movida por la administración para después e las elecciones de medio tiempo del 4 de noviembre.

Núñez dijo que esperan que el Presidente adopte una especie de TPS para proteger a los miles de niños que llegaron a la frontera busca de refugio por razones humanitarias.

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