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Indocumentado lleva caso de licencia de conducir hasta el Supremo de Georgia

Indocumentado lleva caso de licencia de conducir hasta el Supremo de Georgia

Un inmigrante indocumentado llevó hasta la Corte Suprema Estatal su caso contra el estado de Georgia, al que acusa de discriminación.

ATLANTA, Georgia - Un inmigrante indocumentado llevó hasta la Corte Suprema Estatal su caso contra el estado de Georgia, al que acusa de discriminación por no aceptar como válida una licencia de conducir emitida fuera del estado.

En la audiencia ambas partes expusieron sus argumentos sobre los alcances de una ley en Georgia que exige a los conductores contar con una licencia de conducir emitida en el estado cuando se ha residido por más de 30 días en el mismo.

Fernando Castillo-Solís, el inmigrante indocumentado mexicano que presentó la demanda, asegura que esta medida es discriminatoria contra personas en su condición migratoria, debido a que ellos no tienen la posibilidad de obtener una licencia de conducir en el estado si están de forma "ilegal".

"Los extranjeros indocumentados están afectados por una negación absoluta de defensa", señala en documentos presentados ante la corte la defensa de Castillo-Solís.

Castillo-Solís, que vive desde hace diez años en Georgia, fue detenido por una infracción de tráfico en 2010 y acusado de manejar sin licencia de conducir.

Tras intentar que su caso fuera desechado por una corte estatal y no lograrlo, Castillo-Solís decidió apelar y llevar su demanda hasta la Corte Suprema de Georgia.

La parte demandante argumenta que los inmigrantes indocumentados no tienen la misma posibilidad de presentar su licencia de conducir válida durante el proceso judicial como pueden hacerlo otros, debido a que no pueden obtenerla sin demostrar que residen legalmente en este estado.

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Asimismo, la defensa alega que esta situación también afecta a ciudadanos estadounidenses que son residentes de otros estados y que por alguna razón no cuentan con el documento emitido en Georgia después de la fecha establecida por las autoridades.

No obstante, la Procuraduría General del condado de Gwinnett alega que los argumentos de Castillo-Solís no tienen "fundamentos" y son "engañosos", al no haber contado nunca con una licencia de conducir válida en el estado y, además, no tener derecho a una.

En su argumentación, la procuradora de Gwinnett, Rosanna Szabo, señaló que quienes busquen que se les retiren los cargos por conducir sin una licencia de conducir válida deben presentar la prueba durante el juicio de que tenían una "licencia válida al momento de haber sido detenidos".

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, se espera que la corte emita su veredicto antes del 30 de marzo de 2013.

Para Azadeh Shahshahani, directora del Proyecto de Seguridad Nacional e Inmigrantes de ACLU en Georgia, el caso pone en evidencia las consecuencias de negar a algunos la posibilidad de obtener una licencia de conducir.

"Este caso resalta la importancia de permitir a cada miembro de la comunidad, que de otra forma sería elegible para obtener una licencia de conducir, de tener la posibilidad de obtener una. Negar a los miembros de la comunidad indocumentada licencias de conducir no solo crea una atmósfera de temor y aislamiento, sino que crea calles menos seguras para todos", declaró a Efe Shahshahani.

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El pasado año, la Fiscalía General de Georgia dio a conocer una lista limitada de documentos reconocidos como "seguros y verificables" para solicitar beneficios y servicios estatales como parte de la ley migratoria HB 87 que entró en vigor en Georgia el 1 de julio de 2011.

A principios de este año, los legisladores del estado intentaron, sin éxito, aprobar una medida que buscaba limitar aún más el número de documentos de identidad válidos para acceder a servicios básicos como agua, trámites de matrícula escolar o contraer matrimonio.

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