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El palacio de Justicia: un antes y un después para Colombia

El palacio de Justicia: un antes y un después para Colombia

Viviana Krsticevic comparte sus impresiones sobre la condena de la CIDH contra de Colombia por la toma del Palacio de Justicia.

Por Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL

El pasado 10 de diciembre, Colombia recibió una decisión transcendental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, encontró al Estado responsable de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante uno de los eventos más trágicos de la historia reciente de Colombia: la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 y la retoma por parte del Ejército.  

El caso se remonta a los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el M-19 decidió tomar el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado de Colombia. Se trató de una toma anunciada: desde agosto de ese año existía información de inteligencia en manos del Ejército sobre el inminente ataque por parte del M-19. Sin embargo, como constató la Corte Interamericana, las autoridades no hicieron nada para defender el Palacio y retiraron la seguridad dos días antes del ataque, dejando desprotegidos a los magistrados, empleados y visitantes.

Lo que siguió fue una imagen que todavía permanece en la memoria de muchas personas: la respuesta del Ejército con un operativo de retoma desproporcionado, sin voluntad de negociar y sin respeto a la vida de los rehenes; los tanques y la artillería pesada; el fuego que destrozó la casi totalidad del edificio; y el Presidente de la Corte Suprema, Reyes Echandía, pidiendo por radio al Presidente de la República que lo escuchara, que cesara el fuego hacia el Palacio porque había muchos rehenes vivos. Ese llamado fue ignorado y Reyes Echandía fallecería junto a otros rehenes y miembros del M-19. Más de 90 personas murieron en el Palacio, incluyendo a civiles y magistrados.

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En estos eventos también fueron torturados y desaparecidos 11 civiles y una guerrillera que salieron con vida del Palacio tras la retoma. Se acabó con la vida de otras dos personas y cuatro fueron víctimas de tortura. Un Magistrado del Consejo de Estado que logró salir con vida del Palacio, fue torturado, ejecutado extrajudicialmente y su cuerpo devuelto al Palacio para hacer creer que había muerto en el fuego cruzado. Todos estos hechos fueron establecidos en la Sentencia de la Corte, que reconoció que más allá de las 17 víctimas del caso, los eventos afectaron a centenas de personas que se encontraban en el Palacio.

Esta decisión llega en un momento en el que Colombia trata de pasar página a más de medio siglo de conflicto armado interno mediante una negociación de paz con las FARC y el ELN.

En este contexto, mediante su sentencia la Corte brinda una oportunidad para que la sociedad colombiana salde una deuda con su historia, lo que sucederá si las autoridades cumplen con la decisión y buscan a los desaparecidos, juzgan a todos los culpables por estos hechos y toman las acciones ordenadas por la Corte para esclarecer lo que pasó.

Esto fortalecería a las instituciones judiciales, que a lo largo de casi 30 años obstruyeron las investigaciones en favor de los perpetradores, y avanzaría en el reconocimiento de las víctimas del conflicto, que es una de las prioridades de la agenda del actual gobierno.  

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Esta decisión también contiene mensajes importantes para el resto de la región. En primer lugar, que las autoridades tienen el deber de proteger a su población, aun en los momentos más difíciles, evitando violaciones como las desapariciones forzadas, las torturas, y las ejecuciones.

También reitera la Corte que, si estos abusos se cometen, los hechos deben ser investigados y los responsables deben ser castigados. Y que es la justicia ordinaria, y nunca la militar, la competente para investigar graves violaciones a los derechos humanos.

En una primera reacción a la sentencia, el gobierno colombiano anunció que cumpliría con la decisión del Tribunal Interamericano. Si esta promesa es respetada, el caso del Palacio de Justicia marcará un antes y un después para Colombia.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que protege los derechos humanos en las Américas a través del uso estratégico de las herramientas provistas por el derecho internacional. A su vez CEJIL fue una de las organizaciones que litigó el caso del Palacio de Justicia frente a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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