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escacez laboral por nuevas med

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Preocupación por el programa federal que obligará a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus empleados.

Negocios pequeños sufrirán más

LOS ÁNGELES -  Empleadores de California, especialmente de los sectores agrícola, construcción y servicio, manifestaron su preocupación ante las medidas anunciadas el viernes por el gobierno federal que les exige verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, entre otras.

Osvaldo López es dueño de un restaurante salvadoreño en Los Ángeles y aunque él y su esposa atienden directamente el negocio, tienen dos personas que ayudan en la cocina y otras dos que sirven a los clientes en las horas de más demanda.

Los cuatro empleados son familiares e indocumentados."El negocio apenas da para vivir y mis empleados no tienen papeles y nadie los contrataría para trabajar legalmente", explicó a Efe, refiriéndose a las nuevas disposiciones destinadas a castigar a empresas que contraten a inmigrantes indocumentados.

"Lo que yo les pago le sirve a ellos para mantenerse y ayudar en sus casas. Si el gobierno me investiga, no sólo ellos van a perder su empleo, sino que yo puedo perder mi negocio, que no da para pagar 'trabajadores legales' y mucho menos para pagar una multa", declaró López.

El gobierno anunció el viernes la ampliación del programa "Basic Pilot" de 1997, rebautizado como "E-verify", en el que las empresas pueden cotejar la información de sus empleados con las bases de datos del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) y la Administración del Seguro Social.

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Reynaldo (no quiso dar su apellido) es un contratista del sur de Los Ángeles y su compañía se especializa en reparación de aceras, aunque también hace trabajos particulares a viviendas, como entradas pavimentadas a los garajes o terrazas.

"Yo trabajo con las ciudades. Pagan bien y continuamente están saliendo contratos", comentó a Efe el empresario, quien tiene un supervisor de confianza que lleva más de 10 años trabajando para él.

"Ni hablar de papeles... vino ilegal y sigue así. No tiene como buscar una residencia permanente", asegura y aunque alguna vez pensó solicitarle una visa de trabajo, "un abogado me recomendó que no lo hiciera: podría traer investigaciones a mi negocio".

Dependiendo de la obra, las cuadrillas son entre cuatro y 10 trabajadores.

"Son contactos que maneja mi supervisor. Él los conoce, los llama y arregla el pago. Se les paga semanalmente y a veces por día. No pueden figurar como mis empleados porque no tienen papeles ni los van a poder tener por ahora", afirmó.

Al preguntársele sobre las nuevas reglamentaciones que obligan al empleador a investigar el estatus migratorio de sus trabajadores, Reinaldo sonrío.

"Eso es para las grandes compañías y para el gobierno. Yo soy solamente un contratista menor... todos sabemos cómo funciona eso", dijo.

A partir del mes próximo, las empresas tendrán un plazo de 90 días para corregir cualquier error tipográfico o administrativo en los documentos, una vez que reciban una advertencia por escrito del gobierno sobre cualquier discrepancia.

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Las compañías tendrán la obligación de despedir a empleados que presenten documentos falsos o que no puedan corregir las discrepancias en sus números de Seguro Social, y las que hagan caso omiso a las advertencias afrontarán multas iniciales de $2,200 y hasta cargos criminales, según el DHS.

Sin embargo, representantes de la industria agrícola han expresado serias preocupaciones sobre las medidas anunciadas, temiendo que puedan generar escasez de mano de obra

"Esto va a ser muy delicado. Vamos a ver cientos de miles de personas sin trabajo", predijo Jesse Alderete, un contratista del Valle de Salinas, el área líder en la producción de vegetales frescos en EU.

Para Alderete, el riesgo de pérdida de cosechas es igualmente grande pues "no vamos a contar con mano de obra para la recolección".

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