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Ejecuciones en Texas perjudica

Ejecuciones en Texas perjudica

Si Texas procede con la ejecución de los mexicanos, EEUU violaría tratados internacionales que perjudicaría a estadounidenses en el exterior.

Ejecuciones traerían "graves consecuencias"

EL PASO, Texas- La defensa del reo José Ernesto Medellín adelantó este jueves que de proceder con la ejecución del mexicano, fijada para el próximo 5 de agosto, EEUU violaría tratados internacionales que traerían graves consecuencias para sus ciudadanos en el extranjero.Las consecuencias de incumplir tratados internacionales que Estados Unidos ha firmado y ratificado pueden ser muy graves, ya que la Convención de Viena protege también a los estadounidenses en el exterior", dijo a Efe la abogada de Medellín, Sandra Babcock.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó este miércoles a EEUU que "tome todas las medidas necesarias" para suspender de forma provisional la ejecución de cinco mexicanos condenados a muerte en el estado de Texas, entre ellos Medellín.

La suspensión debe permitir que la CIJ tramite la petición de México de interpretar la llamada "sentencia Avena", de 2004, en la que la corte dictaminó que EEUU violó la Convención de Viena de 1963 al no ofrecer asistencia consular a 51 mexicanos condenados a la pena capital y ordenó a las autoridades estadounidenses que revisasen sus sentencias.

Babcock, quien representó al gobierno mexicano en 2004 en el "caso Avena" añadió que las obligaciones establecidas en estos tratados son recíprocas, y que si EEUU no cumple, los demás países podrán suspender también el cumplimiento de sus obligaciones hacia los ciudadanos estadounidenses.

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Según la abogada, la CIJ pide en su fallo que estos mexicanos sean presentados en una tribunal para determinar si el no haber sido informados de su derecho consular fue determinante para su condena de muerte.

"Es una petición muy modesta que Texas puede cumplir", sostuvo Babcock.

Sin embargo, este mismo miércoles el gobernador de Texas, Rick Perry, ratificó su postura y adelantó que el estado ejecutará a cinco mexicanos -Roberto Moreno Ramos, César Roberto Fierro, Rubén Ramírez y Alberto Real García, además de Medellín- que están en el corredor de la muerte, pese al mandato de la CIJ.

"Nada va a cambiar por lo que diga un tribunal extranjero", afirmó Robert Black, representante de prensa del gobernador, quien explicó que el estado de Texas no está obligado a cumplir el dictamen de la CIJ.

El 25 de marzo pasado, la Corte Suprema de EEUU rechazó la solicitud de revisión de la condena de Medellín -condenado por violar y estrangular a dos jóvenes en 1993- al constatar que el estado de Texas no estaba obligado a cumplir las sentencias de la CIJ porque no existe una legislación nacional que así lo estipule.

El máximo tribunal añadió que se debe instrumentar una ley que permita a las cortes estatales o federales revisar las condenas de los 51 mexicanos en base a la "sentencia Avena".

"Actualmente las cortes no tienen jurisdicción para hacerlo", expuso la abogada, quien agregó que su defendido pide tanto a la Junta de Perdones como a las cortes una suspensión temporal en su caso para que el Congreso analice una ley que permita que su sentencia y la de sus compatriotas sean revisadas en un tribunal.

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Y esto, según Donald Francis Donovan, otro abogado del mexicano, porque aun cuando la propuesta de ley ha sido introducida en la Cámara de Representantes, las gestiones podrían extenderse más allá de las dos semanas que faltan para la ejecución de Medellín.

El portavoz del gobernador Perry defendió la posibilidad de que la Junta de Perdones emita una recomendación para otorgar una suspensión de la ejecución por 30 días.

"Estamos viendo todas las posibilidades", dijo Babcock, quien indicó que actualmente las autoridades federales tratan de llegar a un acuerdo con las estatales para determinar una vía legal que permita la suspensión de la ejecución del mexicano.

"La propia secretaria de Estado, Condolezza Rice, ha pedido a través de una carta dirigida al gobernador el acatar la orden del tribunal internacional", sostuvo la abogada, quien recordó que el presidente George W.Bush ya había insistido en ello en 2005.

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