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La mayoría de los menores centroamericanos que cruzan solos la frontera provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Gobierno pide a jueza reconsiderar fallo sobre centros familiares de detención

Gobierno pide a jueza reconsiderar fallo sobre centros familiares de detención

El Departamento de Justicia presentó recurso y pide a una jueza que reconsidere la liberación de familias migrantes.

La mayoría de los menores centroamericanos que cruzan solos la frontera...
La mayoría de los menores centroamericanos que cruzan solos la frontera provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras.

El Departamento de Justicia presentó el jueves un recurso en el que pide a una jueza federal de distrito que reconsidere un fallo cautelar que advierte que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) viola la ley al detener a niños.

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El dictamen fue emitido por la jueza Dolly Gee, quien preside la Corte Federal de Distrito del Centro de California, en atención a una demanda entablada a finales de 2014 por grupos de derechos civiles y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes.

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El fallo señala que el gobierno viola el acuerdo judicial Flores versus Meese de 1997 que prohíbe la detención de menores de edad en centros restrictivos.

También pidió liberar de inmediato a las madres de los niños detenidos en centros de detención familiares de ICE, dos en Texas y uno en Pensilvania.

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Los argumentos

En el documento, presentado por el Departamento de Justicia, el gobierno argumenta que la detención a corto plazo de familias de inmigrantes cuando intentaban ingresar indocumentados al país por la frontera con México es necesaria y legítima.

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El recurso fue presentado cuatro días después de un plazo que vencía el lunes para que el gobierno argumentara su política de detenciones.

El gobierno pide al tribunal que no aplique su decisión (de liberar a niños y mujeres), a la luz de cambios recientes destinados a convertir los centros de detención familiares en instalaciones de procesamiento de corto plazo y no de largo término, como operaban hasta junio.

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Cientos de detenidos

Dos de los tres centros de detención en la mira de la justicia, uno en Texas y uno en Pennsylvania, tienen actualmente unas 1,400 personas, en su mayoría centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Honduras) en busca de asilo después de huir de la violencia en sus países.

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El Departamento de Justicia explica que limitar la detención aún más, fomentaría que más familias busquen ingresar al país ilegalmente. Agrega que las detenciones breves ya no violan los acuerdos jurídicos que estipulan que los hijos de inmigrantes no estén retenidos en instalaciones de seguridad.

En 2014 el gobierno reconoció una crisis en la frontera tras la detención por parte de la Patrulla Fronteriza de más de 68 mil migrantes indocumentados cuando trataban de ingresar al país.

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Fallo previo

En abril la jueza Gee había anticipado un fallo y fijado un plazo para que los demandantes y el gobierno llegaran a un entendimiento que garantice el cumplimiento del acuerdo Flores versus Meese.

Luego de varias semanas las partes reconocieron que los intentos habían fallado. La jueza Gee entonces emitió un segundo fallo el 25 de julio.

Ante el riesgo de que se produzca una nueva oleada migratoria como la registrada en 2014, el Ejecutivo exige a la Corte que reinterprete el acuerdo de 1997 y que le permita exponer en una audiencia sus argumentos contra la liberación de las familias antes de tomar una decisión final sobre el asunto.

Temen otra crisis

En el recurso el Departamento de Justicia detalló que en el tiempo transcurrido dentro del año fiscal de 2015, que comenzó en octubre de 2014, la Patrulla Fronteriza ha apresado a 24,901 miembros de unidades familiares, lo que supone un descenso del 55% con respecto al año fiscal de 2014.

Durante el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014), el número de niños y progenitores detenidos en la frontera fue de 68,441, lo que supuso un aumentó del 361% con respecto al año anterior.

De los más de 68 mil detenidos el año pasado, ICE liberó a poco más del 95% con una orden para presentarse ante las autoridades para que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos. El resto fue enviado a centros de detención de ICE y del Departamento de Salud y Recursos Humanos, tal y como lo estipula una ley de 2008 para prevenir el tráfico humano.

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Argumentos de la demanda

El recurso del Gobierno llega tras meses de polémica acerca de los centros de detención de inmigrantes, con madres en huelga de hambre y cientos de congresistas pidiendo el cierre de esas instalaciones, que compararon con "cárceles" por el "grave" daño que infringen a las madres y niños internados.

El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció en junio una reforma para reducir el tiempo que las familias de inmigrantes permanecen en los centros de detención de indocumentados del país, que fueron reabiertos tras la masiva llega de inmigrantes del año pasado.

Tras el anuncio de Johnson, su departamento comenzó a evaluar los casos de las familias detenidas durante más de 90 días para determinar si deben o no permanecer internadas y empezar a liberar a aquellas retenidas durante un mayor periodo de tiempo.

El fallo final

La corte presidida por Gee tiene planeado introducir una orden judicial en todo el país que requiere que el DHS cumpla el acuerdo de 1997 que establece los requisitos legales específicos para el lugar donde deben permanecer los niños migrantes.

Los abogados de los demandantes tienen un plazo de una a dos semanas para responder a los argumentos del gobierno. Luego la jueza Gee emitirá un dictamen final.

El gobernador de Maryland, Martin O’Malley dijo el viernes, tras conocer el recurso del Gobierno, que “encarcelar a madres y niños refugiados en campamentos de detención va en contra de todo lo que nuestro país simboliza” y agregó que “la Casa Blanca debe actuar de inmediato para colocar a todas las madres y niños refugiados en los hogares de sus familiares o con familias que les den hospedaje”.

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"Como lo hicimos en el Estado de Maryland, yo le hago un llamado a una amplia coalición de Americanos patriotas"lideres religiosos, al igual que a lideres en las comunidades de derecho, medicina, educación, y sin fines de lucro para ayudar a estas vidas vulnerables a navegar el proceso de asilo con amor y compasión”, agregó el también candidato a la nominación presidencial del Partido Demócrata.

O’Malley insistió en que los estadounidenses “somos un pueblo compasivo y generoso que no debe darle la espalda a los mas necesitados”.

Religiosos, abogados y congresistas demócratas también han cuestionado la política de detención de niños y familias de ICE y exigen a la Administración liberar a todas las madres y niños y que sea un juez de inmigración el que decida sus futuros en Estados Unidos, “pero libres”, apuntan.

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