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Fianzas para indocumentados

Fianzas para indocumentados

Las altas fianzas que fijan los tribunales de Texas a los indocumentados acusados de un delito indican que la ley no se aplica igual a todos.

Autoridades mexicanas están preocupadas

HOUSTON, Texas - Las altas fianzas que fijan los tribunales de Texas a los indocumentados acusados de un delito son un ejemplo de que la ley no se aplica igual a todas las personas en este estado, coinciden expertos y activistas.

Desde hace dos años, los jueces en el condado Harris, donde se asienta Houston, imponen una fianza de hasta 35.000 dólares a todos los acusados de un delito con agravantes, así como a las personas indocumentadas o que hayan sido deportadas.

Se trata de una política adoptada en el mes de diciembre de 2006, tres meses después de la muerte de un agente del Departamento de Policía de Houston presuntamente a manos de un indocumentado que había sido previamente deportado.

Recientemente, la Asociación de Abogados Penalistas del condado Harris (CCLA, en inglés), que congrega a más de 300 especialistas en leyes criminales, exigió a las autoridades de ese condado a que revoquen ese decreto porque afecta directa y únicamente a un sector de la población y no a todos como debería ser.

La petición fue firmada además por la Asociación de Abogados México Americanos y por el Fondo México Americano para la Educación y Defensa Legal (Maldef, en inglés).

Patrick McCann, presidente de CCLA asegura que el sistema adoptado por los jueces del condado Harris contribuye a que se cree una desigualdad de derechos para los detenidos en situación ilegal en el país.

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"Lo que se quiso hacer es asegurarse que los indocumentados que han cometido una falta no se escapen a sus países de origen y que se presenten a corte después de haber pagado la fianza impuesta por el juez", indicó McCann en entrevista con Efe.

"Pero debemos comprender que 35.000 dólares de fianza es una suma muy difícil de conseguir, y más cuando por su condición migratoria ningún fiador aceptará las garantías de un préstamo porque no quieren arriesgarse", agregó McCann.

Según Carlos García, Cónsul de Protección del Consulado General de México en Houston, esta práctica, la de imponer fianzas altas a los indocumentados, se puede convertir en un problema mayor conforme se vayan detectando casos en donde "no se considera nada de lo demás".

"El punto clave es que en este sistema no se está dando la oportunidad para que los mexicanos tengan un proceso debido e igualitario bajo la ley. Queremos que se tome en cuenta la situación de la persona acusada en su totalidad y no solamente por su estatus migratorio", aclaró García.

De acuerdo con el funcionario diplomático, es posible que este decreto tenga una repercusión más allá de lo que se había considerado al principio.

"Al asignarse automáticamente una fianza de 35.000 dólares sin considerar el arraigo, la posibilidad económica y la gravedad del delito, creo que se está convirtiendo en una situación anómala", señaló García.

El Consulado General de México en Houston asegura que ha detectado varios casos, pero que no hay cifras exactas del número de afectados.

Al norte de Texas, la situación de las fianzas es también materia de preocupación para las autoridades mexicanas.

Según Miguel Eduardo Rea, Cónsul de Prensa en el Consulado General de México en Dallas, las fianzas a los indocumentados mexicanos que enfrenta acusaciones por delitos graves ascienden en su mayoría a los 10.000 dólares por persona.

"No es tan alta como en el sur del estado, pero sigue siendo una suma considerable porque estas personas no pueden salir a buscar ayuda financiera ni legal para su caso", afirmó Rea, quien también cree que se deberían tomar otras consideraciones a la hora de imponerse una fianza.

"Por ejemplo, cuántos años vive esa persona en el país, aunque sea indocumentada. Si tiene familia, hijos, padres y hasta propiedades. En esos casos es más difícil que una persona no se presente a su cita en corte porque simplemente tiene mucho que perder", aclaró Rea.

Mientras tanto, MALDEF y otras organizaciones cívicas han anunciado la posibilidad de demandar a los condados que imponen las fianzas basadas en la situación migratoria del acusado, que no tienen antecedentes penales que justifiquen esa suma tan elevada. EFE

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