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La iniciativa de ley pondría a miles de indocumentados al borde de la deportación de EEUU.

Crecen preocupaciones en Florida por proyecto de ley que pone fin a ciudades santuario

Crecen preocupaciones en Florida por proyecto de ley que pone fin a ciudades santuario

Un plan republicano obligaría a empleados estatales a convertirse en agentes federales de inmgración

La iniciativa de ley pondría a miles de indocumentados al borde de la de...
La iniciativa de ley pondría a miles de indocumentados al borde de la deportación de EEUU.

Por Jorge Cancino - @cancino_jorge


Organizaciones y activistas se reagrupan en Florida para tratar de impedir que la próxima semana la Asamblea estatal rechace un plan republicano que pone fin a las ciudades santuario.

La iniciativa también otorga poderes extraordinarios a los empleados estatales para que realicen funciones como agentes federales del servicio de inmigración y reporten a indocumentados.

De aprobarse la medida, sería un "retroceso", dijo Francesca Menes, directora de polìtica de la Coalición de Florida. Pero si la voptación anula el plan, "iIndica que nuestros esfuerzos para demostrarle a los representantes en Tallahassee el costo real de estas políticas están dando resultados".

A mediados de enero una comisión de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley HB 675, del congresista republicano Larry Metz, que penaliza a ciudades y condados, y también a agencias de policía cuyos agentes no cooperen totalmente con las autoridades federales en materia de inmigración.

“Es una iniciativa maquiavélica, injusta, una traición por parte de políticos locales que desconocen los granes aportes que hace nuestra comunidad al estado”, dijo a Univision Noticias Nora Sándigo, directora ejecutiva de la Fraternidad Americana de Miami.

José Luis Marantes, irector de la campaña Somos Florida y director de membresía de la Coalición de Inmigrantes en Florida, dijo que "nuestros representantes estatales y oficiales electos necesitan saber que esperamos que representen a sus comunidades protegiéndonos, no atacándonos y poniendo en riesgo nuestra economía, seguridad y unidad familiar”.

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Justifican el plan

Metz ha dicho que apoya el proyecto HB 675, cuya redacción fue en respuesta al incidente registrado en julio del año pasado en San Francisco, California, en el que Kate Steinle, una ciudadana estadounidense de 32 años, murió cuando un indocumentado de origen mexicano, que había sido deportado cinco veces y había sido acusado de delitos de menudeo de drogas, le disparó causándole la muerte.

El sospechoso había sido excarcelado hacía algunos meses por la policía del condado de San Francisco, a pesar de una petición de las autoridades migratorias federales de mantenerlo en prisión.

San Francisco es Ciudad Santuario. La Junta de Supervisores reafirmaron, luego del incidente, el estatus de la ciudad al rechazar una resolución que alentaría la cooperación con las autoridades federales de inmigración respecto a prisioneros en cárceles locales. Además, la Junta aprobó una resolución que insta a la policía a no participar en un sistema de notificación de detenidos que solicita a las cárceles que permitan a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) saber cuándo será liberado un reo que les interesa.

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"Como madre, me preocupa que esta ley vaya a obligar a los distritos escolares a reportar a los niños indocumentados y sus familias. Los padres no van a enviar a sus hijos a las escuelas por miedo a ser detenidos por la policía cuando a la escuela o por los maestros. Esta es una ley injusta y pone en riesgo el futuro de nuestros niños”, dijo Lucia Quief, de la organización WeCount! en Homestead (sur de Miami).

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No generalicen

A pesar de las presiones, la Asamblea debatirá el proyecto de Metz la próxima semana.

“No pueden tomar un caso de una persona, alejado de toda una comunidad, y afectar a millones de gente trabajadora en la otra costa del país. No pueden decir que por el error de uno todos somos criminales. Yo no puedo generalizar, no pudo creer que la gente sea tan injusta. No es así como funciona el sistema americano, no es así como funciona la justicia en Estados Unidos”, dijo Sándigo.

