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Russell Pearce, quien tenía una década en el Senado estatal, debe dejar el cargo cuando las autoridades electorales hagan oficial el resultado.

Activistas celebran destitución de Pierce Russell

Activistas celebran destitución de Pierce Russell

Activistas y líderes de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes celebraron la destitución del presidente del Senado de Arizona, el republicano Russell Pearce.

Russell Pearce, quien tenía una década en el Senado estatal, debe dejar...
Russell Pearce, quien tenía una década en el Senado estatal, debe dejar el cargo cuando las autoridades electorales hagan oficial el resultado.

Votantes republicanos y demócratas rechazan postura intransigente contra los inmigrantes

Activistas y líderes de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes celebraron el miércoles la destitución del presidente del Senado de Arizona, el republicano Russell Pearce, arquitecto de la polémica ley SB1070 aprobada en 2010 y que desató una fuerte oleada antiinmigrante en Estados Unidos.

Los votantes de Arizona “lo expulsaron del Senado estatal” donde causó un gran daño a la economía por su agenda antiinmigrante, sostuvo en una teleconferencia el secretario-tesorero del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), Eliseo Medina, reportó la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex).

Medica agregó que Pearce pidió la deportación masiva de inmigrantes indocumentados en Arizona, volver al programa federal de deportaciones de la denominada “Operación espalda mojada” de la década de 1950 y eliminar los derechos constitucionales de la ciudadanía a los hijos de los inmigrantes.

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Postura extremista

Durante una votación especial celebrada el martes en el Distrito Estatal Electoral 18, que incluye una zona del área metropolitana de Phoenix y que es mayoritariamente republicano, Pierce perdió un  referendo revocatorio frente al también republicano Jerry Lewis, por 53% a 46% de los votos.

La directora de Promesa Arizona en Acción, Petra Falcón, calificó la derrota de Pearce como “una victoria para todos los votantes que están cansados de retóricas inflamatorias y posiciones extremistas”, dijo Notimex.

Resaltó además la movilización de numerosos votantes, en especialmente jóvenes, en unos comicios en los que los ganadores fueron los que “votaron por los valores de la comunidad y de la familia”.

Sin precedentes

The Associated Press dijo que a juicio de muchos analistas, la elección para revocar el mandato de Pearce, sin precedentes en Arizona, es considerada como un referendo sobre la posición intransigente del legislador frente a la inmigración ilegal.

"La legislatura sigue siendo extremadamente conservadora, pero en cuanto a hacer de la inmigración ilegal su principal prioridad, esto debe considerarse un furibundo disparo de advertencia", dijo el analista político Chris Herstam, cabildero republicano y ex legislador.

"No parece que los números me favorezcan y estoy bien con esto", dijo Pearce el martes por la noche, flanqueado por aliados republicanos en el poder legislativo, el polémico alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio y otros partidarios.

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"Tengo la intención de pasar un rato con mi Dios, mi esposa, mi familia y volver a evaluar a dónde tenemos que ir", dijo.

La primera vez

Esta es la primera vez que el presidente de un Senado estatal es removido en Estados Unidos mediante una llamada "elección de destitución", que fue solicitada por organizaciones civiles que recolectaron más de 10 mil firmas contra Pearce, blanco de críticas de grupos de defensa de los migrantes, reportó la Agencia Francesa de Noticias (Afp).

Pearce, quien tenía una década en el Senado estatal, debe dejar el cargo cuando las autoridades electorales hagan oficial el resultado.

La ley SB 1070, promulgada en abril de 2010, por primera vez en la historia de Estados Unidos convirtió la inmigración ilegal en un delito estatal y obligaba a la policía local a pedir documentación a cualquier persona que bajo "sospecha razonable" pudiera ser considerado inmigrante ilegal.

La ley fue inmediatamente impugnada por grupos civiles y el gobierno de Barack Obama, que alegaba su inconstitucionalidad por interferir con las leyes migratorias federales, y fue parcialmente suspendida por un juez federal antes de que entrara en vigor en julio de 2010.

La decisión final sobre la ley quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia.

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