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Estados que demandaron la acción ejecutiva piden a juez que mantenga la suspensión

Estados que demandaron la acción ejecutiva piden a juez que mantenga la suspensión

Presentaron un documento donde piden al juez Andrew Hanen que rechace el recurso de emergencia de Obama.

Por Jorge Cancino

Los 26 estados que demandaron la acción ejecutiva del presidente Barack Obama rechazaron el martes un recurso de emergencia interpuesto por el Departamento de Justicia el 23 de febrero para que el juez federal Andrew S. Hanen, del Quinto distrito de Brownsville, anule un fallo cautelar que dictó previamente y que congela temporalmente la puesta en vigor de la medida.

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Los demandantes, encabezados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, señalaron en un escrito entregado a la Corte que no acepte el pedido de suspensión del beneficio migratorio, que ampara de la deportación a entre 4.5 y 5 millones de indocumentados.

En el escrito, los demandantes argumentan que la acción ejecutiva del presidente Obama no le da a los empleados de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la oportunidad de tener “discreción” en hacer las determinaciones sobre prioridades de deportación, sino que les da la orden de que no deporten a ciertas personas.

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En resumen, señalan que la medida estaría forzándolos a desobedecer la Constitución.

También dicen que el gobierno no presentó ninguna prueba de la emergencia que se requiere para echar a andar la “burocracia” para proteger a la nación.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) iba a abrir la ventanilla para la recepción de las primeras solicitudes correspondientes a dreamers el 18 de febrero, pero el fallo del juez Hanen impidió el inicio del proceso.

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En este punto, el abogado Ezequiel Hernández explicó a UnivisionNoticias.com que “si no se hace nada, es decir si el Juez no da la orden de suspensión, no pasaría nada porque siempre el país ha estado así y no crea una emergencia” que justifique el recurso del gobierno.

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En otro punto del documento, los demandantes precisan que el mandatario no ha mostrado que la actual situación con la ley migratoria haya causado un daño irreparable. También indican que por décadas no se ha reconocido a ningún Presidente el que unilateralmente le de permisos de trabajo a casi un tercio de los indocumentados en el país.

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La acción ejecutiva del 20 de noviembre, además de amparar de las deportaciones a unos 5 millones de indocumentados, entre padres de ciudadanos y residentes permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) y dreamers (DACA, por sus siglas en inglés), la USCIS les concederá un permiso de empleo temporal renovable cada tres años.

En otro punto del documento, los demandantes indican que la corte de Brownsville, Texas, “correctamente reconoció y falló bien”, ya que después de activar la acción ejecutiva sería imposible volver al estado inmediato anterior.

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Los 26 añaden en el escrito que el Presidente no puede crear una “crisis de emergencia” simplemente por frustración de que el Congreso no actuó. Cuando Obama anunció la acción ejecutiva, dijo que era en respuesta a la inacción del legislativo con el tema de la reforma migratoria.

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En junio del 2013 el Senado aprobó la ley S. 744 que incluía un camino a la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país. Pero el liderazgo de la Cámara de Representantes lo rechazó y prometió que discutiría un plan propio y por partes.

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A finales de febrero de 2014 anunciaron una lista de principios de la reforma migratoria. Sin previo aviso, una semana después la cancelaron y dijeron que no confiaban en que Obama haría cumplir la ley y que por ese motivo no debatirían la reforma migratoria. Tampoco presentaron un proyecto alterno similar al aprobado por el Senado.

También argumentaron la vigencia de la Regla Hastert, que solo permitiría llevar al pleno proyectos de ley que tengan el respaldo de la mayoría de la mayoría, una norma que no le garantizó a los republicanos los votos necesarios para aprobar ninguna clase de medida en la Cámara, ya sea en apoyo o en contra de la reforma migratoria.

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En junio, un año después de la aprobación del S. 744,  Obama anunció que tomaría acción ejecutiva en el tema antes de las elecciones, promesa que luego cambió hasta esperar el resultado de las elecciones de medio tiempo.

El 20 de noviembre y con un Congreso controlado por los republicanos, el presidente anunció la acción ejecutiva que ahora la oposición trata de detener en las cortes.

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Los estados demandantes argumentaron además al juez Hanen que no tiene lógica pedir un alivio de emergencia para un plan de intenciones futuras como la expansión de DACA y DAPA, puesto que no se trata de una ley, y que las directivas de ambas medidas si bien están suspendidas, si la administración quiere puede, caso por caso, usar su discreción para no deportar a personas de baja prioridad.

En otro argumento los 26 indican que si se pone en vigor la acción ejecutiva, “dañaría a los estados”, por ejemplo Texas, que tendría que gastar varios millones de dólares para dar licencias a los beneficiados de DACA y DAPA.

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Escribieron además que los estados no serian libres de poder negar licencias de conducir, ya que se implementarían los casos anteriores que le otorgan licencias a los dreamers, y que por ese motivo los estados estarían atados y sin opción.

El presidente Obama ha dicho estar confiado en que la ley y la historia “están de nuestro lado” y que su administración prevalecerá en la batalla legal por la acción ejecutiva,  aunque advierte que la batalla legal podría durar meses.

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La Administración, a su vez, ha explicado que la orden ejecutiva anunciadas el 20 de noviembre del año pasado está dentro de la autoridad legal del presidente, y que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso indicaron que funcionarios federales pueden establecer prioridades para el cumplimiento de las leyes migratorias.

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"La decisión de la Quinta Corte de Distrito (presidida por Hanen) evita erróneamente que entren en vigor esas políticas legales y de sentido común, y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará esa decisión", aseguró la Casa Blanca el día en que Hanen frenó el beneficio.

La Administración agregó que el Departamento de Justicia, juristas, expertos en inmigración y el tribunal de Distrito en Washington DC, “han determinado que las acciones del Presidente están dentro de sus facultades legales”.

Ha dicho además que “altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, junto con líderes estatales y locales en todo el país, han hecho hincapié en que con estas políticas también se beneficiarán la economía y ayudará a mantener seguras a las comunidades”.

Los estados que demandaron la acción ejecutiva son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin, además de Texas.

Montana y West Virginia están gobernados por demócratas quienes no participan en la demanda, pero si sus respectivos fiscales generales, ambos republicanos.

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El abogado Hernández dijo que “lo que sigue es que el juez Hanen dará una orden tan pronto como mañana, pero también puede demorar en comunicarla”.

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