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La pena de muerte, afectada por la crisis económica en EU

La pena de muerte, afectada por la crisis económica en EU

Mantener en el corredor de la muerte a cada convicto cuesta al Estado $90 mil anuales más que un reo convencional.

Un proceso muy costoso

WASHINGTON, D.C. - La crisis financiera ha puesto en un brete al sistema judicial de Estados Unidos, que tiene problemas para seguir financiando las ejecuciones de convictos, lo que ha derivado, entre otros factores, en una reducción en estos castigos en 2008.

El año pasado, según informó este jueves el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM), se llevaron a cabo 37 ejecuciones (26 de ellas en Texas), cinco menos que en el año anterior y 51 menos que en 1999.

Aunque levemente, también se redujo el número de convictos que espera su ejecución en los corredores de la muerte del país que albergan ahora a 3,309 condenados, frente a 3,350 en 2007 y 3,549 en 1999.

Según explicó CIPM, los casos de pena de muerte exigen enormes gastos especialmente en los de condenados a muerte que muchas veces exigen repetir sus procesos judiciales.

Según la Comisión para la Administración de Justicia de California, ese estado donde 670 convictos esperan ejecución, gasta alrededor de $138 millones en la aplicación de la pena de muerte y necesita otros $95 millones para reparar un sistema "disfuncional" y "al borde del colapso", según sus miembros.

$90 mil extra al año por cada condenado

Para mantener en los corredores de la muerte a los convictos, el estado gasta alrededor de $90 mil anuales más por cada condenado a la máxima pena que si se tratara de un presidiario común.

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Y ese condenado a muerte tiene que esperar como media unos 4 años antes de presentar su primera apelación.

En todo el país la media de espera entre la condena y la ejecución es de 12.7 años, según CIPM.

Para Jeanne Woodward, ex directora del Departamento de Rehabilitación de California y ex alcalde de la prisión de San Quentin, la solución sería la derogación del castigo.

"Si condenamos a los peores criminales a un confinamiento permanente, los recursos que aplicamos en la pena de muerte podrían utilizarse para investigar homicidios, modernizar los laboratorios de investigación y aumentar los programas de prevención de la violencia", indicó.

Sin fondos no hay pena capital

La situación económica también es difícil en Nuevo México donde las autoridades judiciales de ese estado advirtieron de que tendrán que abandonarse los casos de pena de muerte si su Asamblea Legislativa no proporciona fondos para financiar la defensa de acusados indigentes.

Una situación similar ocurre en el estado de Utah, donde su Tribunal Supremo anunció que rechazaría todas las condenas a muerte si no se recibían recursos para financiar las apelaciones.

Por otra parte, aunque el apoyo a la pena capital sigue siendo mayoritario, ese respaldo registró una nueva disminución y ahora es de 64 por ciento, según reveló una encuesta en octubre pasado.

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Tras ser restablecida por el Tribunal Supremo en 1976, el apoyo a la pena de muerte era de más de 80 por ciento, pero ya en 1999 bajó a 71 por ciento y en 2007 a 69 por ciento, señaló CIPM.

Disparidad racial

A pesar de esas disminuciones en 2008, se mantuvo la disparidad racial en la aplicación del castigo, manifestó Scott Phillips, experto en asuntos judiciales de la Universidad de Denver.

Según Phillips, como ocurrió en otros años, la sentencia de muerte fue más probable cuando la o las víctimas eran blancas y no negras. Esa misma situación se planteó en detrimento de los acusados negros en favor de los blancos.

Además, la pena de muerte mantuvo su carácter regionalista en 2008 y el 95 por ciento de las ejecuciones se realizaron en estados del sur, indicó CIPM.

Más aplazamientos y exoneraciones

La aplicación del castigo quedó suspendida a mediados de este año cuando el Supremo decidió analizar recursos de dos convictos del estado de Kentucky que indicaron que el uso de la inyección era inconstitucional.

Finalmente, en septiembre, el Supremo rechazó ese cuestionamiento y determinó que la inyección era constitucional como método de castigo.

"Creíamos que después de esa decisión, las ejecuciones aumentarían, pero no ha ocurrido así y los aplazamientos y exoneraciones aumentaron", dijo Richard Dieter, presidente de CIPM, una organización que dice mantener una posición independiente frente al castigo.

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Según Dieter, esto se debió a que los tribunales afrontaron denuncias de que no se tomaron en cuenta la lucidez mental de los convictos, su posible inocencia y hasta una denunciada incompetencia de los abogados defensores.

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