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Fin a negocio de adopciones

Fin a negocio de adopciones

La Ley de Adopciones aprobada esta semana por el Congreso de Guatemala pone fin a un millonario negocio que beneficia a pocos.

En pro de la niñez

GUATEMALA - La Ley de Adopciones aprobada esta semana por el Congreso de Guatemala pone fin a un millonario negocio que beneficia a abogados, escribanos y a una red de mafiosos dedicados a buscar mujeres de escasos recursos para que den sus hijos en adopción.

La normativa, que viene a cumplir con requisitos del Convenio de La Haya en materia de protección de la niñez, cobra vigencia el próximo 31 de diciembre y deja al margen las denominadas adopciones "notariales" que realizaban los abogados y escribanos.

En declaraciones, dirigentes del Movimiento de Derechos Humanos de la Niñez calificaron de "positiva" la aprobación de la Ley, "porque los niños dejarán de ser un producto de exportación", que dejan al año unos 200 millones de dólares en ganancias a las mafias.

El mercado de adopciones en Guatemala tiene detrás una gran red que involucra a abogados, escribanos o notarios y "captadores", que convencen a jóvenes madres y mujeres de pocos ingresos a dar sus hijos en adopción.

Muchas de las madres, en su mayoría solteras, aceptan la propuesta a cambio de dinero o por asistencia sanitaria.

No al tráfico de órganos

Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Casa Alianza, el 97 por ciento de las adopciones son realizadas en Guatemala a través de escribanos que actúan sin ninguna supervisión.

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El procedimiento de adopción todavía vigente permite a cualquier abogado presentar la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), que evalúa los documentos de los involucrados.

Son los juzgados de menores los que autorizan la adopción, tras analizar la información provista, que incluye pruebas de ADN de los padres biológicos del menor y su consentimiento con el proceso.

Se incluyen datos de la familia que solicita la adopción, su situación económica y su "compromiso" de que el niño no será utilizado para el trasplante de órganos.

Por cada una de esas adopciones, los abogados cobran unos $25 mil dólares, "un gran negocio", según comentó Haroldo Oquendo, de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, que respalda la nueva Ley, que entrará en vigor el próximo enero.

"La Ley de Adopción viene a dignificar a la niñez", sostuvo un dirigente de Casa Alianza, organización regional privada de atención a los niños.

La pobreza no es razón suficiente

La nueva norma prohíbe lucrar durante los procesos de adopción, de forma directa o través de instituciones, y establece la figura del juez de la Niñez y Adolescencia que, a través de una declaración judicial, deberá determinar la adopción después de un proceso que examine los aspectos sociales, psicológicos y médicos de un niño y de verificar la imposibilidad de reunirlo con su familia.

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Además establece que la situación de pobreza o extrema pobreza de los padres no constituye motivo suficiente para dar en adopción a un niño y que el adoptado no perderá la nacionalidad guatemalteca.

La Procuraduría General de la Nación explicó que todos las solicitudes de adopción que se presenten antes de que cobre vigencia la nueva norma serán tramitados por la institución, pero los interesados tendrán que inscribir al menor ante el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), creado por esta Ley.

El CNA, que estará integrado por un miembro de la Corte Suprema, otro de la Cancillería y uno más de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, será, a partir de enero próximo, el responsable de la aprobación de los potenciales padres adoptivos.

La mayoría estadounidenses

Al respecto, Enrique Urízar, de la Asociación de Defensores de las Adopciones, que rechaza la Ley, sostiene que la legislación dejará a unos 1.500 niños "a la deriva", porque las instituciones estatales no tienen capacidad para atenderlos.

El Procurador General de la Nación, Mario Gordillo, señaló que la Ley establece más controles, que redundarán en la reducción de las solicitudes de adopciones, la mayoría de las cuales han sido para familias estadounidenses.

El Estado, según la normativa, tendrá la obligación de proteger y tutelar a los niños y adolescentes en proceso de adopción.

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Según datos de la PGN, en el 2006 unos 4.837 niños guatemaltecos fueron dados en adopción a familias extranjeras, un 10 por ciento más que en 2005, mientras que entre enero de este año y el pasado 3 de diciembre se autorizaron 5.110 adopciones, 5.000 de ellas a familias de Estados Unidos.

La Procuraduría General tiene que resolver al menos unos 1.900 expedientes de adopción que tiene en trámite antes de la entrada en vigor de la Ley, el próximo 31 de diciembre.

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