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Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Fallo judicial abre polémica sobre uso de armas de fuego por la Patrulla Fronteriza

Fallo judicial abre polémica sobre uso de armas de fuego por la Patrulla Fronteriza

La familia del mexicano Sergio Hernández perdió una demanda civil. El joven fue muerto a tiros en 2010

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Un fallo de una corte la semana pasada dejó la puerta abierta para que los agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) usen sus armas y disparen a mexicanos al otro lado de la frontera.

La Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito revirtió un dictamen previo y resolvió que la familia de un joven mexicano baleado en 2010 por un agente de la Patrulla Fronteriza no puede demandar en una corte estadounidense.

El mexicano Sergio Hernández, de 15 años, murió cuando el agente Jesús Mesa Jr. le disparó mortalmente. El niño estaba de pie en el lado mexicano de la frontera. Mesa le disparó varias veces a Hernández, incluyendo un tiro en la cabeza. El patrullero alegó que el muchacho le había lanzado piedras.

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La Patrulla Fronteriza ha dicho que Hernández estaba entre un grupo de personas que arrojaban piedras a los agentes al otro lado de la frontera, y que eso puso sus vidas en riesgo. La muerte de Hernández quedó registrada en un video.

En agosto del año pasado Elena Rodríguez, madre de Hernández, demandó a la Patrulla Fronteriza alegando que su hijo caminaba hacia su casa tras jugar básquetbol con su novia y amigos cuando recibió 10 balas en la espalda.

Explicó en la demanda que el niño se encontraba en Nogales, en el estado de Sonora, junto a la alta reja de acero que separa Estados Unidos de México cuando un agente de la Border Patrol le disparó desde Nogales, Arizona.

Una autopsia mostró que Hernández recibió al menos ocho disparos.

La demanda no prosperó y la familia apeló el dictamen.

Cierran la puerta

De acuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones, los agentes de la Patrulla Fronteriza puedan usar sus armas para disparar a inmigrantes mexicanos a lo largo de la frontera entre ambos países, a condición de que las personas que tienen como objetivo están de pie a unos metros de territorio estadounidense.

“Al agente involucrado no se le formularon cargos penales”, explicó a UnivisionNoticias.com la abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la California Western School of Law de San Diego, California. “Cuando no hay cargos penales es muy difícil, en este tipo de casos, ganar una demanda civil, que fue lo presentado por la familia de Hernández”.

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“La familia del niño argumentó que fueron violados sus derechos constitucionales y la corte consideró que no había un caso (standing), por tanto no le asiste el derecho porque esa violación se cometió fuera del territorio de Estados Unidos, ocurrió en territorio mexicano”, dijo.

Velásquez también explicó que “vemos un patrón de conducta” en este tipo de casos “y en la mayoría de los casos como el de Hernández se le da el beneficio de la duda al agente de la ley”.

“En este caso un joven estaba lanzando piedras y cabe la posibilidad de que haya sido un arma mortal. Es raro que a un agente de la Patrulla Fronteriza lo condenen por este tipo de hechos”, apuntó. “Según los argumentos, Hernández arrojó la piedra desde el lado mexicano a un agente federal que estaba en el lado estadounidense”.

Tras el dictamen de la semana pasada, ningún otro tribunal volverá a examinar un caso como el de Hernández y las familias de las víctimas se quedará sin una vía legal para presentar una demanda. Las actuaciones de los agentes de la Patrulla Fronteriza no serán restringidas ni tampoco revisadas por los tribunales.

Luego de la muerte de Hernández, el agente Mesa recibió un permiso administrativo de tres y volvió a sus deberes sin que se le presentaran cargos penales.

Territorio imposible

“Por eso es tan difícil ganar una demanda civil”, reiteró Velásquez. “Es casi imposible ganar en una corte con este tipo de demandas”.

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La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que entabló la demanda en nombre de Araceli Rodríguez, dijo que el hecho fue un ejemplo más del empleo excesivo de la fuerza por parte de los agentes, a quienes no se les exige que rindan cuentas. Rodríguez ha sostenido que su hijo nunca tuvo piedras ni arma alguna.

En el pasado, los jefes de la agencia han defendido el uso de la fuerza por parte de sus agentes. El jefe Michael Fisher dijo en marzo que se equivocan quienes dicen que los agentes abren fuego “indiscriminadamente”.

“Para la gente como yo, no hay nada más aterrador que luchar por la propia vida cuando uno está solo y sin comunicación, y piensa por un instante que no volverá a casa al fin de su turno para ver a su esposa y su hijo”, sostuvo Fisher. “Lo único parecido a esa oleada de miedo es pensar en tener que usar la fuerza mortífera contra otro ser humano”.

Los grupos defensores de los inmigrantes sostienen desde hace tiempo que los agentes tienen el gatillo fácil.

La demanda de la ACLU sostuvo que la Patrulla Fronteriza padece un problema “sistemático” con el uso de la fuerza. A sus agentes suele permitírseles que utilicen fuerza letal contra los que arrojan piedras porque éstas pueden ser mortales. Las personas que avientan rocas han atacado a agentes más de 1,700 veces desde 2010.

“Desgraciadamente, la muerte de José Antonio a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza no es un suceso aislado, sino parte de un problema más amplio de abusos por agentes de fronterizos en Nogales y otras partes”, afirmó la demanda.

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El otro escenario

Si Hernández hubiese sido abatido por la policía el escenario legal habría sido distinto, el caso habría sido remitido por lo menos a un gran jurado. Pero muchas agencias policiales locales también se enfrentan a un escrutinio por parte del Departamento de Justicia por el uso excesivo de la fuerza y discriminación contra las minorías, reportó el diario The Guardian.

La muerte de Hernández no es un incidente aislado. Un reporte del diario The Washington Times reveló que en 2010 se han producido 43 casos en los que implicó el uso de la fuerza letal por parte de agentes de la Patrulla en la frontera. Diez de ellos resultaron en muertes.

The Guardian dijo que el fallo de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito debilita en parte la separación de poderes para prevenir abusos o la rendición de cuentas. Al parecer los tribunales ahora están dispuestos a abdicar de esta responsabilidad cuando el individuo es nacional extranjero en su propio país, incluso si se trata de un niño”, indicó.

La Corte de Apelaciones explicó en su fallo “que no había un caso porque la muerte de Hernández ocurrió en territorio mexicano”, dijo Velásquez. “Dictaminaron que fue un delito que cometió en México y no en Estados Unidos, y que por tanto la familia del niño debió haber demandado en México”, concluyó.

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Durante el proceso el gobierno mexicano apoyó jurídicamente a la familia de Hernández, a pesar de que antes del fallo de la Corte de Apelaciones un juez de distrito de Texas había determinado que la familia del niño no podía demandar civilmente, ni al gobierno de Estados Unidos, ni al agente de la patrulla fronteriza.

La corte explicó que no procede la demanda porque el menor se encontraba fuera de territorio estadounidense.

"México respeta la interpretación que Estados Unidos hace de sus leyes y su Constitución; ese país debe prever una forma de compensación a las víctimas y hacer responsables a sus agentes que violan los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos", dijo Jacob Prado, cónsul General de México en El Paso, Texas, en enero de este año.

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