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El nuevo aporte cubano

El nuevo aporte cubano

Cuba ha hecho un aporte relacionado con la ADN: ha sido sancionado un ciudadano como supuesto autor de un delito gravísimo... a pesar del ADN

Uno de los grandes aportes a la investigación criminalística

—probablemente el mayor de todos los tiempos— es el descubrimiento del

ADN. Mediante este admirable avance científico resulta posible

determinar con absoluta seguridad, en todos los casos en que ha quedado

material genético, si un individuo específico es autor o no de un hecho

concreto. Por series como las antes mencionadas sabemos de infinidad de

sucedidos en que el culpable de un crimen ha sido apresado y sancionado

gracias a esa nueva técnica; incluso hay casos en que ésta se aplica a

fechorías perpetradas lustros antes, cuando ella todavía no existía. En

otros casos sucede lo contrario: después de guardar injusta prisión

durante decenios, se prueba la inocencia de un reo, gracias —también

aquí— al ADN.

Sin embargo, en nuestra Cubita bella, como resultado del régimen

comunista, se ha hecho otro tipo de "aporte" relacionado con la

temática de ese moderno recurso investigativo: en la provincia de Las

Tunas ha sido sancionado un ciudadano como supuesto autor de un delito

gravísimo... a pesar del ADN.

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Se trata de Rafael Ramos Utra, preso desde hace más de cuatro años,

acusado de violar a una vecinita. Existe en su caso un dictamen del

Laboratorio Central de Criminalística (LCC), que afirma terminantemente

que "no existe relación entre el semen presente en el blúmer... y la

muestra de sangre" del inculpado; pero ya se sabe que un tribunal

cubano de hoy no se arredra ante una bobería como ésa, como tampoco se

amilanan por esa razón los policías, fiscales y demás autoridades

actuantes. Todos se han unido al coro que a una sola voz pide, aplica,

aplaude o ratifica el encarcelamiento de Ramos Utra.

Frente a ellos, una sola disonancia: la voz resuelta del valiente

defensor Carlos Manuel Pérez Ricardo, del Bufete Colectivo de

Majibacoa. Él, manteniendo en alto los principios de la ética

profesional, respalda y encauza las protestas de inocencia que desde el

mismo momento de su detención ha hecho y sigue haciendo el inculpado.

En la documentación facilitada por los familiares de éste podemos

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seguir, paso a paso, la lucha denodada del competente abogado por que

resplandezca la inocencia de su cliente: peticiones dirigidas al

instructor, queja a la fiscalía, escrito razonado de conclusiones,

recurso de casación, solicitudes de revisión. Todo lo ha intentado,

pero siempre ha encontrado oídos sordos. Como el héroe del relato

kafkiano, el licenciado Pérez Ricardo lleva ya más de cuatro años ante

un portón que parece destinado a no abrirse jamás.

Los argumentos empleados por las autoridades para tapar el sol con un

dedo han sido diversos, pero todos apuntan en la misma dirección. Como

—aunque parezca increíble— el dictamen emitido por el LCC no le había

bastado a la Fiscalía para disponer la libertad del reo, el defensor

pidió la realización de un nuevo peritaje en el Centro de Ingeniería

Genética y Biotecnología, el de Ingeniería Molecular, el Laboratorio

Anti-Doping o cualquier otro de los centros en los que se realizan

pruebas de ese tipo; las autoridades de instrucción, reacias a todo lo

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que huela a pluralismo, rechazaron la petición y la queja subsiguiente.

El propio abogado propuso en tiempo y forma que concurrieran al juicio

oral los especialistas del LCC que habían practicado el peritaje, así

como un profesional tan poco sospechoso de incompetencia o parcialidad

como el ya mencionado Dr. Jorge González. Éstos no fueron escuchados en

ese acto judicial, pese a la protesta del defensor. Quien sí se prestó

a concurrir al juicio fue una capitana del Ministerio del Interior,

citada de oficio por el Tribunal Provincial. Obviamente, el objetivo de

la presencia de esta agente era tratar de que desvirtuara los

concluyentes resultados del examen de ADN, en cuya realización ella no

había participado. Ese objetivo se cumplió a cabalidad, por lo que ante

ese órgano de justicia (de algún modo hay que llamarlo) se abrió la

posibilidad de sancionar al acusado a 20 años de prisión, como

ciertamente lo hizo. Para ello —desde luego— había que desestimar

también las declaraciones de varios testigos presenciales (pues el

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presunto delito de Ramos Utra había tenido lugar en pleno día, en una

casa de familia en la que había otras personas); esto lo hizo

igualmente el Tribunal Provincial de Las Tunas, aduciendo que en las

declaraciones de aquéllos "se observa el marcado interés de favorecer

al acusado". (Aquí cabe el comentario de que ciertamente se trata de

parientes del reo, ¡pero es que precisamente por eso era que se

encontraban allí, en la supuesta escena del crimen...!)

Para que la sentencia sancionadora quedara firme y se consumara el

atropello, faltaba otro trámite: El argumentado recurso de casación

presentado por el Lic. Pérez Ricardo tenía que ser desestimado por el

Tribunal Supremo. Así se hizo, con lo cual esta corte superior dio el

visto bueno a todos los desaguisados de su subordinada tunera. Las

solicitudes de revisión presentadas han corrido la misma suerte.

¿A qué se debe este ensañamiento con Rafael Ramos Utra? Aquí sólo

podemos entrar en el terreno de la especulación. Son de sobra conocidas

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las rencillas que suelen producirse en los centros de población

relativamente pequeños, lo que refleja el refrán: Pueblo chiquito,

infierno grande. Además, revisando la sentencia, observo un dato que

pudiera tener relevancia: este ciudadano poseía antecedentes penales:

dos por delitos "de personas decentes" (abuso en el ejercicio del cargo

y malversación), pero también uno por un delito contra la seguridad del

Estado. ¿Vendrá por ahí la cosa?

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