Abogados advierten tener cuidado con política de deportaciones

Política de deportaciones

El anuncio de Obama sobre política de deportaciones no se trata de un programa de Amnistía

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) reiteró una advertencia a la población inmigrante indocumentada que la medida adoptada por el gobierno federal y que afecta la política de deportaciones "no se trata de una amnistía", y recomendó estar atentos a posibles estafas por parte de tramitadores o notarios que realizan trámites no autorizados.


En agosto el gobierno anunció su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

El DHS dijo que el jueves 17 de noviembre inició las revisiones.

Pero AILA apuntó que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.


Consulte un abogado con licencia

Añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración estadounidense, y que por nada se ponga en contacto con las autoridades de inmigración, porque "puede ser arrestado y puesto en proceso de deportación".

"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.

En el caso de los notarios o tramitadores migratorios, AILA dijo que se debe "tener cuidado" y advirtió que el anuncio en el cambio de política sobre deportaciones se pueden generar situaciones de estafas y diversos otros tipos de fraudes notariales que afectan severamente a la comunidad inmigrante de Estados Unidos.


En Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de indocumentados, según datos del DHS y del Pew Hispanic Center (un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios). Unos 300 mil de ellos, que tienen órdenes de deportación reunirían los requisitos para que una corte de inmigración revise sus casos.

No es una "amnistía"

El anuncio del gobierno "no se trata de un programa de Amnistía, no otorga estatus legal de permanencia a ningún indocumentado y los extranjeros sin papeles no deben inscribirse en las oficinas del servicio de inmigración para calificar a algún tipo de beneficio", dijo AILA.

La Asociación de Abogados de Inmigración reiteró además que el anuncio hecho por la Administración la semana pasada enfatizó que no proporciona ninguna vía para que los indocumentados presenten una solicitud de autorización de empleo (permiso de trabajo) ni tampoco representa una nueva forma para quedarse legalmente en Estados Unidos.


El anuncio solamente aplica o afecta a aquellos casos que ya están en el sistema (de las cortes de inmigración), tienen una orden de deportación, carecen de antecedentes criminales, no representan una amenaza para la seguridad nacional y que por el elevado número de casos existentes (unos 300 mil) obstruyen los procesos.

AILA explicó además que con la nueva política el gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo integrado por funcionarios de alto nivel de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia, quienes procedieron a la revisión de todos los casos pendientes ante las cortes de inmigración, qienes tendrán autoridad para cerrar o cancelar aquellos que califiquen como de "baja prioridad".

No hay nada escrito

Los casos calificados como de "alta prioridad” (por el tipo de delitos que aparezcan en la hoja de antecedentes) serán procesados de forma inmediata. Aunque el comunicado del 18 de agosto provee una lista genérica de ejemplos donde se debe ejercer discreción favorable para cerrar un caso, AILA advierte que no existe ningún tipo de garantía respecto a qué tipo de casos pudieran ser cerrados ya que dicha decisión esta a la discreción del oficial particular asignado a cada caso. "Nadie puede opinar al respecto; sólo las autoridades de inmigración pueden tomar tomarán esa decisión", escribió AILA en una lista de recomendaciones.


AILA dijo que el gobierno de Obama deberá desarrollar directrices para que funcionarios y agentes del servicio de inmigración (USCIS), la agencia encargadas de vigilar las fronteras (CBP) y la agencia que ejecuta las deportaciones (ICE) sepan qué casos serán puestos en procesos de deportación y cuáles no, así como definir cómo y en qué casos se usará la discreción.

Advirtió incluso que el anuncio hecho por el DHS el pasado 18 de agosto es premilitar y que a la fecha el gobierno no ha implementado ninguna medida, "los detalles sobre cómo funcionará el proceso de revisión o cómo un individuo puede presentar su caso para consideración todavía no han sido determinados".

Sabio consejo

"La mejor decisión por ahora es consultar con un abogado que tenga licencia del estado para ejercer la ley de inmigración. Una alternativa puede ser consultar el directorio de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA)", dijo la entidad.


En cuanto a solicitudes para presentar un caso, AILA dijo que "no hay no hay ningún formulario" y tampoco “ninguna cuota que pagar”, y que próximamente el gobierno irá dando a conocer las formas en cómo se deberá proceder.

Recomendó visitar la página de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y el sitio de AILA (www.aila.org) para encontrar un abogado que lo represente o más información sobre el tema.

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