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Huelga de choferes de metrobús en Cuba

Huelga de choferes de metrobús en Cuba

La protesta colectiva afectó los viajes de unos 25 ómnibus de transporte de pasajeros, situación que precisó del refuerzo improvisado

Luego de rendir viaje, el chofer de alias el "Guajiro" fue sometido por

varios oficiales del DTI a un registro sorpresivo de su ómnibus a la

entrada del paradero. El hallazgo de cuatro pesos fuera de la alcancía

les bastó a los militares para arrestarlo. La reclamación del chofer

provocó que le propinaran una golpiza delante de los demás trabajadores

y que lo condujeran esposado para la estación policial del Capri.

De modo espontáneo todos los choferes del plantel comenzaron a

protestar en solidaridad con el agredido, y a los gritos acalorados de

insultos a los policías por su actuar arbitrario, se sumaron otros que

pidieron sabotear la actividad laboral, interrumpiendo las salidas

planificadas.

A la rápida presencia en el centro de decenas de oficiales de la

seguridad del estado y de altos funcionarios del ministerio del

interior, se sumó, poco tiempo después, la del viceministro del

Transporte, acompañado del jefe de gobierno del municipio, así como las

máximas autoridades de la empresa Metrobus, tratando de mediar alguna

solución al conflicto. Básicamente la exigencia de los choferes se concentró en que pusieran

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en libertad a su compañero y que castigaran a los agresores. Algunos

expresaron que tenían el temor de que durante el traslado a la estación

se hubieran extremado aún más golpeando al Guajiro. Además, reclamaron

que terminaran las humillaciones y los malos tratos que reciben

cotidianamente de los inspectores del transporte y de los oficiales del

DTI. Sobre las tres de la tarde las autoridades lograron conciliar el

acuerdo de que los trabajadores abandonaran la huelga y se reanudaran

las actividades laborales, con la promesa de que en menos de 24 horas

ellos regresarían al paradero para darle respuesta a las exigencias de

los amotinados. Los operativos de la policía para detectar irregularidades en los

metrobús del transporte público comenzaron el 8 de octubre de 2008, con

un saldo inicial de 29 choferes arrestados. En lo que va a la fecha,

centenares de choferes han sido procesados penalmente o expulsados de

su puesto laboral en posteriores redadas. Sólo en el paradero del

Calvario 10 trabajadores han sido sancionados, con penas de 1 a 3 años,

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por el "delito" de manejo indebido de los recursos del Estado.

El modus operandi de la policía consiste en subir en los ómnibus

vestidos de civil y se mantienen vigilantes hasta que algún pasajero le

entrega el dinero directamente a los choferes en vez de echarlo en la

alcancía, prueba suficiente para ellos de delito. Otra modalidad es

parar el ómnibus y registrar a los choferes, si les encuentran dinero

en los bolsillos o fuera de la alcancía también lo toman como evidencia

de delito. En ambos casos, arrestan automáticamente a los implicados,

estos pasan unos días en los calabozos y luego son procesados en

juicios sumarios, sin derecho siquiera a un abogado defensor.

Los choferes de los metrobus tienen que trabajar durante largas

jornadas por un salario de hambre que no les alcanza ni para cubrir sus

necesidades elementales, perciben aproximadamente 130 pesos en la

quincena, aunque por nómina está estipulado que pueden ganarse

mensualmente 13 dólares y un par de pesos más de estímulo; en la

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práctica resulta imposible cumplir con los requisitos que se les exigen

para alcanzar esa retribución extra.

La población conoce de las penurias de esos trabajadores y algunos

prefieren darles el peso en sus manos en vez de echarlo en las

alcancías, situación que, en todo caso, hace que sean dichos pasajeros

los que infringen su obligación de pagar el ómnibus, y para nada

constituye un supuesto delito de parte de los choferes.

Se conoce que en la terminal de ómnibus de San Agustín los trabajadores

también se lanzaron a una huelga el pasado mes de enero en protesta por

los malos tratos de los que son víctimas, acción que interrumpió por

varias horas el servicio de transporte público, y la policía acabó la

protesta mediante golpizas, encarcelamientos y expulsiones de los

principales responsables.

Posteriormente, el pasado 19 de febrero, un chofer de la ruta P-12 y

otro del P-16, de la terminal de Santiago de las Vegas, cayeron en una

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redada policial en la avenida Acosta esquina 10 de Octubre, y como se

resistieron al arresto fueron reducidos por los militares con el uso de

la fuerza y llevados para los calabozos de la estación de Aguilera en

espera de ser procesados penalmente. Al cabo de unas horas les

revocaron la medida y los dejaron en libertad con una multa de 500

pesos a cada uno, para calmar los ánimos de los demás trabajadores de

la terminal que desataron una fuerte protesta cuando se enteraron de lo

sucedido.

Mientras se tornan más frecuentes este tipo de situaciones abusivas con

los trabajadores, las autoridades del gobierno no tienen reparos en

anunciar por los medios informativos su declarada guerra contra la

vagancia, y el llamado de convertir el trabajo en una necesidad y en un

deber de todos los cubanos.

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