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Cámara de Representantes de Puerto Rico aprueba IVU de 11.5% con transición al IVA

Cámara de Representantes de Puerto Rico aprueba IVU de 11.5% con transición al IVA

Puerto Rico tendrá el impuesto sobre ventas y uso más alto entre los 50 estados de EE.UU.

Puerto Rico aprueba un impuesto del 11.5%, el más alto en EE.UU. /Univision

SAN JUAN — Una propuesta de ley que aumentaría el impuesto de Puerto Rico a las ventas de 7% a 11.5% fue aprobada por el mínimo de votos necesarios en la Cámara de Representantes de la isla en la tarde del jueves.

La medida también crearía un impuesto de 4% sobre servicios profesionales- conocido como el b2b o Bussiness to Bussines - para ayudar a generar ingresos en medio de la crisis económica. Dos miembros del partido del gobernador votaron el jueves en contra de la medida.

La aprobación se produce tan sólo semanas después de que la cámara baja rechazase una propuesta que incluía un impuesto al valor agregado de 14% que el gobernador dijo era esencial para estimular la economía de Puerto Rico.

La medida aprobada el jueves pasa ahora al Senado, que también está controlado por el partido del gobernador.

La Cámara de Representantes aprobó el jueves en votación de la mayoría del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), (26-24 votos) el proyecto de administración que enmienda el Código de Rentas Internas para dar paso a cambios en el sistema contributivo, incluido un incremento del 7 al 11.5 por ciento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) como paso previo a un Impuesto de Valor Añadido (IVA).

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votó en contra del Proyecto de la Cámara 2482, que establece un periodo de transición de nueve meses a partir del próximo 1 de julio,  hacia un IVA que durará nueve meses.

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Carlos Vargas y Ángel Matos, del PPD, votaron en contra

Matos estableció, posteriormente, que su voto en la negativa, al igual que el pasado 29 de abril, respondió a que no se logró “un balance adecuado entre los modelos y estructuras de recaudo municipal, y el efecto negativo de lo propuesto en las operaciones de los municipios, muy en especial, nuestra ciudad de Carolina”.

“Hoy, una vez más me opongo a cualquier restricción a estos fines. Confío que el estudio sobre el recaudo del impuesto general en los muelles pueda traer el dinero que nuestro gobierno necesita sin afectar la competitivad de nuestro país”, dijo por escrito.

Durante el periodo de transición, la tasa de la contribución sobre el consumo bajo el sistema actual será de 10.5 por ciento a nivel estatal y uno por ciento a nivel municipal.

A partir del próximo 1 de octubre y hasta terminar el periodo de transición, los servicios entre negocios y los servicios profesionales designados que hoy no tributan, pagarán una tasa intermedia de 4 por ciento bajo del sistema actual.

El proyecto establece en la exposición de motivos que una vez culmine el periodo de transición, a partir del 1 de abril de 2016, regirá el IVA bajo el cual la tasa de contribución será de 10.5 por ciento estatal y 1% municipal.

Se excluirán del IVA los servicios de educación, servicios médicos, medicinas, alimentos, materia prima, y rentas comerciales y residenciales.

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El proyecto fue enmendado en el hemiciclo estableciendo un mecanismo de evaluación al sistema contributivo local que consistirá de la creación de una Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo (Catic).

El Catic tendrá como función evaluar distintos modelos tributarios, incluido el arbitrio general, y rendir un informe en el cual se establezcan recomendaciones sobre la viabilidad o no de implantar algún modelo como transformación al sistema actual del impuesto al consumo.

Puerto Rico destinará el 15 % de su presupuesto anual al pago de la deuda

Pese a incluir un recorte del gasto de 674 millones de dólares, Puerto Rico planea para el que puede ser su décimo año de recesión un presupuesto más elevado que el actual, ya que tendrá que destinar más del 15 % de sus fondos al pago de la deuda, cuyas obligaciones son cada vez más elevadas.

Así lo explicaron el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz, en una conferencia de prensa para explicar el presupuesto propuesto por el Gobierno para el ejercicio fiscal que comenzará el 1 de julio.

El presupuesto es de 9.800 millones de dólares, frente a los 9.565 del año anterior, pese a que incluye recortes de gastos operativos por 674 millones.

El problema es que se han tenido que reservar 1.537 millones de dólares para atender las obligaciones derivadas de la deuda de más de 73.000 millones de dólares que asfixia las cuentas públicas.

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Esa cantidad es un 26 % superior a la de este año y la más elevada que se destina al pago de la deuda desde hace más de una década. De hecho, ronda el 15,6 % de todos los gastos previstos para el próximo ejercicio fiscal, frente al 12 % que supone ahora.

Estos datos aumentaron hoy los temores de la agencia de calificación Moody's de que Puerto Rico tenga que acabar por cancelar el pago de parte de la su deuda, lo que le llevó a enterrar aún más su calificación para la isla en el grado especulativo ("chatarra").

La agencia estadounidense decidió dejar los bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno, en el nivel Ca, reservado para la deuda "extremadamente especulativa" y a solo un escalón del C, el impago.

Además, bajó las Obligaciones Generales de Puerto Rico a Caa2, el escalón número 8 de los 11 en que esta agencia de calificación divide el grado especulativo.

"Creemos que Puerto Rico no va a ser capaz de completar su financiación pendiente -que incluía reponer fondos en efectivo en el BGF- antes del final del año fiscal", señaló Moody's, convencida de que tarde o temprano el Gobierno se verá obligado a adoptar medidas drásticas, que pueden incluir aplazar el pago de la deuda.

El propio secretario de la Gobernación reconoció hoy que Puerto Rico tiene las puertas de los mercados financieros cerrados, por lo que no puede seguir pidiendo prestado.

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Por el momento, prevé el cierre de una veintena de agencias públicas y un centenar de escuelas, amortizar puestos de trabajo, cancelar contratos, recortar gastos de funcionamiento, cortar las aportaciones a los fondos de pensiones y, en general, recortar el presupuesto de ciertas agencias y las transferencias a entidades del tercer sector.

A todos los problemas se suma que previsiblemente en este ejercicio fiscal, que acaba al final del junio, se recaudarán 130 millones de dólares menos de lo previsto.

El Gobierno tiene la esperanza de que los legisladores aprueben en estos días un alza de impuestos que permita elevar los ingresos 1.200 millones de dólares.

Con ello podría tratar de acudir de nuevo a los mercados para pedir 2.950 millones de dólares en instrumentos de deuda respaldados por ingresos impositivos, algo que lleva meses tratando de hacer sin éxito, ya que los mercados exigía ver antes un presupuesto creíble.

La idea es evitar un cierre gubernamental, que es la opción que baraja el Gobierno para los próximos meses si no logra una inyección inmediata de capital, ya que se niega a declarar un impago de deuda o a despedir empleados públicos de forma masiva.

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