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Hay temor en la comunidad por la política de deportaciones.

Informe revela que el 87% de los inmigrantes sin papeles podrían permanecer en EEUU

Informe revela que el 87% de los inmigrantes sin papeles podrían permanecer en EEUU

Un informe del Instituto de Política Migratoria, estima que alrededor del 87% de inmigrantes sin papeles no se enfrentará a una amenaza de deportación.

Hay temor en la comunidad por la política de deportaciones.
Hay temor en la comunidad por la política de deportaciones.

Un informe, publicado por el Instituto de Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés) estima que alrededor del 87% de inmigrantes sin papeles en Estados Unidos no se enfrentará a una amenaza de deportación, además que van a tener "un grado de protección" debido a las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama sobre la ley de inmigración.

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El reporte, dado a conocer el jueves, pone de relieve el impacto que tendrá la nueva orientación normativa sobre la ley de inmgración en solo el 13% de los 11 millones de inmigrantes sin papeles, es decir en 1.4 millones de personas que tienen antecedentes penales o que recientemente cruzaron la frontera de manera ilegal. En ambos casos entrarían dentro de las prioridades para deportación.

Esta nueva política, que se basa en memorandos anteriores publicados por el gobierno de Obama en el 2010 y el 2011, plantea como objetivos a los inmigrantes que hayan sido condenados por delitos graves o que hayan violado órdenes recientes de deportación.

Por tanto, la publicación indica que es probable que el nuevo programa resulte en la baja de las deportaciones totales desde el interior del país hasta en 25 mil al año. Sin embargo, habría un aumento en las deportaciones de inmigrantes que fueron condenados por delitos graves o fueron capturados al momento de cruzar la frontera sin tener los permisos correspondientes. 

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La política de inmigración está bajo un intenso escrutinio tras la muerte de Kathryn Steinle, el pasado 1 de julio, quien fue baleada en un muelle de San Francisco. El inmigrante mexicano Juan Francisco López Sánchez, con un largo historial de delitos graves y deportaciones, fue el culpable de quitarle la vida.

López Sánchez fue puesto en libertad por el sheriff de San Francisco, una ciudad declarada como santuario, sin que agentes federales hayan sido notificados.

Aunque el Instituto de Políticas Migratorias no es una organización de defensa, su investigación ha prestado apoyo a las medidas que otorgan un estatus legal a los inmigrantes sin documentos. Su informe está basado en datos que les proporcionó el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Censo.

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Funcionarios del gobierno dijeron que comenzaron los nuevos programas para mejorar la cooperación en  materia de inmigración con más de 300 ciudades como San Francisco, que han aprobado leyes que limitan el trabajo con las autoridades federales bajo el argumento de que las fuerzas locales estaban sacando a inmigrantes asentados por largo tiempo y que no tenían antecedentes penales ni familiares en el país.

Encargados de la Seguridad Interna de Estados Unidos han declarado que habían cerrado un programa anterior, conocido como Comunidades Seguras, porque los tribunales federales dictaminaron que sus solicitudes a los departamentos de policía local para detener a los inmigrantes, eran inconstitucionales.

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Aunque su reemplazo, el programa de Control de Prioridad, ha estado activo durante algunas pocas semanas, los legisladores republicanos ya han dicho que está socavando la capacidad de los agentes para hacer cumplir las leyes de inmigración.

El informe de MPI se centra en los programas que formaban parte de un amplio paquete que el presidente Obama anunció en noviembre. El alto perfil de esas iniciativas, que han aplazado las deportaciones y los permisos de trabajo a un máximo de cinco millones de inmigrantes sin papeles, fueron desafíados por 26 estados.

Pero el informe lo reitera: las prioridades de deportación, según la Secretaría de Seguridad Interna, son los casos que representen una amenaza para la seguridad nacional, los miembros de pandillas, los delincuentes convictos y aquellos que han cruzado la frontera recientemente. Las otras prioridades son los reincidentes en delitos menores y las personas que entraron a Estados Unidos ilegalmente o que se ordenó su deportación después del 1 de enero de 2014.

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