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Con la ayuda de la empresa privada, legisladores hispanos en Texas confían en que se podrá luchar contra cualquier proyecto anti-inmigrante.

Estrategia política

Austin, TX - Con la ayuda de la empresa privada, legisladores hispanos en Texas confían en que se podrá luchar contra cualquier proyecto de ley anti-inmigrante en el Legislativo del estado.

La semana pasada, el grupo de legisladores méxico-americanos de Texas anunció la formación de una coalición con empresas privadas para combatir el clima anti-inmigrate que se vive a nivel político en el estado.

Entre las organizaciones que forman esta alianza se encuentran la Asociación de Negocios de Texas, la Asociación de Cámaras de Comercio México-Americanas de Texas y el grupo Empleadores de Texas por una Reforma Migratoria.

También conforman esta alianza la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Según el representante estatal Rafael Anchía (D-Dallas), los grupos que representan al mundo empresarial del estado se han comprometido a luchar para que ninguna propuesta migratoria sea tomada en serio a nivel estatal.

"El tema de una reforma migratoria le compete al gobierno federal, eso está claro. Pero con el apoyo y la influencia de estos grupos queremos asegurarnos de que no habrá legislación anti- inmigrante alguna", señaló Anchía a Efe.

De acuerdo con el legislador, esta alianza es una respuesta a una propuesta de ley que él mismo presentó en diciembre pasado con el apoyo de su bancada que proponía castigar a las empresas de Texas que contratan indocumentados.


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Su anteproyecto causó revuelo en algunos sectores hispanos del estado al que se calificó de discriminatorio. Pero la estrategia no fue entendida por una minoría, según comentó Anchía.

"Detrás de esa propuesta estaba el atraer a la empresa privada para que se involucre en el debate migratorio. Al final, hemos logrado nuestro cometido al comprometernos a luchar por las medidas anti-inmigrantes en Texas", afirmó el legislador.

La propuesta HB 351 (1), que fue retirada por Anchía, establecía que las empresas que soliciten fondos del Texas Enterprise Fund -que ofrece incentivos a compañías para que se instalen en el estado- podrán hacerlo sólo si prueban que no emplean a indocumentados.

Para el representante Roberto Alonzo (D-Dallas), la estrategia funcionó a la perfección debido a que ahora cuentan con mayor respaldo de empresas que tienen los recursos para cabildear en el Legislativo.

"Sabemos que para ganar la guerra anti-inmigrante necesitamos de la ayuda de un sector importante y poderoso porque para derogar legislaciones no son suficientes los 44 votos de los legisladores hispanos del estado cuando en realidad se necesitan 76", afirmó Alonzo a Efe.

El funcionario indicó que este mismo "esfuerzo legislativo" se dio en la legislatura de 1995 cuando ocurrieron eventos similares a los que se viven hoy día.

Bill Hammond, presidente de la Asociación de Negocios de Texas, señaló que esta coalición ayudará a que se estabilice y no empeoren las relaciones bilaterales, especialmente con México, el principal mercado para el estado.


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"Otro de los puntos que debemos tomar en cuenta es la falta de mano de obra para realizar las tareas agrícolas", apuntó.

"Al menos que permitamos suficiente inmigración legal para suplir las necesidades existentes de los empleadores tejanos, nuestras fronteras nunca estarán seguras", afirmó.

En su discurso al estado hace unas semanas, el gobernador Rick Perry admitió que una reforma migratoria le compete al gobierno federal y criticó la posible aprobación de una ley que ordene la construcción de un muro fronterizo.

De acuerdo con datos del Censo, los hispanos en Texas suman más de seis millones, el 32 por ciento del total de la población de ese estado. De esa cifra, según la Contraloría de Texas, existen entre 1.4 y 2.6 millones de hispanos (la mayoría de México) que viven en el estado sin documentos.


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