Al igual que San Francisco, siete condados de Florida tienen políticas de "ciudad santuario" que permiten cooperación limitada de las autoridades federales de inmigración, según datos de la Cámara de Representantes de Florida.

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“Rechazamos el proyecto ‘polimigra’”, dijo a Univision el Sindicato Internacional de Empleados y Servicios (SIEU) capítulo Florida. “La iniciativa obligaría a los empleados estatales a denunciar a los indocumentados. Incluso a los trabajadores de los distritos escolares porque de lo contrario los podrían demandar”.

La Coalición de inmigrantes de la Florida (FLIC, por su sigla en inglés), dijo a Univision Noticias que este martes y el miércoles habrá manifestaciones en Miami, Orlando y Tallahassee para pedirle a la Asamblea que no vote la iniciativa HB 765 y desestime cualquier propuesta de ley antiinmigrante.

Crecen las protestas

El viernes de la semana pasada activistas pro inmigrantes, religiosos y activistas comunitarios instaron a la Legislatura estatal que rechace el plan el congresista Metz y otros que, aseguran, amenazan con “destruir” a las familias hispanas.

La fraternidad de Concilios Evangélicos dijo que este tipo de iniciativas de forman parte de una oleada antiinmigrante “que crece en Florida”.

La FLIC, que impulsa la campaña "Yo Soy Florida", dijo que, además de oponerse al proyecto de ley HB 765, busca frenar al menos otras cinco iniciativas que atentan contra las familias de inmigrantes.

“Este proyecto (el HB 765) obstruiría el poder y la autoridad de los gobiernos locales para proteger los derechos civiles de sus comunidades”, dijo la FLIC. “Obligaría a los gobiernos y autoridades locales, juntas escolares, administradores, profesores y agentes del orden a cooperar con las autoridades federales de inmigración a un nivel que no es mandatorio ni financiado por el gobierno federal”.

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Agrega que otra de las preocupaciones radica en que “autoriza al Fiscal Estatal a demandar a los gobiernos y autoridades locales que no cumplan con esta ley, además de multar a las localidades hasta $5,000 dólares por día al no cumplir las políticas y convertiría a los gobiernos locales vulnerables de enfrentar acción civil por lesiones personales o muertes por negligencia”.

El plan Trujillo

La coalición también está en pie de guerra contra el proyecto de ley HB 9 del representante Carlos Trujillo, que convertiría en delito de tercer grado el reingreso al estado de Florida después de haber sido deportado de Estados Unidos. Recomienda un castigo con 5 años de prisión y una multas por $10,000 dólares.

En octubre del año pasado el proyecto de Trujillo hablaba de un castigo de 30 años de prisión para los indocumentados deportados que reingresan sin permiso al estado.

Los esfuerzos republicanos por aprobar este tipo de medidas puso en alerta la semana pasada a la Comisión de Miami Dade, una de las siete ciudades santuario de Florida.

Por unanimidad, los miembros de la comisión aprobaron resoluciones contra proyectos de ley que obligarían a los condados a reforzar leyes de inmigración, criminalizan a miembros de la comunidad inmigrante y desperdician recursos locales.

En las resoluciones los comisionados le dicen a los legisladores estatales que “no van a apoyar” leyes que criminalizan a miembros de la comunidad inmigrante o discriminan contra familias que necesitan asistencia pública”.

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“Tampoco apoyarán leyes que obligan a la policía, los gobiernos locales y los distritos escolares a implementar las leyes de inmigración”, indican.

“Estas resoluciones envían un mensaje fuerte a los legisladores estatales diciendo que el condado más grande y diverso en Florida no apoyará ningún ley dura que podría amenazar a las familias y los trabajadores inmigrantes, nuestra seguridad pública y recursos locales”, dijo Francesca Menes, directora de Política y Abogacía de la La Coalición de inmigrantes de la Florida.

El Partido Republicano de Florida dijo a Univision que “parte de arreglar nuestro sistema roto de inmigración es hacerlo con soluciones reales” y que a largo plazo “debe haber un debate transparente para asegurar que los estados y las ciudades cumplan con las leyes federales de inmigración vigentes”.

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